El recién creado grupo de reflexión y debate Unidad Leonesa se presentó para “impulsar la autonomía de León” a través de “la vía del artículo 144 de la Constitución española”, al considerarlo “la ruta idónea”, aunque no pretenden “entrar en contradicción con quienes opten por impulsar otros mecanismos hacia el autogobierno leonés”.

Convencidos de que “la voluntad mayoritaria de los leoneses, expresada a través de mociones y encuestas ponen de manifiesto la necesidad de dar pasos decididos hacia la autonomía leonesa sin demora”, recordaron que el artículo 144 de la Constitución, dice que “las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 y sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143”.

A su vez, señalaron que el artículo 143, al que se refiere el primer apartado del 144, dice: que “en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo dos de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos”.

“Dado que la provincia de León no supera el ámbito uniprovincial y supera cualquiera de los requisitos mínimos expresados para ese caso, cabe en este artículo”, señalaron, así como que se han expresado al respecto 67 ayuntamientos, de los que 60 se han adherido al deseo de autonomía leonesa, “a pesar de las presiones de los partidos nacionales sobre los concejales en sentido contrario”, lo que supone “una mayoría aplastante a favor de una autonomía leonesa propia”.

Además de poner de relieve que “la provincia leonesa ha intentado desligarse de la autonomía de Castilla y León en varias ocasiones”, Unidad Leonesa destacó que “todos los actores políticos que empujaron a la inclusión de León a la autonomía con Castilla reconocieron factores ajenos a la voluntad popular para forzar esta integración contra el deseo mayoritario de los leoneses”. “En consecuencia, la creación de la Autonomía Leonesa es una cuestión de justicia política y de memoria histórica”, afirmaron.

Desde el grupo de reflexión y debate también aludieron a la evolución económica de la provincia de León en la etapa autonómica, de la que señalaron que “es de las peores del país” con “la peor evolución demográfica de Europa desde 1983, la trayectoria del empleo provincial entre las peores del país con un estancamiento y una renta que difiere 20 puntos con la castellana respecto al nivel medio nacional”.

Ante estos datos, consideraron que “Castilla y León conforman actualmente una autonomía fallida y una institución que incumple el precepto constitucional de equilibrio” con “una extrema desigualdad que sufre la provincia leonesa”, a lo que “se suma el impacto sobre el noroeste español”, ya que “la extrema decadencia de León impide el desarrollo de los corredores industriales que sí se han desplegado en el resto de España”.

Por ello, defendieron que “la degradación de la provincia leonesa produce externalidades negativas que irradian a todo el cuadrante ibérico y profundizan los desequilibrios económicos en España”, de forma que “la actual configuración autonómica lesiona los intereses generales de España”.

Nueva autonomía

El grupo Unidad Leonesa propuso la creación de una nueva autonomía leonesa que “nacería abierta a la incorporación de las otras provincias de la región histórica”, como Zamora y Salamanca, “si sus respectivos ciudadanos así lo deciden a través de los mecanismos constitucionales”.

El grupo, que quiso dejar claro que “carece de posición ideológica, es transversal y nace exclusivamente para alcanzar el objetivo de la autonomía leonesa uniprovincial por el mecanismo constitucional del artículo 144”, puntualizó que “las ambiciones leonesas de autogobierno no son comparables actualmente a las que pudiera existir en otras partes de España”.

Para ello, detallaron que “tiene una mayoría social a favor, es viable dentro de la Constitución, tiene un precedente antidemocrático en la incorporación de León en contra de sus instituciones provinciales y sus ciudadanos, la Junta de Castilla y León produce graves daños sociales y económicos en la provincia de León que no pueden continuar admitiéndose y la configuración autonómica actual de Castilla y León produce graves lesiones al desarrollo y el tejido social de todo el noroeste español e ibérico”.