Ecologistas en Acción, Greenpeace y Movimiento Ibérico Antinuclear celebran la decisión sobre Retortillo

Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear celebran que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya denegado la autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) por la "escasa fiabilidad" y las "grandes incertidumbres" de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva.

Esta decisión, a su juicio, supone el fin del proyecto minero de la empresa Berkeley Minera España, SL (BME) en Salamanca y, con ello, el fin de la minería de uranio en España, indican a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"El fin de la minería de uranio en España significa el fin de una industria que destruye el territorio, su cultura y su economía, que incrementa la contaminación radiactiva y que es insostenible en la transición ecológica que necesariamente debemos acelerar. Felicitamos especialmente al CSN por desechar el proyecto de una compañía como Berkeley cuyo negocio es mayoritariamente especulativo, que ha tratado de coaccionar al organismo regulador y que ha mostrado déficits técnicos sistemáticamente en su proyecto", ha declarado en representación de Greenpeace Raquel Montón.

El proyecto, que comenzó en 2013, incluía una mina de uranio de Retortillo-Santidad, una planta de concentrados de uranio y un almacén de residuos radiactivos. La planta de concentrados es una instalación radiactiva y está sujeta a varias autorizaciones que debe otorgar el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), previo informe del CSN.

Dichas autorizaciones son preceptivas en el caso de la selección del emplazamiento, la construcción de la planta, la entrada en funcionamiento de la misma, su desmantelamiento y clausura. En este caso, el CSN ha emitido su informe desfavorable y preceptivo, respecto a la construcción de la planta, tras estar estudiándolo desde el 7 de septiembre de 2016 y haber requerido información y documentación adicional a Berkeley desde el 2017 hasta el 2020, añade la información.

La sociedad civil, articulada a través de la Plataforma Stop Uranio que se constituyó en 2013, ha sido "fundamental" para visibilizar y reclamar la protección del medio ambiente y de las personas.

"Junto a ellas han estado organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción para plantear demandas y propuestas como la que finalmente se incluyó en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética -en vigor desde el pasado 20 de mayo- que, en su artículo 8, prohíbe expresamente las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio", señalan las organizaciones.

"Tras una década de movilizaciones vemos la luz al final del túnel, con una decisión fundamentada en criterios técnicos, cuando nos podíamos haber ahorrado sufrimiento y 2000 encinas centenarias si hubiera habido más determinación en defender el territorio ante proyectos dañinos para nuestra tierra" , ha declarado, en representación del Movimiento Ibérico Antinuclear y la plataforma Stop Uranio, Jose Ramón Berrueco.

"Desde un inicio las población de la zona y las organizaciones sociales señalamos la inviabilidad y peligrosidad de abrir una mina de uranio en Salamanca. Estos años hemos comprobado continuos errores y opacidades en la tramitación de este proyecto, una muestra clara de la irresponsabilidad que suponía su continuidad. Nos alegramos de empezar a ver el final de la pesadilla de la minería de uranio en nuestro país", ha concluido en representación de Ecologistas en Acción, Cristina Rois.