Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dejaron una complicada aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados. La victoria del Partido Popular, que obtuvo 137 escaños, fue insuficiente, al no sumar mayoría absoluta con los 33 representantes de Vox y el de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró configurar un Gobierno de coalición con Sumar sostenido por independentistas catalanes, vascos y gallegos, entre duras críticas de la oposición. Pero la situación en el Senado fue muy diferente.

Los populares lograron la mayoría absoluta en la Cámara Alta, obteniendo 120 de los 208 escaños en liza y, desde un inicio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se propuso convertir el Senado en un auténtico ariete contra el Gobierno de Sánchez, especialmente en lo que se refiere a medidas como la Ley de Amnistía para los independentistas catalanes encausados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. En esa situación, Castilla y León logró un inusitado protagonismo en la tarea encomendada por el dirigente gallego, ya que la abulense Alicia García fue nombrada portavoz del PP en el Senado y el leonés Antonio Silván portavoz adjunto.

Ambos dirigentes castellanos y leoneses han llevado la voz cantante de muchas de las más mediáticas iniciativas del PP en el Senado durante los últimos meses y han protagonizado sonoros rifirrafes con representantes socialistas, en un contexto de máxima tensión entre ambas formaciones a raíz del pacto de Sánchez con los independentistas y la Ley de Amnistía, que se ha acrecentado con el reciente anuncio de un concierto fiscal para Cataluña.

La lucha contra la Ley de Amnistía

García, que además de portavoz es vocal en las comisiones Constitucional, de Justicia, General de las Comunidades Autónomas y de Nombramientos, fue ponente en el trámite de la Ley de Amnistía en la Cámara Alta y ha defendido en incontables ocasiones que la medida de gracia es "inconstitucional", llegando a calificarla como una norma "obscena" y "la peor en 45 años de democracia". De hecho, uno de sus mayores empeños durante estos meses ha sido dilatar al máximo la aprobación de la polémica Ley, logrando posponer su tramitación hasta dos meses y emitiendo diversos informes sobre este asunto.

Un importante papel ha jugado también la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de la que Alicia García es vocal, el único foro de las Cortes en el que pueden reunirse los presidentes de los Gobiernos autonómicos, el Ejecutivo central y los parlamentarios. El PP convocó en el mes de octubre una reunión de esta Comisión para hablar sobre los pactos de Sánchez con los partidos independentistas, a la que acudieron los presidentes regionales del PP y el entonces jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès. El Gobierno y los presidentes socialistas no asistieron.

La Comisión se reunió de nuevo en el mes de abril para tratar sobre el contenido autonómico de la Ley de Amnistía y, en esta ocasión, no acudieron todos los presidentes autonómicos populares, aunque sí que asistió Aragonès, mientras que volvieron ausentarse el Gobierno de España y los presidentes autonómicos del PSOE. Finalmente, García jugó un papel de primer orden defendiendo el veto a la Ley de Amnistía en el Senado el pasado 14 de mayo calificando la norma como un "inmenso fraude democrático" y "un acto de profunda corrupción política jamás visto en democracia". Tras aquel veto, la Ley fue devuelta al Congreso de los Diputados y finalmente aprobada el 31 de mayo.

Venezuela, el concierto catalán y el "caos ferroviario"

Pero el papel de García no se ha visto limitado a la lucha contra la polémica medida de gracia. La abulense ha llevado también la voz cantante durante los últimos meses en otras ofensivas contra el Ejecutivo en materias como el concierto fiscal para Cataluña anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. García pidió el pasado 22 de agosto la comparecencia de la ministra para explicar "el nuevo atentado de Sánchez contra la igualdad de todos los españoles".

Además, anunció el registro de una batería de preguntas y aseguró que el Senado sería "el freno al modelo de financiación a la carta para el independentismo catalán, que no es más que un nuevo pago de Sánchez al separatismo, en su cruzada para promover un Estado confederal, basado en la asimetría y la ruptura". 

También ha tenido protagonismo en sus críticas a la postura del Gobierno en relación a Venezuela, tras los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en el país caribeño. La portavoz del PP en el Senado instó al Gobierno a reconocer la "rotunda victoria" del opositor Edmundo González y a abandonar su "silencio cómplice". Además, le exigió condenar "la represión que está sufriendo Venezuela" y se preguntó "dónde está el observador internacional Rodríguez Zapatero", "referente moral" del PSOE y al que su partido saca "de mitin en mitin" en campaña electoral, y que "desde hace años está apoyando y siendo cómplice de Maduro".

Por otro lado, García ha sido muy combativa también con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, por el "caos ferroviario" que se ha producido en España a juicio de los populares. La portavoz popular solicitó la habilitación del mes de agosto para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Transportes y la comparecencia de Puente asegurando que "el ministro del insulto y las descalificaciones tiene que explicar a qué se dedica mientras los españoles sufren en sus carnes el caos ferroviario y su Ministerio está señalado como epicentro de la corrupción".

"El ministro Óscar Puente es un pésimo ministro del Gobierno de España que no gestiona, ni ocupa un minuto para buscar soluciones a los problemas creados por su misma incompetencia", afirmó con rotundidad la dirigente popular. García, además, ha llevado la voz cantante en el impulso de la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado y, más recientemente, ha exigido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante su "inacción" por el incremento de casos de viruela del mono en España.

Silván, contra la amnistía y azote de Puente

El leonés Antonio Silván es, además de portavoz adjunto del PP en el Senado, presidente de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y Sus Sociedades, portavoz de la Comisión Conjunta Constitucional y de Justicia y de la General de las Comunidades Autónomas y vocal en las comisiones Constitucional, de Justicia, de Vivienda y Agenda Urbana y de Investigación sobre la Gestión del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su papel, pues, ha sido también determinante en la estrategia del PP de usar el Senado para luchar contra las políticas del Gobierno de España.

Silván fue el portavoz de los populares en la tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado y exigió al Gobierno de España que respetase a los letrados de las Cortes después de que el socialista José María Olega pidiese "tirar a la basura el informe de los letrados del Senado". "Esta comisión no debería haberse constituido porque es evidente que esta ley no debería haber llegado al Senado, ya que se trata de una reforma constitucional encubierta", afirmó Silván.

Además, el exalcalde de León se ha convertido en un auténtico azote del ministro Puente y hace tan solo una semana aseguraba que "el caos ferroviario sanchista es algo evidente, diario y, después de siete años de Sánchez en el Gobierno" se ha hecho "permanente". "Puente ha puesto la guinda negra a la situación del ferrocarril en España", apuntaba, señalando al ministro de Transportes como "único responsable de este caos". 

A juicio de Silván, las "no inversiones de los gobiernos sanchistas en infraestructuras y en el mantenimiento retrasan el ferrocarril a los años 70 y 80". "Dan como resultado los fallos continuos, una deficiente política de personal, la escasez de trabajadores y los problemas en la atención al público, que afectan de forma general a todos los territorios de España", señalaba, recordando que "no es Chamartín, no es Atocha, no es Talgo… es todo". "Cada rincón de España vive estas situaciones a diario", aseguraba, recordando que “hablamos de trabajadores o estudiantes que no llegan puntuales, de familias con niños y de personas mayores que sufren a diario esta situación".

En esa misma línea de ataque frontal a la gestión del ministro de Transportes le decía que "no se puede camuflar todo echando la culpa a las obras en Chamartín" e incidía en que "cualquier persona con un mínimo de responsabilidad se obligaría a tomar medidas inmediatas". "Su prioridad no tendría que ser el insulto y sí solucionar el caos ferroviario sanchista", afirmaba.

Polémica por su apoyo a la identificación digital

Silván, además, ha protagonizado una importante polémica en las últimas semanas por su apoyo a la identificación digital para luchar contra el odio en las redes promovida por el fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar. El portavoz adjunto de los populares, en una atención a los medios de comunicación en la Cámara Alta, se mostró partidario de poner fin al anonimato de los usuarios en las redes sociales para así poner coto a las campañas de odio en internet.

"Cualquier medida que trate de atajar, atenuar y suprimir esos comportamientos a través de esos medios, será apoyada y bien recibida por el PP", sostuvo, asegurando que "no nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos". "No puede servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos", insistía. Una postura que no es unánime en el PP ya que el número dos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, se mostró contrario a obligar a los usuarios a desvelar su identidad.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Serrano criticó la propuesta del Ministerio Público. "Nos horroriza que Maduro censure WhatsApp o X. Pero oye aquí somos más demócratas. Aquí prohibimos usar redes a quienes opinen como no nos guste", escribía. Con todo, la dirección nacional del PP se mostró más próxima a la postura de Antonio Silván que, junto con su compañera Alicia García, ha llevado la batuta de la ofensiva popular de los populares en el Senado. Una batalla política protagonizada desde la Cámara Alta más que nunca por Castilla y León.