El interminable litigio abierto hace más de cinco lustros, conocido mediáticamente como el conflicto de 'los papeles de Salamanca', sigue latente y todo apunta a que genenerá nuevos capítulos en los próximos meses. El pasado 2 de agosto se reunió la Comisión Bilateral Generalitat-Gobierno, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y en la sesión la representación catalana planteó un amplio listado de reivindicaciones al Estado. Aunque propiamente en la sesión no se abordó el asunto de los 'papeles de Salamanca', lo cierto es que Cataluña sigue manteniendo este punto en su elenco de reclamaciones al Estado en materia cultural y patrimonial. O lo que es lo mismo: la Generalitat quiere culminar la recuperación de todos los documentos catalanes que aún permanecen almacenados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, pese a que en las últimas décadas salieron más de 400.000 legajos del Palacio de San Ambrosio, sede del Archivo salmantino, en sucesivas remesas en dirección a Cataluña.
'Los papeles de Salamanca' engloban toda la documentación que fue incautada en el año 1939 por las tropas del general Francisco Franco cuando tomaron Cataluña, documentación que incluye fondos de instituciones, partidos políticos, asociaciones, entidades culturales y particulares de Cataluña. Este asunto histórico se acabó convirtiendo en la década de los 90 del pasado siglo en un problema político e identitario, ya que que la Generalitat y buena parte del nacionalismo catalán consideraban que dicha documentación debía ser devuelta a Cataluña, debido a que fue requisada ilegalmente y en un contexto bélico, En cambio, el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León ha venido defendiendo durante todos estos años que la salida de documentos de Salamanca ha sido un auténtico expolio y ha supuesto la fragmentación de la unidad del Archivo.
La disputa estalló por los aires en el año 1995, hace ya 26 años, cuando Gobierno de Felipe González dio la razón a la Generalitat y aprobó el traslado de los fondos catalanes de Salamanca. La reacción de la sociedad salmantina fue inmediata y se materializó en una gran movilización ciudadana en contra de la salida de los legajos. En abril de aquel año el entonces alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote (PP), hizo entrega a Carmen Alborch, quien entonces dirigía el Ministerio de Cultura, más de 97.000 firmas contra la salida de los documentos de Salamanca, Finalmente, el traslado no se llevó a cabo, dado que el PP ganó las elecciones generrales de 1996 y la ministra de Cultura del nuevo Gobierno, Esperanza Aguirre, alegó que al Archivo salmantino "no le sobran documentos".
 
Las tensiones volvieron a aflorar cuando el 15 de septiembre de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó, pese al voto contrario del PP, la ley para devolver a la Generalitat los documentos aprehendidos por el régimen de Franco y que fueron depositados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. De esta forma, el 19 de enero de 2016 salieron del Archivo las primeras 500 cajas de documento, en una noche repleta de incidentes y bajo un fuerte dispositivo policial. Hubo manifestantes que profirieron gritos contra los funcionarios que empujaban las carretillas con las cajas de legajos. Posteriormente y en años sucesivos, se produjeron nuevos envíos, pero no solo bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sino también con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pese a ello, el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castila y León se mostraron firmes en su postura de rechazo frontal a la salida de nuevos documentos.
 

El último envío

El pasado mes de abril la Consejería de Cultura de la Generalitat anunció la llegada a Cataluña, procedente de Salamanca, de una nueva entrega de documentación privada de los ‘papeles de Salamanca’, tanto de personas físicas como jurídicas, incautada en la guerra civil. En un comunicado, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, señaló entonces: “Es un acto de justicia conseguido con el esfuerzo y la perseverancia de muchas personas y entidades. Llega tarde y todavía queda camino por recorrer, pero estamos más cerca de restituir la historia nacional, civil y humana de nuestro país”.

Generalitat explicó que era una entrega exclusiva de documentación privada y se componía de 26 fondos documentales (ocho de entidades, nueve de particulares y empresas y 10 de partidos y sindicatos) y 68 agrupaciones documentales de menor entidad que en total se corresponden a un volumen de 25.602 imágenes digitales. Se trata de documentación de personas físicas y jurídicas, de las que algunas ya habían recibido transferencias anteriores, como la CNT, UGT, la Associació d’Amics de la Unió Soviètica de Catalunya (AUS), el Socorro Rojo Internacional, Solidaritat Internacional Antifeixista de Catalunya, la Compañía de Jesús, Antoni Aymat Mareca y del conseller de Salud entre 1931 y 1932 Josep Jové i Saroca.

También incluye nuevos receptores como profesionales, sindicatos y cooperativas como la Associació de Professionals de Faquins Bastaixos del Peix, el Sindicat Agrícola de Balaguer, la Cooperativa de Tintorers de Robes Usades de Reus y la Societat de Picapedres de Tarragona, entre otros.

Entre la documentación de entidades sociales y políticas correspondientes al envío de abril figuraba la del Centre Israelita Agudad Ahim de Barcelona, el Casino Foment Rapitenc y la Joventut Cultural i Recreativa de Roselló; de entidades asistenciales y religiosas como la Confraria del Cordó y el Convent de Santa Maria de Jesús de Reus, y de empresas como la Compañía General de Minas y Sondeos, la Sociedad Anónima Mixta y de la delegación en Barcelona de la Distribuidora Ibérica de Publicaciones

También se trasladó desde Salamanca documentación de familias como los Amell Pretell y personales, correspondientes a 38 personas, entre las que destaca la de uno de los referentes del anarcosindicalismo, Ángel Pestaña Núñez.

Los próximos meses serán decisivos para conocer el desenlace del interminable conflicto de 'los papeles de Salamanca'. La Generalitat no se ha olvidado que en el Palacio de San Ambrosio siguen almacenados todavía legajos catalanes incautados en las postrimerías de la Guerra Civil y todo apunta a que el Govern no piensa renunciar a obtener estos fondos. Mientras tanto, la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, encabezada por el investigador salmantino Policarpo Sánchez, ha anunciado que no piensa renunciar en su empeño por conseguir que el Ministerio de Cultura obligue a la Generalitat a devolver a Salamanca los 400.000 documentos que salieron de la capital salmantina y fueron enviados a Cataluña en sucesivas remesas desde el año 2006. Y es que el conflicto de los 'papeles de Salamanca' sigue latente tras 26 años de litigios judiciales y movilizaciones ciudadanas.

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