El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles la "indefensión" de los funcionarios de prisiones tras contabilizar un total de nueve agresiones en la cárcel de Topas, en Salamanca, durante el pasado año 2023. El sindicato ha asegurado que el personal penitenciario está "indefenso" ante las agresiones porque los responsables de Instituciones Penitenciarias les dejan "sin prevención ni protección".

Comisiones Obreras ha asegurado que la Administración Penitenciaria no tiene "medidas preventivas" para actuar contra la violencia en el trabajo y ha recordado que las agresiones alcanzaron a nivel nacional un total de 508, habiéndose producido nueve de ellas en el Centro Penitenciario de Topas. "Estas son las agresiones físicas, si incluyéramos las verbales habría que ampliar a varios miles más", ha apuntado CCOO.

Las agresiones, según el sindicato, se han convertido en "un riesgo estructural y endémico" de la actividad laboral en las prisiones, una "violencia laboral" que se ha incrementado por cada mil presos en un 113,94 por ciento desde 2010. "El servicio de prevención mira hacia otro lado con las agresiones que se repiten permanentemente año tras año", ha afirmado CCOO.

A juicio del sindicato, las agresiones pueden evitarse y reducirse solo con medidas de prevención de riesgos laborales y ha acusado a Instituciones Penitenciarias de "relativizar e infravalorar" el número y la gravedad de las agresiones. Por este motivo, el sindicato ha propuesto la aplicación "íntegra" de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales al personal penitenciario y la evaluación de las causas y los riesgos, además de la aplicación de medidas preventivas "que se anticipen al riesgo" y la modificación de las medidas "que no solucionen el riesgo y la protección del derecho a la salud de la población penal".

Por otro lado, ha reclamado la "adecuación" de la clasificación regimental a la realidad penitenciaria, además de la distribución de equipos de protección individuales adecuados a los riesgos afrontados y del apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de las agresiones. Todo ello unido al reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad en el ejercicio de su profesión.