La aplicación de la nueva Ley de Violencia de Género de Castilla y León supondrá un coste de 14,2 millones

La aplicación de la nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, en tramitación en las Cortes, supondrá un coste total de 14.261.686 euros al año, de ellos 13.112.678 euros corresponden a la Gerencia de Servicios Sociales y el resto a las aportaciones de las consejerías de Educación y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En este montante, se incluyen la partida actual de las actuaciones en marcha y las cantidades adicionales derivadas de las novedades que introduce la normativa remitida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Así se recoge en el segundo informe previo emitido por la Dirección General de Presupuestos, que acompaña a la memoria estimada por la Gerencia de Servicios Sociales, consultado por Ical, en el que se desglosa el coste actual de las acciones con cargo a la ley en vigor desde 2010, que asciende a 12.850.000 euros, más el gasto adicional de las nuevas medidas, estimado en 262.678 euros al año, hasta los 13,1 millones.

Miriam Chacón Ical

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No obstante, la memoria económica contempla el impacto presupuestario de la entrada en vigor de la nueva ley en otras consejerías, como la de Educación, con un coste total anual de 844.100 euros, la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con otros 304.500 euros, o la batería de quince medidas de Sanidad, si bien en este caso no se cuantifican al estar en su cartera de servicios.

El anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, aprobado el pasado 9 de enero por el Consejo de Gobierno, tipifica nuevas formas de agresión como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden, y completa la red de atención y protección con los centros de crisis 'Atiendo'.

Como novedades de la norma, se cuantifican la evaluación de las actuaciones desarrolladas y la investigación, el incremento de acciones en materia de sensibilización y prevención, el mayor acceso a los recursos de atención integral de las víctimas en entornos rurales y el nuevo servicio de atención en los centros, si bien están en funcionamiento y la Gerencia ha asumido su coste.

La memoria indica que se requerirá de nuevo personal para preparar las licitaciones y contratar los servicios para la realización de las evaluaciones externas y los estudios especializados y de seguimiento de su aplicación.

En concreto, se prevé la creación de un puesto de trabajo con categoría de técnico superior, para lo que se recoge la partida de 48.085,41 euros.

Las novedades de la nueva ley previstas por las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Educación y de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio suman un crédito de 1.521.852 euros, según la memoria económica, de los cuales 1.520.396 euros son ayudas al cien por cien en el marco de la transferencia finalista del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

De esta manera, precisa que será la Gerencia de Servicios Sociales quien lo consigne en los futuros presupuestos, una vez que entre en vigor la nueva ley, tanto la financiación finalista como la autónoma para ejercer sus competencias en materia de lucha contra la violencia de género y atención a las víctimas.

Su aplicación tiene efectos en los ingresos de los Presupuestos de la Comunidad por la exención en el pago de la tarifa económica de los programas Madrugadores y Tardes en el cole a hijos de víctimas de violencia de género, que se cuantifican en 560.000 y 250.000 euros anuales, respectivamente, si bien ya contempladas en la ley en vigor.

Primer informe

En junio de 2022 la Consejería ya solicitó el informe de impacto económico, pero se retrasó la tramitación del anteproyecto un año y medio, por lo que se pidió un segundo.

En ese primero, se estimó el coste adicional de aplicación de la nueva ley en 245.000 euros, hasta un total de 11,03 millones, derivado de los estudios de evaluación de servicios y prestaciones, de investigación y mejoras en el sistema de atención integral a las víctimas, y formación y campañas de sensibilización.

Al respecto, la Consejería precisó que las transferencias finalistas procedentes del Pacto de Estado contra la violencia de género ascendieron a 8,4 millones en 2022, lo que supone como media cerca del 80 por ciento del gasto destinado por la Comunidad a las medidas y actuaciones en esta materia.

Novedades de la nueva ley

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, han pedido en sus intervenciones el máximo consenso de los grupos en las Cortes para la aprobación de esta ley, que amplía los contenidos de la actual y que califican de más avanzada que la estatal.

El nuevo texto en tramitación acota el ámbito de aplicación a la mujer víctima de violencia de género, incluidas niñas y adolescentes, que residan o trabajen en la Comunidad; a los menores bajo su patria potestad o guarda y custodia; y a los familiares de la misma, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y que convivan con ella.

Amplía la tipología de formas de violencia de género a la violencia obstétrica y contra la salud sexual y reproductiva, digital, vicaria, de segundo orden, simbólica, transeúnte en situación de urgencia y emergencia, y la que puedan sufrir en su país las castellanas y leonesas con sus personas dependientes que retornen a la Comunidad.

También, incluye la evaluación y la realización de estudios y trabajos de investigación que permitan conocer causas y consecuencias de esta violencia, actuaciones de innovación para sensibilización, prevención, detección precoz y para lograr la atención integral de las víctimas; y la aprobación, cada cuatro años, de un Plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género en la Comunidad.

Igualmente, se extienden las campañas previstas de sensibilización y formación a profesionales, especialmente en el ámbito de la salud, laboral, servicios sociales y educación, con protocolos específicos de intervención en caso de situación de riesgo o de evidencia de violencia machista; y se contempla la supervisión del contenido de estas campañas, en la publicidad y los medios de comunicación.

Por otro lado, la violencia de género en el medio rural figura en la norma como una concreción del principio de equidad territorial, en colaboración con las entidades locales de provincias y municipios de más de 20.000 habitantes, que se considerarán en la planificación y la gestión coordinada de las redes de atención integral a las víctimas.

Finalmente, se regulan los recursos existentes de la Red de Atención a las Víctimas de violencia de género, como los centros específicos,- casas de acogida, pisos tutelados y centros de emergencia-; los servicios jurídicos, de integración laboral, puntos de encuentro, y atención psicológica a hombres que ejerzan violencia, entre otros; y las ayudas económicas tanto a la víctima como a las personas huérfanas que además disponen de derecho de preferencia de acceso a la vivienda y gratuidad en las enseñanzas universitarias.