Residencia de San Juan de Sahagún, en la carretera de Aldealengua

Residencia de San Juan de Sahagún, en la carretera de Aldealengua

Salamanca

La supuesta construcción de un centro de inmigrantes en Puente Ladrillo levanta ampollas vecinales y políticas

Mientras desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca no especifican "aún su uso", el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta y los vecinos airean sus protestas.

Más información: La Junta pone coto a la idea "inviable" del Gobierno de crear un centro de inmigrantes en Salamanca para 450 alojados

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Nuevamente el asunto de los inmigrantes levanta ampollas políticas y sociales. En este caso es en la ciudad de Salamanca, donde, la posible apertura de un centro de acogida de inmigrantes (CAPI) en el edificio de la antigua residencia San Juan de Sahagún, en Puente Ladrillo, provoca el enfrentamiento entre vecinos, Gobierno de España, Ayuntamiento de Salamanca y Junta de Castilla y León.

Mientras que, desde el Ayuntamiento, en boca de su alcalde, y del Gobierno regional hablan de “la falta de transparencia del Gobierno de España y la ausencia de información sobre el proyecto”.  Desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca solo pueden "confirmar que ese edificio, una vez que la Junta cierra la residencia, vuelve al Estado y pasa a formar parte de la Secretaría de Estado de Migraciones y lo están adecuando para valorar su posible uso", apuntan a este diario.

Es más, según confirman a EL ESPAÑOL de Castilla y León desde el Consistorio salmantino, "el Ayuntamiento ha paralizado las obras por haber empezado de forma irregular". Además, el alcalde, Carlos García Carbayo, le parece "desleal que el Gobierno de España, no haya informado al Consistorio de este proyecto. Es lo mínimo que se le puede pedir a una institución que desea poner en marcha un centro de cualquier tipo en la ciudad". 

Respecto a la paralización de las obras, desde el Consistorio informan que "si de una parte el Ministerio, a través de Tragsa, presentó una declaración responsable, los técnicos consideran que esta podría ser insuficiente por la importancia de los trabajos que se acometen en el edificio".

Estas protestas, que llegan también a los vecinos, quienes la pasada noche realizaron una asamblea para pedir firmas "en su contra", parten desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Grupo Tragsa, comenzó días atrás las obras para transformar la antigua residencia de San Juan de Sahagún, en Puente Ladrillo, en un supuesto centro para alojar hasta 448 inmigrantes, sin que nadie lo haya podido confirmar.

Protestas vecinales

Los vecinos tampoco se han quedado parados ante esta información, aún sin confirmar oficialmente, por lo que hablan de "falta de transparencia del Gobierno de España y la ausencia de información sobre el proyecto". Es que ellos, según informa un portavoz vecinal, pensamos que "incrementa el temor a padecer importantes problemas de convivencia en la zona".

Así, comentan, en los próximos días comenzarán una recogida de firmas, con la intención de trasladar sus preocupaciones a las Cortes regionales en forma de una Iniciativa Legislativa Popular. Aunque, hoy mismo, el Gobierno regional se pone de su parte en esta cuestión.

Esta misma mañana, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, recordaba que con la normativa puesta en marcha por la Junta días atrás, se limita la capacidad de las plazas a 120 personas por centro, por lo que consideró “inviable” que se pueda abrir un centro de esas características con más de 400 plazas en el edificio de la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún, en Salamanca.

Es por ello que insistió en que se deben cumplir unos requisitos y censuran que se puedan adoptar las medidas por parte del Gobierno desde “la imposición” y sin negociar con quien tiene las competencias, si bien indicó que no se ha producido ninguna solicitud con cargo a esa orden.

De momento, esta es la situación a falta de más información por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y, de por medio, los vecinos que amenazan con protestas en la calle para que las diversas administraciones públicas los escuchen y atiendan sus demandas que, las fundamentan, sobre todo, en "la convivencia social".