Del Olmo sobre Vestas: "Europa se debe proteger de malas prácticas"

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, considera que es necesario que la Unión Europea (UE) se proteja "de la mala praxis" de algunas empresas con un cambio de normativa que evite situaciones como la generada por Vestas en Villadango del Páramo, tras presentar un ERE para la totalidad de la plantilla poco tiempo después de expirar el plazo dado para poder reclamara las ayudas recibidas y que ascienden a 12,5 millones de euros.

Por ello, una delegación castellanoleonesa se reunirá durante hoy y mañana con la Confederación Europea de Sindicatos y con europarlamentarios con el "objetivo claro" de que Europa conozca "la decisión de una empresa, Vestas, que no es de fiar" y que ha generado un conflicto que "deja en la calle a más de 500 empleos directos y otros 1.500 indirectos".

Son empresas, según Del Olmo "que alardean de energías verdes y de ser socialmente responsables" cuando, según la consejera "la realidad es distinta" porque Vestas "no ha sido responsable social con Castilla y León" ya que ha disfrutado de una serie de ayudas europeas cofinanciadas y ahora deslocaliza su producción a un país de fuera de la Unión Europea "para después volver a traer esos productos a Europa".

"Europa no se está protegiendo de las malas prácticas de estas empresas" ha aseverado Pilar del Olmo, quien ha explicado que son empresas que se deslicalizan a países "con unos costes más baratos y que no tienen normativa medioambiental ni de protección de sus trabajadores" para luego volver a vender su productos en Europa "y hacerlo con un coste más barato".

Por ello, Pilar del Olmo cree que Europa se tiene que proteger de esas prácticas, como así lo han trasladado a la Conferencia Europea de Sindicatos y del CES, quienes se han comprometido a hacer llegar a las instituiones europeas la necesidad de un cambio de normativa "que deje fuera este tipo de malas prácticas que llevan a cabo determinadas empresas, no todas" ha precisado.

Asimismo, ha subrayado que la Junta lo que pretende es que Vestas revierta la situación "porque no puede dejar en la calle a tantas familias y desindustrializar una zona como León que ya tiene problemas por el tema de la minería y las térmicas", además de que ha recordado que esta multinacional recibió una intensidad de ayudas importantes por asentarse "en una zona con problemas" y ahora cuando León no le interesa "no por motivos económicos, sino por motivos espurios que no han contado deciden irse".

Por ello, Del Olmo pide que Vestas deje las instalaciones de Villdango, financiadas con dinero procedente de Europa, para que haya una alternativa industrial que se quiera instalar en León y aprovechar dichas instalaciones.

Si la Unión Europea, que es la que legisla, "no ayuda a que se produzca esa alternativa y Vestas sea consciente de que esto no le puede salir gratis" el Gobierno regional "poco puede hacer".

La delegación castellanoleonesa, formada además por la delegada del Gobierno, Virginia Barcos, y el Comité de Empresa de Vestas así como otros responsables políticos, se reunirá este miércoles con eurodiputados a quienes trasladarán este mismo mensaje.

Barcones ha defendido la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de dotar a los gobiernos regionales y nacionales de mecanismos y herramientas "de defensa" que les permitan hacer frente "con carácter normativo" a situaciones como la creada por Vestas en su planta de Villadangos del Páramo.

Vestas presentó un ERE para la totalidad de la plantilla de su planta de Villadangos del Páramo (León)-364 trabajadores- pero lo hizo poco después de que se agotase el plazo dado por las instituciones, y que fija Europa, para reclamar las ayudas recibidas y que en el caso de la multinacional danesa ascienden a 12,5 millones de euros.

Ante esta situación, Virginia Barcones, que forma parte de la delegación castellanoleonesa que durante dos días se encuentra en Bruselas para buscar una solución a esta situación, cree que hay que sacar "conclusiones generales" y reflexionar sobre la "necesidad de buscar mecanismos", porque ni los gobiernos regionales ni los nacionales "tienen herramientas para con carácter normativo poder entablar esos procesos antes las empresas".