La creciente inseguridad en el barrio Buenos Aires desde hace años se está traduciendo en la pérdida de servicios y calidad de vida para las familias no relacionadas con el narcotráfico que han residen en esta zona del extrarradio de Salamanca. Considerada como uno de los graneros de la droga no sólo de Castilla y León, sino de España, está en muchas listas negras de empresas.

El grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento reclamaba ayer más presencia policial y ponía como ejemplo que una empresa de reparto de paquetes y cartas no llega hasta Buenos Aires al considerar que se trata de una zona conflictiva, siendo la única de Castilla y León hasta donde no accede. Se trata de MRW, que no acepta envíos para las calles Villanueva de la Serena, Almendralejo, Coria y Extremadura.

Pero no es la única empresa con esta lista negra. Negocios de reparto de comida a domicilio también se niegan a acudir hasta estas calles porque ya han sufrido las consecuencias de acudir allí y volverse sin cobrar, en alguna ocasión incluso habiendo sido robada la moto del repartidor.

También hay taxistas que sólo acceden hasta el perímetro exterior, junto a la iglesia y la gasolinera, sin adentrarse en las calles al final del barrio. Y si lo hacen, es porque llevan allí a algún cliente al que previamente han dado el visto bueno, seleccionando mucho los pasajeros.

Esta pérdida de servicios se suma a otros problemas como el padecido en el colegio público del barrio Gabriel Martín. Desde hace años, en el centro educativo se viene detectando la presencia de un hombre que pernocta en las instalaciones de forma intermitente, sin que hasta el momento se haya dado una solución desde las administraciones. Hubo protestas y se llegó a plantear una ‘huelga de asistencia’ para evitar que las y los niños convivan con esta persona, que presenta antecedentes penales.

En verano de 2015 se creó una comisión especial para estudiar la situación del barrio Buenos Aires, cada vez más deteriorada. Desde la Subdelegación del Gobierno se prometió más presencia policial, desde la Junta de Castilla y León desalojar a los inquilinos de viviendas sociales que fueron okupando con el paso de los años y desde el Ayuntamientos más programas sociales para mejorar la convivencia en el barrio. Pero la conflictividad se mantiene pese a algunas medidas adoptadas. Incluso se tuvieron que dejar de celebrar las tradicionales fiestas del barrio por motivos de seguridad.

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