La Universidad de León ha denunciado en el juzgado al exdirector de la Escuela de Minas J.B.P. y a otros tres profesores de la ULE por la presunta malversación de 4.427.856 euros haciendo uso de los convenios de los Cursos de Adaptación a Grado (CAG) para ingenieros técnicos. La denuncia va, además de contra el exdirector, también contra el exsecretario de la Escuela A.G.M., la excoordinadora de Calidad de la Escuela A.M.D. y el profesor asociado de la ULE N.A.G.

La denuncia fue presentada por la ULE a mediados del mes de mayo a la Fiscalía, en el mes de junio la Fiscalía citó al perito autor de la auditoría y, después de declarar, a principios de julio la Fiscalía lo denunció en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital leonesa. Por este motivo, los denunciantes son dos: la propia Universidad y la Fiscalía.

Según los denunciantes, estos cuatro profesores, de forma "aparentemente intencionada", eligieron un instrumento jurídico, el citado convenio, del año 2012, que les permitió el uso "sin control de fondos públicos" en los Cursos de Adaptación a Grado ofrecido a los ingenieros técnicos para obtener ese título. Los denunciados habrían llevado a cabo "decisiones arbitrarias" con el fin de favorecer la captación de alumnos y, por tanto, de fondos públicos con los que "se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas". En total, se trató de 1.057 estudiantes de Minas y Energía y de 689 de Topografía.

En concreto, la denuncia se basa en los resultados de una auditoría que ha considerado probado que los denunciados llevaron a cabo una actuación "planificada y organizada" con el objetivo de "facilitar la apropiación de fondos públicos". Se considera que se utilizó un Convenio "netamente irregular" que permitió sortear el control de gran parte del dinero pagado por alumnos de los Cursos de Adaptación a Grado por los conceptos de reconocimiento de créditos en la titulación de origen y de matrícula en los cursos de adaptación. 

La auditoría fue encargada por la propia Escuela de Minas, según se afirma en la misma. Este medio se ha puesto en contacto con el director que la encargó, que ha dejado el cargo este mismo año, que ha rehusado hacer declaraciones al respecto. Solo ha aclarado que al llegar a la dirección se encontró con una cuenta "sin aparente soporte legal", y que estaba a nombre del Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energía, pero cuyo gasto autorizaba el director de la Escuela.

Ante las dudas por la legalidad de esa cuenta, "se buscaron soluciones para poder cerrarla manteniendo reuniones con el rector, la vicerrectora de actividad académica y los responsables de dicho Colegio". Al analizar más profundamente la misma y ante los indicios de ilegalidad que se detectaban, se encargó, con autorización del rector, la auditoría que concluye "con la posible comisión de esos delitos". Al recibir la auditoría, el director que la encargó la entregó al rector que procedió a hacer la denuncia.

En la auditoría se afirma que ese instrumento habilitó la "recaudación de precios públicos sin ningún tipo de control" y que una parte de esos recursos se destinó a la captación de alumnos en todo el territorio con el "gancho" de reconocer de forma "general e indiscriminada" todos los créditos de las asignaturas CAG a la mayoría de estudiantes, arrogándose "competencias administrativas que nos les correspondían". 

Este hecho, según se detalla en la auditoría que precedió a la denuncia, propició "la multiplicación del número alumnos" lo que conllevo "mayores ingresos de derecho público recaudados sin estar sujetos a la preceptiva fiscalización". Además, se asegura que los cuatro profesores denunciados llegaron a dirigir "el 34,26% de todos los Trabajo de Fin de Grado (TFG) en ambos CAG y a participar en el 32,4% de los tribunales", lo que condujo a que los ingresos "se centralizasen de forma muy significativa" en estos cuatro profesores.

Además, se asegura que tres de los cuatro profesores, con la excepción de N.A.G., "facturaron recurrentemente a ambos Colegios Profesionales por idénticos y genéricos conceptos con los que aparentemente trataban de enmascarar retribuciones carentes de justificación". En concreto, esto se realizaba multiplicando "la diferencia o asimetría entre los ingresos obtenidos por esos tres profesores y el resto".

Por otro lado, según se desprende de la auditoría en la que se basa la denuncia, retribuían por tareas de gestión administrativa y otros conceptos análogos "a un nutrido grupo de empleados de los Colegios profesionales y de la Universidad". En total se afirma que se pagó una cantidad de 344.393 euros durante el desarrollo de todas las ediciones de los CAG, de los que J.B.P, A.G.M y A.D.S. se repartieron solo ellos la cantidad de 160.567€, solo por “gestión”.

Según se desprende de la auditoría, dichos bienes y servicios "eran contratados libremente por los responsables de la Escuela y pagados por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas contra la emisión de la factura correspondiente, todo ello por un montante de 223.427,73 euros". Además, se aprecia que el 72,74% de las compras favoreció al Departamento de Ingenería Eléctrica/Grupo de investigación ERESMA, del que forman parte los tres profesores.

En la auditoría se concluye que los hechos podrían ser constitutivos de los siguientes delitos: malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, apropiación indebida y organización o grupo criminal.