Cáritas Diocesana de Burgos ha rechazado este sábado el intento de Vox de perseguir los "empadronamientos ilegales de inmigrantes" a través de la Policía Local en la capital burgalesa y ha advertido de que podría "sembrar miedo" hacia ese colectivo. En una carta firmada con otras organizaciones cristianas como Pastoral para las Migraciones, Atalaya Intercultural, Casa de Acogida San Vicente de Paúl, Comunidad de Vida Cristiana en Burgos y la Hermandad Obrera de Acción Católica, han rechazado el término "ilegal" para los inmigrantes irregulares y han recordado que el empadronamiento "es un derecho y deber de toda persona".

Las organizaciones firmantes han recordado que residir de forma irregular en un país "no es un delito" sino "una infracción administrativa" y que "si hay entradas irregulares es porque es muy difícil entrar de forma regular". "Apenas hay cauces", han denunciado. Además, han hecho hincapié en que el empadronamiento es "un derecho y un deber de toda persona" independientemente de "su situación administrativa regular o irregular".

Han denunciado también que proponer que la Policía Local vaya a "inspeccionar los domicilios o sugerir un canal de denuncias anónimas" podría suponer "sembrar miedo, confusión y sospecha hacia todo un colectivo" y contribuiría a "asociar inseguridad ciudadana con inmigración irregular". "La historia nos demuestra lo peligrosas que son estas prácticas y las consecuencias nefastas que pueden tener para la convivencia ciudadana y para la seguridad e integridad de las personas", han señalado.

Estas organizaciones cristianas han recordado que las leyes "están al servicio de las personas y de la sana convivencia" y que la presencia de personas llegadas de diferentes lugares a Burgos supone "una diversidad y una riqueza" que debe ser incorporada "en positivo, sin miedos ni prevenciones". Además, han hecho hincapié en que los políticos y los gobernantes deben "fomentar esta convivencia con sus acciones y también con sus declaraciones" y han agradecido el "esfuerzo" del Ayuntamiento de Burgos para la "integración y la buena convivencia" de las personas que viven en Burgos.

El intento de Vox de perseguir los "empadronamientos ilegales" de inmigrantes

Se trata de una reacción de Cáritas y otras organizaciones cristianas que llega solo dos semanas después de que, el pasado 5 de junio, Vox, que controla el área de Seguridad en el Ayuntamiento de Burgos, anunciase su intención de ordenar a la Policía Local perseguir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en la ciudad. Una iniciativa de la que se desmarcó de forma clara desde un inicio la alcaldesa de la capital burgalesa, la popular Cristina Ayala, que recordó que ella es la única "autoridad" sobre los agentes y aseguró que los populares no compartían la mayor parte de los puntos de la iniciativa.

Todo comenzó cuando el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Consistorio burgalés, Ignacio Peña, ambos de Vox, anunciaron la puesta en marcha de ocho medidas para combatir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en viviendas de la capital burgalesa.

Según afirmó el vicealcalde, el objetivo era ordenar a la Policía Local que persiga el empadronamiento ilegal a través de inspecciones periódicas por parte de los agentes, en colaboración con las autoridades municipales, para verificar la veracidad de la información que se haya proporcionado en los registros de empadronamiento y que la persona realmente reside en ese domicilio.

Además, anunció que los agentes de la Policía Local de Burgos colaborarían con los Servicios Sociales, además de con otros organismos competentes en materia de inmigración, para "compartir información relevante" y "coordinar los esfuerzos en la detección y prevención" de estas situaciones. También anunciaron que se impulsarán canales de "denuncia anónima" en los que los ciudadanos podrán informar sobre casos de empadronamiento ilegal que conozcan.

Martínez-Acitores aseguró que la iniciativa contaba con el visto bueno de la parte del PP del Gobierno municipal, dirigida por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y señaló que el problema de los empadronamientos ilegales de inmigrantes es un problema que se está produciendo "en toda España" y que les han llegado "quejas" en la ciudad. Pero los populares se desmarcaron de la misma.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recordó que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local "es el alcalde la autoridad máxima que dirige y da las instrucciones a la Policía Local". Ayala aseguró que la iniciativa de Vox viene de una proposición que, en un momento determinado, en el mes de mayo, la formación intentó llevar pleno y que no acabó entrando porque no dio tiempo a que entrase en el pleno ordinario. "En ese momento se quiere llevar por urgencia, no se considera un tema urgente y por tanto no se lleva el tema", afirmó.

La alcaldesa recordó, además, que los policías locales "ya hacen parte de esa actividad", las que les corresponden "con sus competencias", porque estas competencias "no le corresponden a la Policía Local si no a la Policía Nacional". Además, Ayala aseguró que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos y la alcaldesa no estaban "de acuerdo con varias de esas acciones" propuestas por Vox.

Unas aseveraciones que hicieron reaccionar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que recordó a Ayala, en una publicación en la red social X, su dependencia de Vox para mantener el bastón de mando de la ciudad. "No olvides que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal", afirmó. Una medida que generó una gran tensión en uno de los ayuntamientos más importantes gobernados por PP y Vox en la Comunidad y que los de García-Gallardo tratarán de llevar al próximo pleno del Consistorio, y que, finalmente, ha generado la reacción contraria de varias organizaciones cristianas de la capital burgalesa.