El caso Zambrana sigue trayendo cola. Un complicado proceso administrativo de cambios de propiedad, reversiones y expropiaciones que implicó al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y la propiedad de la denominada Finca Zambrana, de más de 5 hectáreas  y que concluyó definitivamente en 2017.

Toma la Palabra, grupo que forma Gobierno en Valladolid con el PSOE, presenta para el próximo pleno del día 12 una moción con la que volver a poner este caso encima del a mesa, para que el Ayuntamiento reclame a la Junta "que asuma su corresponsabilidad y se comprometa a financiar el proyecto de regeneración de Aramburu-las Viudas, en una cantidad no inferior a los 10 millones de euros, lo que supondría el 50 por ciento de la expropiación de los suelos", ha detallado el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

"Es un caso extremadamente controvertido y oscuro que supuso un fiasco por la gestión que se realizó; ahora volvemos a insistir a la Junta en que asuma su parte de responsabilidad porque es una reclamación justa", ha insistido Saravia, que ha recordado que este planteamiento ya se realizó cuando el equipo de Gobierno accedió a la gestión municipal en 2015.

En aquél momento, Saravia visitó a la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo (actual candidata del PP a las elecciones municipales) y le reclamó hacerse cargo del 50 por ciento del coste del coste de la expropiación, pues consideraba que la Junta “eludió su culpa en una situación que era en buena parte responsabilidad suya”. Planteó que se concretase en algún tipo de acuerdo o convenio por el que se compensase “la mitad del coste de la factura del Zambrana”. Y se esperaba que lo hiciese “a través de programas como el de vivienda” por ese mismo valor. Sin embargo, la respuesta de Pilar del Olmo "fue negarse en rotundo", ha recordado Saravia, que ha precisado que el grupo municipal del PP "no compartía esa postura en absoluto"

Historia

El suelo se expropió hace casi 80 años por el Estado (en 1943) para construir un ‘reformatorio’. Pero parte de la finca quedó para otros usos, en manos de la Junta, que lo devolvió a los herederos del expropiado en 2007. Al no poder destinarse a ningún uso lucrativo, por impedirlo el planeamiento vigente, solicitaron al ayuntamiento, después de intentar modificar el uso, la expropiación. La cual, finalmente, se valoró en los 20 millones antedichos.

Supuso, por un lado, el ingreso en las arcas de la administración regional de 4.249.727 euros (en concepto de reversión). Pero por otra parte llevó al pago de una expropiación posterior, por parte de la administración local, de 16.774.328 euros, más los intereses (cerca de 20 millones).

Tras la Comisión de Investigación que se llevó a cabo en el ayuntamiento se puso de manifiesto que en este fiasco urbanístico la responsabilidad recaía en las dos administraciones, la regional y la local. Pues entre ambas, con su comportamiento (acciones y sobre todo omisiones) llevaron a no adecuar el plan vigente y acabar obligando a la expropiación. Pero curiosamente, mientras la Junta ingresaba algo más de 4 millones, el Ayuntamiento tuvo que pagar en torno a 20.

En este momento se está tramitando un PERI que afecta a los terrenos expropiados, y que se vincula a la regeneración del ámbito de Aramburu-las Viudas. En él se prevé una inversión de algo más de 26 millones de euros, de los cuales corresponderían cerca de 12 al Ayuntamiento; mientras que la administración regional aportaría, en principio, el 20 por ciento.

Ahí tiene su contexto la propuesta de Toma la Palabra, para que la Junta asuma no ese 20 por ciento sino una cantidad superior, del 50 por ciento y de 10 millones de euros.