El próximo 1 de julio la Entidad Pública Empresarial AquaVall asumirá la gestión del servicio del agua en Valladolid, lo que supondrá la remunicipalización de una gestión que lleva privatizada 20 años y gestionada por Aguas de Valladolid. La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, explica en esta entrevista con Noticias Castilla y León el por qué de esta decisión y los avales jurídicos y técnicos con los que cuenta.

- ¿Qué sensaciones tiene a falta de una semana para que la gestión del agua en Valladolid vuelva a ser pública?
- Es una de las principales líneas de trabajo de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Cuando entramos en el equipo de Gobierno, tanto el PSOE como nosotros en Toma la Palabra y también Sí se Puede, que apoya distintas actuaciones del Gobierno de importancia y de calado, llevábamos como propuesta un mayor control público y una mayor capacidad de decisión sobre un bien esencial como es el agua. Nos pusimos a trabajar, hicimos una memoria muy exhaustiva, se creó una comisión político-técnica y se estudiaron los distintos escenarios, porque aunque tengas una idea de lo que quieres políticamente, creo que se tiene que demostrar que es la mejor opción.

- ¿Se demostró entonces que la remunicipalización compensaba para el Ayuntamiento?
- No íbamos a tomar ningún paso sin que eso fuera así. Se ha demostrado con los informes técnicos que es una opción viable económicamente porque no tienes que repartir beneficios con una empresa privada y eso puede repercutir en mejorar la red. Además, está el tema de los trabajadores que para nosotros es una cuestión sensible; no sólo por los derechos laborales, sino también para que el servicio funcione como venía funcionando. Tenemos todos los informes municipales a favor, en el momento en que no hubiera sido así habríamos echado el freno de mano, porque queremos que el servicio sea el mejor, que los trabajadores estén en buenas condiciones.

- Pese a esos informes favorables, ¿no está siendo un proceso sencillo?
- No ha sido ni está siendo un camino fácil, cada vez que tosemos ponen un recurso, tanto administrativo pero también en el Contencioso, donde tanto la empresa como el Gobierno central han pedido la paralización del proceso. Tenemos dos autos de dos juzgados diferentes de Valladolid diciendo que la autonomía municipal debe primar. Hay que recordar que la empresa tiene un contrato terminado a fecha 30 de junio, por tanto el Ayuntamiento es autónomo para decidir cómo quiere gestionar un servicio básico y esencial como es el agua. Además, nadie sabe si hubiéramos sacado una licitación a concurso porque quisiéramos seguir con el servicio privatizado, si se lo hubiera llevado o no la actual empresa, porque algunos grupos parece que tenían claro que se lo iba a llevar, pero eso en Democracia es insostenible.

- Luego está el conflicto con las medidas incluidas en los Presupuestos del Estado para dificultar estos procesos.
- No tiene ningún sentido que en una Ley de carácter transitorio, como son los Presupuestos del Estado, pretendan enmendar la plana a una legislación básica como es el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Unos trabajadores por pasar de una empresa privada a otra empresa privada tienen derechos de subrogación y por qué un trabajador que pasa de una empresa privada a una pública no va a tener ese derecho. Es algo básico y esencial. Creo que se han dado cuenta de que ese no es el camino y parece que va a haber una flexibilización. La propia Ley de contratos dice que es lo natural, lo lógico es que tu tengas que justificar si es más económico, mejor, privatizar un servicio que hacerlo con medios propios; porque lo natural es gestionarlo desde lo público. Es el mundo al revés, hay que plantar cara a estas situaciones y dejar claro que cuando los ciudadanos meten un voto en las urnas en unas elecciones es para poder decidir sobre cuestiones como esta.

- ¿En algún momento pensó que los recursos en los tribunales podían evitar el cambio de gestión?
- Nosotros sabíamos que era complicado desde el punto de vista jurídico y económico que nos lo pusieran fácil. Hemos puesto en cuestión la política de privatizaciones que se ha llevado a cabo durante los últimos años, toda la legislación además ha ido orientada a ello; parece que te ponen la alfombra roja cuando privatizas un servicio, pero cuando quieres municipalizarlo todo son trabas y tienes que demostrar por activa y por pasiva que un ayuntamiento puede gestionar sus servicios, que ya es lo último, lo oímos todos los días ‘¡qué disparate! un Ayuntamiento quiere gestionar el agua de su ciudad’; bueno eso era lo habitual y hay muchos que lo hacen.

- ¿Qué le ha sorprendido de las reacciones que ha habido estos meses?
- Es comprensible que una empresa privada se agarre al contrato. Lo que no entiendo tanto es que representantes públicos les estén apoyando por activa y por pasiva, incluso, confundiendo a la población, a mi eso no me parece bien. Pensaba que iba a ser complicado, pero es que nos estamos enfrentando a que lo que no ganan en los juzgados ni en los plenos va por la vía de atrás en la Ley de Presupuestos del Estado. Algo estamos haciendo que está incomodando a los poderes económicos y a ciertas organizaciones políticas que los apoyan.

- Cuándo va a otras ciudades a hablar de este proceso, ¿qué le transmiten?
- La verdad es que hay situaciones de todo tipo, ha habido en algunas ciudades concesiones a 50 años, hay ayuntamientos en los que se hicieron las cosas no se si por la puerta de atrás o con una normativa mucho más flexible. En los casos en los que el contrato todavía falta mucho para que expire, lo tienen más complicado, porque aquí había un contrato de 20 años que acaba ahora, pero hay casos en los que quieren gestionar el agua de manera pública pero el contrato aún tiene mucho tiempo en vigor.

- ¿Cuánto tiempo tiene garantizada la gestión del servicio la Entidad Pública Empresarial?
- Se gestionará así el servicio mientras se entienda que es la mejor forma. Como ocurre con el servicio de limpieza, que siempre ha sido público y no se ha privatizado. No tiene fecha porque no se puede poner, no es como una concesión. Creemos que aunque hubiera un cambio de Gobierno, a nadie le va a interesar cambiarlo si funciona bien, como pasa con el servicio de limpieza.