La Junta suma a 41 localidades de la zona de Guijuelo al Bono Rural de Transporte gratuito

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, ha presentado hoy en Guijuelo el Bono Rural de Transporte que, gracias a las nuevas tecnologías, permitirá de forma sencilla su utilización tanto por jóvenes como por mayores, bien mediante el uso de una tarjeta física convencional, o a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil que genera un código de barras con el que se accede al autobús.

La zona de Guijuelo aglutina 41 localidades y 24.048 habitantes, que disponen de 28 rutas, a cargo de las empresas: Bercimuelle-Guijuelo, Cespedosa Bus, S.L., D. Pedro García García, Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A (AUPSA), Viamar Autocares, S.L.U., ADOJAJU, S.l. y Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (CEVESA).

El Bono comenzó a funcionar en el pasado mes de marzo en la comarca de Fuentes de Oñoro, seguidas de Ledesma y Vitigudino. La siguiente zona donde se pondrá en marcha este sistema será Villoria, también con tres rutas correspondientes a 11 localidades. Posteriormente, se irá implantando hasta completar las 12 zonas de Transporte a la Demanda de la provincia de Salamanca, estructuradas en 237 rutas, que dan servicio a 528 localidades. A ellas se sumarán las 115 rutas de Transporte de Prestación Conjunta, beneficiando a 380 localidades de la provincia de Salamanca.

Implantación progresiva del bono rural gratuito en la Comunidad

Más de 384.000 viajeros han utilizado el servicio de transporte a la demanda y transporte integrado desde que la Junta de Castilla y León lo pusiera en marcha en la provincia de Salamanca en el año 2005, 9.000 de ellos el último año, sin incluir escolares.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente irá implantando sucesivamente en el plazo de un año el Bono Rural de Transporte gratuito a las 123 zonas de transporte a la demanda e integrado que hoy existen en Castilla y León y que dan servicio a más de 5.000 localidades de la Comunidad, con casi 2.000 rutas y 2,2 millones de potenciales usuarios.

La Junta de Castilla y León destinará a este sistema 600.000 euros anuales, ya con las 123 zonas completadas. Esta cantidad se añade a los 6,2 millones anuales aportados por la Administración autonómica para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda -549.352 euros al año en la provincia de Salamanca-. En consecuencia, sin la financiación de la Junta de Castilla y León el coste del servicio que habrían de soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 12 euros el billete (ida y vuelta).

Modernización de Castilla y León

El delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, ha destacado que el Bono Rural supone un impulso a la movilidad y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, “puesto que facilitará su acceso a servicios básicos, a las gestiones administrativas y también al ocio y al comercio, además de ser una apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos, tanto del medio rural como urbano”.

Esta iniciativa supone también un avance en la modernización de Castilla y León, puesto que conlleva la extensión y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural. Con el Bono Rural se implanta un servicio de reserva de viajes vía web que convivirá con el número gratuito 900 20 40 20, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el teléfono móvil, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Al servicio de reserva de transporte a la demanda -implantado por la empresa tecnológica GMV- se accede a través de la página https://carreterasytransportes.jcyl.es.

Castilla y León, referente en movilidad pública

La Junta de Castilla y León ha venido desarrollando un sistema de transporte rural basado en las fórmulas de transporte a la demanda y transporte integrado, que incluye el transporte regular y el escolar, que ha convertido a esta Comunidad en referente en cuanto a movilidad pública.

El Transporte a la Demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario, optimizando los recursos tanto de la Administración como de los operadores de transporte, ya que si no hay reservas el servicio no se presta y en el caso de que se preste solo se haría en las localidades en las que hay reserva, sin obligación de entrar en el resto de las localidades de la ruta.

Tras 17 años de funcionamiento, el transporte a la demanda ha demostrado la utilidad y ventajas de este sistema en un escenario de dispersión de población y baja densidad demográfica, y que ha conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.

El Transporte Integrado presta simultáneamente servicios de uso general (dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado) y de usos más restringidos (grupos específicos de usuarios – en este caso escolares-) compartiendo un mismo vehículo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración.

Se basa en reservar, por parte de la Dirección Provincial de Educación, determinadas plazas en el transporte público regular de uso general para ser utilizadas exclusivamente por escolares y acompañantes. El resto de las plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de transporte público regular de viajeros de uso general. Estas plazas se gestionan conforme al sistema de “transporte a la demanda”, que permite al ciudadano hacer llegar sus necesidades de transporte a través de métodos telefónicos gratuitos y telemáticos.

La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano; y de acuerdo con esto, las Administraciones Públicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios.