Garcibuey lleva más de un año sin celebrar un Pleno
Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Salamanca, ha tenido ocasión de reunirse con Desiderio Fonseca, concejal en el Ayuntamiento de Garcibuey quien la ha trasladado su preocupación y malestar por el funcionamiento de la actual corporación local, formada mayoritariamente por concejales del Partido Popular -el alcalde y dos concejales- y dos concejales de la agrupación ciudadana “Grupo Independiente de Garcibuey”.
El último Pleno Municipal se celebró el 30 de mayo de 2016, cuando la Ley de Régimen Local, en el punto 2 del artículo 46, recoge que en las localidades con menos de 5.000 habitantes, como es el caso, los plenos tienen que celebrarse cada tres meses, independientemente de los que se puedan convocar de forma extraordinaria.
Pero ésta no es la única irregularidad en el funcionamiento de Garcibuey. A Desiderio Fonseca y a otros vecinos del pueblo les preocupa la paralización de la auditoría aprobada en Pleno Municipal en el año 2015 y en agosto del mismo año por el pueblo entero, ante las sospechas de pagos irregulares a los anteriores miembros del Ayuntamiento. El coste de procedimientos judiciales y los elevados costes de las erróneas decisiones de la anterior corporación municipal, como las catas de vino o los 55.000 euros de la construcción de un frontón en un lugar inadecuado, dado que se trata de un atentado al patrimonio natural de Garcibuey.
Según le trasmite Desiderio Fonseca a la Procuradora, ante una pregunta suya, el propio alcalde admitió en el verano de 2016 que la empresa a la que se le encargó la auditoria tenía “un tanto olvidados los trabajos”.
La empresa a la que se le encarga la auditoría, es la misma que realiza los trabajos de gestoría que requiere el Secretario, después de pasar por una subcontrata en Guijuelo que resultó inoperativa. Tampoco se conocen las condiciones económicas de tal contrato por lo que cabe pensar que, cuanto menos, se trata de un cúmulo de irregularidades.
Otra decisión polémica, a juicio de Fonseca, es la decisión municipal de no pagar la cuota de la Comunidad de Regantes o la aprobación de varias ordenanzas que han generado numerosos conflictos vecinales, sobre todo la de regular los aparcamientos, por su obstaculización a la recogida de basuras en algunos puntos del pueblo, o la de colocar bolardos que impiden la entrada a varias fincas.
La Procuradora de Podemos se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su mano para aclarar esta dantesca situación, más propia de un sistema despótico.
