Primera ofensiva de Vox contra su anterior socio de Gobierno. Y lo hace con el tema que provocó la ruptura de las coaliciones en los gobiernos autonómicos: la inmigración. Así, el grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley en materia de inmigración para su debate en Pleno. La formación de Juan García-Gallardo ya avisa de que “se trata de la primera de las iniciativas en esta materia” que el Grupo Parlamentario VOX presentará a lo largo de este periodo de sesiones, tal y como ya adelantó el portavoz parlamentario en rueda de prensa la semana pasada, donde ya anunció una batería de medidas para promover una inmigración “legal, ordenada e integrada”.

La idea es acabar con “las mafias del tráfico ilegal de personas y acabar con el pernicioso efecto llamada”. Está claro que la formación verde hará durante este fin de legislatura, ya fuera del gobierno autonómico, de la lucha contra la inmigración ilegal su bandera.

Y lo hace con una medida cuando menos curiosa. Pagar a los servicios sociales de Marruecos y Argelia para devolver a estos menores que se encuentran en España. Así, la iniciativa parlamentaria registrada, propone, dentro del Plan director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, establecer una partida destinada “a modernizar los servicios de asistencia a menores de Marruecos y Argelia, con el objetivo de facilitar el retorno con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad de Castilla y León, o en todo caso, la asunción de su tutela por parte de los Servicios Sociales de su país de origen o residencia”. Para justificarlo se apoyan en el principio de interés superior del menor, plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para la formación verde, esta medida se toma para “satisfacer ese interés superior del menor, que se basa en primer lugar por su retorno junto a su familia, bien a su país de origen o aquel donde se encuentren sus familiares, o, si no se pudiera dar el caso, evitar una situación de desamparo y desarraigo, que vendría a ser paliada por la tutela de los servicios de protección de menores de su país de origen, donde estos menores sí mantienen unos vínculos culturales, idiomáticos y sociales”.

Para el Grupo Parlamentario VOX es “prioritario implementar” dentro de los objetivos previstos en la cooperación al desarrollo de la Junta de Castilla y León un programa específico que promueva la firma de acuerdos y convenios dirigidos a establecer una adecuada colaboración con los correspondientes organismos del sistema público de protección de la infancia de sus países de origen, con el objetivo de llevar a cabo en materia de inmigración una política que priorice el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familiares o en su caso transfiera su tutela a los Servicios Sociales de su país de origen, prestando a estos centros la asistencia técnica y financiera necesaria para garantizar los derechos del menor repatriado.

En su opinión, “la aprobación de esta iniciativa parlamentaria en materia de inmigración supondría un primer paso para combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas y acabar con el pernicioso “efecto llamada”, que tan irresponsablemente se está alimentando desde el gobierno socialista y el PP de Feijóo. Estas mafias extranjeras utilizan sin ningún escrúpulo a los menores, provocando su desarraigo, precisamente uno de los factores que elevan el índice de criminalidad entre este colectivo, poniendo en peligro así, no solo el bienestar del menor, sino la seguridad de la sociedad de acogida”.

Por todo ello, en la Proposición No de Ley registrada se formula la propuesta de resolución siguiente:

 “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a establecer en el marco del Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León una partida destinada a la formación y cooperación técnica con los servicios de protección del menor de Marruecos y Argelia al objeto de facilitar la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad de Castilla y León y en su defecto a la asunción de la tutela de los mismos por los correspondientes servicios de protección al menor de su país de origen o residencia habitual”.