La historia truncada de la mina de uranio que ha tenido en vilo a una comarca durante 14 años

La posible construcción de una mina de uranio, con una planta de fabricación de concentrados de uranio y un almacén de residuos radiactivos, en la provincia de Salamanca, concretamente en el corazón del Campo Charro, en el municipio de Retortillo, a cargo de la empresa australiana Berkeley Minera, no se llevará a efecto tras más de diez años de obras, protestas, juzgados y enfrentamientos vecinales, desde que la bursátil australiana llegara a este municipio del Yeltes. Se comenzaron los estudios sobre el terreno en 2007 y Berkeley los intensificó a partir del 2010, y a partir de 2011 comenzó también la lucha contra el proyecto ante los planteamientos y actuaciones en el terreno de minera.

Todas las alarmas de la población se encendieron cuando se arrancaron 1.800 encinas, entre 2017 y 2018 con el objeto de preparar los terrenos para las instalaciones mineras previstas en Retortillo, una actuación, que según la plataforma vecinal,"necesitaba de licencia urbanística de la que carece la empresa minera, por lo que el Ayuntamiento de Retortillo debería haber paralizado la tala y haber restaurado la legalidad urbanística".

El último episodio ha tenido lugar en el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que informó desfavorablemente, este lunes, ante la solicitud presentada por Berkeley Minera España (BME) para la construcción planta de fabricación de concentrados de uranio en el municipio de Retortillo. El resultado de la votación fue de cuatro votos favorables a la Propuesta de Dictamen Técnico elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y uno en contra, correspondiente al consejero Javier Dies, nombrado a propuesta del PP.

 El dictamen técnico ha sido remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el motivo de la decisión adoptada se apoya en la escasa "fiabilidad" y en las "elevadas incertidumbres" de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, de los que depende la verificación del comportamiento adecuado de diversos parámetros del proyecto. Las "deficiencias técnicas" detectadas en la evaluación se refieren principalmente al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, que forma parte de la instalación radiactiva de primera categoría.

Ante esta decisión, que tiene carácter vinculante para el Ministerio, Berkeley Minera España avanza que defenderá "firmemente" su posición y "considerará" inmediatamente las "opciones legales disponibles" en relación con la decisión "adversa" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre su proyecto de la mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo, al tiempo que ha recordado que las autoridades competentes a nivel local, regional, estatal y de la Unión Europea han concedido más de 120 permisos e informes favorables, de ellos nueve han sido del propio consejo. Informaciones a las que ha tenido acceso El Español de Castilla y León, hablan de que la minera australizana podría pedir "hasta 450 millones de euros" de indemnización al Gobierno de España. Esta más que posible demanda de indemnización al Estado por no poder realizar su proyecto de mina de Retortillo podría ser uno de los objetivos de la empresa ante el derrumbe del precio del uranio por los malos augurios que se ciernen sobre la energía nuclear.

Presiones y acuerdos que se van rompiendo con las instituciones

Talado de encinas en Retortillo

Ya el 13 abril 2021, Stop Uranio denunció que la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Josep María Serena i Sender, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de Diputados constató que “la empresa Berkeley Minera y sus acólitos han ejercido unas presiones inaceptables sobre un organismo regulador encargado de la protección radiológica y la seguridad nuclear del país”. Asunto que llegó también a las Cortes de Castilla y León, al Congreso de los Diputados y al Senado de España.

Instituciones que se 'echan atrás' y revocan los acuerdos iniciales. Así, el 25 de marzo de 2021, la Diputación de Salamanca desestimó el recurso presentado por Berkeley Minera contra la resolución del convenio suscrito entre ambas entidades para el desdoblamiento de la carretera comarcal SA-322. La institución provincial argumentaba en su resolución la “falta de disponibilidad de los terrenos y falta de autorizaciones y licencias” para la ejecución de la variante de la carretera comarcal afectada por el proyecto minero, lo que ha dado lugar a la prolongación en el tiempo del convenio firmado en 2016, superando el plazo máximo de cuatro años de vigencia.

Las protestas en las gentes de la comarca fueron intensas durante los diez últimos años, casi siempre comandandas por Stop Uranio Plataforma del Campo Charro. A ellas se sumaron Llas organizaciones ecologistas españolas, como Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Amigos de La Tierra, que tiraron por tierra todos los argumentos que la empresa australiana había expuesto para poner en marcha la mina de uranio a cielo abierto en Retortillo. A ellos se sumó el Gobierno de Portugal, tanto en la Asamblea de la República como en el Parlamento Europeo, donde mostró el "rechazo total" a la mina de uranio, tanto por su cercanía a la frontera, como por ser el río Yeltes un atfluente del Duero.

Así, las organizaciones ecologistas, como ya es conocido desde que comenzaron las obras y la lucha contra la construcción de la mina, han aducido que el proyecto de mina de uranio y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan "!riesgos ambientales, sociales y sobre la salud que son inaceptables. La multinacional emplea argumentos de inversión económica como una oportunidad de futuro, vulnerando la seguridad, la salud y un futuro para los habitantes de la zona". Además, tanto las organizaciones de la zona, como también las ganaderas y las ecologistan señalan que la empresa ha destrozado 40 hectáreas de arbolado y ha enfrentado a la población local. Así, recordaban que lo único que posee la empresa son unas pequeñas instalaciones prefabricadas que rompen el paisaje del entorno del río Yeltes, espacio incluido en la Red Natura 2000 al ser considerado una Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Los trabajos comenzaron en 2016

Estado de las obras de la mina de uranio en Retortillo

Stop Uranio Plataforma del Campo Charro recuerda a El Español de Castilla y León que los trabajos comenzaron en el verano de 2016, tras la firma de un convenio con la Diputación de Salamanca que fue recientemente rescindido por la institución provincial. "Esas obras fueron ilegales a juicio del Seprona y de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, pero el Ayuntamiento de Retortillo, que estaba obligado restaurar la legalidad urbanística y sancionar a la empresa minera, cuatro años y medio después no ha sido capaz de sancionarla", señala la organización. A ellos se suma también que la concesión minera, otorgada por la Junta de Castilla y León en 2014, comprende terrenos de los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes, pero la Autorización de uso excepcional en suelo rústico se otorgó sólo para el municipio de Retortillo por lo que está recurrida en el Juzgado Contencioso Administrativo por los colectivos anti mina de uranio.

A día de hoy, y tras el acuerdo de la Diputación de Salamanca y, más recientemente, el del Consejo de Seguridad Nuclear, la pretensión de la empresa australiana Berkeley Minera de construir una mina de uranio a cielo abierto en Retortillo, en el mismo corazón del Campo Charro -en la que muy pocos creían-,  se hace más complicada, cuando el propio Gobierno de España ha manifestado su oposición a toda forma de energía nuclear, como deja bien claro el Proyecto de Ley de Cambio Climático, entre las que figura la prohibición de las minas de elementos radiactivos. Tal es así, que el texto de la Ley incluye un párrafo esencial para el devenir futuro de las minas de uranio: “Se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales”. Y ello con la consiguiente alegría de la mayoría de los habitantes de esa comarca salmantina del Yeltes que, desde hace más de diez años, no han dejado de manifestar su oposición a la explotación de esta mina, en un territorio de alta calidad medioambiental como la dehesa con la encina como árbol emblemático, un territorio de ganadería extensiva y con un histórico balneario a escasos kilómetros.

La vertiente especulativa en Bolsa

Los títulos de Berkeley Energía se desplomaban este lunes en Bolsa más de un 12% tras conocerse el informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a su proyecto de la mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo. En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía australiana comunicó la decisión del CSN y anunció que defenderá "firmemente su posición" y considerará "inmediatamente" las diferentes opciones legales de que dispone tras este revés. Tal es así que las acciones de Berkeley Energía, que la pasada semana a espera de la decisión del CSN registró una gran volatilidad, caían un 12,35%, hasta los 0,342 euros.

Mientras todo acontecía en el CSN, los juzgados, la Diputación y la calle, Berkeley seguía pendiente únicamente de su negocio bursátil, habiendo comunicado que tras el Brexit el país de referencia para la negociación de sus acciones deja de ser el Reino Unido y pasa a ser España el supervisor competente.  Circunstancia que tuvo con anterioridad una gran puesta en escena, a todo lo grande, en el claustro del Palacio Fonseca con la presencia del consejero delegado del grupo, Paul Atherle, y Francisco Bellón, vicepresidente Ejecutivo de Berkeley Minera España, ante un nutrido grupo de representantes de la vida política, social y económica de la provincia.

Sacar tajada de las indemnizaciones

De nuevo sobre los informes, Berkeley resalta que cuenta con informes favorables de la Unión Europea como "la apreciación favorable del proyecto de inversión", la confirmación del proyecto como "uno de los proyectos de minería de uranio más eficientes promovidos en el mundo" y "la validación de dos contratos de Off-Take suscritos por la empresa". Además, en lo que respecta a documentos de la Junta de Castilla y León, ha destacado el informe favorable sobre la repercusión sobre la Red Natura 2000, la declaración de impacto ambiental favorable, la aprobación del Proyecto de Explotación-Restauración-Clausura, el otorgamiento de la concesión de explotación o la autorización de uso excepcional de suelo rústico.

Desde hace tiempo está claro que Berkeley lo único que pretende es sacar tajada, vía indemnización tipo 'proyecto Castor', -depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona que fue liquidado a finales de 2014, cuando el gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa con 1.350 millones de euros. Sin embargo, la OCU calculó en 4.730 millones el monto que los consumidores habrán pagado por el proyecto fracasado- del fallido proyecto de mina y planta de Retortillo.

"Han sido incapaces de llevar a término la mina de uranio después de década y media de marear la perdiz y en la situación actual, de impulso demoledor de las energías renovables, la energía nuclear no tiene ningún futuro dentro de los países que conforman la Unión Europea", explican desde Stop Uranio.