La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de cárcel al jubilado burgalés, Pompeyo González, que en el año 2022 era detenido y procesado como autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas, al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa y a la Embajada de Estados Unidos y a la de Ucrania.

Los magistrados han condenado al jubilado a 10 años de prisión por el delito de terrorismo y a 8 por el de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos inflamables o incendiarios con una finalidad terrorista.

Cabe destacar que la Fiscalía pedía para él la pena de 22 años de prisión por un delito de terrorismo con resultado de lesiones y uno de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), por su parte, solicitaba 24 años de prisión.

Las cartas fueron enviadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a los directores del Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y de la empresa de armamento Instalada en Zaragoza, así como a los embajadores de Estados Unidos y Ucrania en España. Los artefactos que fueron desactivados, salvo este último, que hirió a un empleado de seguridad.

Los jueces han considerado que el acusado actuó con “el propósito de causar una gran conmoción” en la sociedad española que “ejerciese presión para que los gobiernos de España y de Estados Unidos y otras entidades radicales en territorio español dejasen de prestar apoyo a Ucrania en la guerra sostenida por este Estado contra Rusia”.

En lo que respecta a los hechos probados, la resolución relata que el acusado, de 76 años, en su domicilio de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, en fechas no determinadas del 2022, en la segunda mitad, confeccionó los seis artefactos explosivos introduciéndolos en cajas de madera cuya apertura provocaba la detonación. Una vez montados los remitió por correo.