El Ayuntamiento de Valladolid cierra su Oficina Municipal de Consumo, tras 37 años de servicio

R. Travesí 

El Ayuntamiento de Valladolid ha cerrado la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) al considerar que la competencia de Consumo es de la Junta de Castilla y León. De esta manera, Valladolid se convierte, tras Palencia, en el segundo consistorio de una capital de provincia en tomar la decisión de suprimir este servicio de carácter público y gratuito de información y orientación para los consumidores y usuarios así como de mediación en los conflictos en materia de consumo. En este sentido, el equipo de Gobierno municipal de Valladolid ha optado por mantener la labor de la Junta Arbitral de Consumo, a diferencia del Ayuntamiento de Palencia que decidió también su cierre.

La OMIC de Valladolid cesó su actividad hace tres semanas, después de estar en funcionamiento desde el año 1983. El acceso a la oficina, ubicado en la calle Hostieros de Mercado municipal El Campillo, está cerrado desde hace tres semanas. Un pequeño cartel junto a la puerta recoge que 'La OMIC del Ayuntamiento ha cesado su actividad', además de apuntar que el ciudadano que necesite realizar alguna consulta de consumo o presentar alguna reclamación puede dirigirse a la Sección de Consumo del Servicio Territorial de la Junta (edificio de Usos Múltiples) y a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta (edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda). Además, recuerda que para los que residan en un municipio de la provincia se pueden dirigir a la OMIC de la Diputación de Valladolid. Por último, el cartel cita a tres asociaciones de consumidores que operan en la capital (Adicae, Facua CyL y UCE).

La concejal de Innovación, Promoción Económica, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid, Charo Chávez, aseguró a la Agencia Ical que el equipo de Gobierno ha optado por el cierre de la OMIC por que Consumo no es una competencia municipal, tal y como les ha recordado la Junta de Castilla y León en una carta remitida al Consistorio y así lo recoge el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. Además, subrayó que, en un escenario de crisis económica y social por la pandemia del COVID-19, el municipio ha optado por “ser eficiente” y centrar sus recursos en la reactivación económica, las ayudas al pequeño comercio y las empresas de servicios y el apoyo a los mercados municipales así como otro retos importantes para el consumidor como la reducción de la brecha digital entre los vallisoletanos. “La OMIC no encaja en las nuevas circunstancias”, manifestó.

Chávez también precisó que Intervención había apuntado a la Concejalía la dificultad para justificar unas partidas destinadas a la Oficina de Información del Consumidor cuando es una competencia impropia. La edil reconoció que la OMIC era una oficina “emblemática” para la ciudad pero que se limitaba a dar información y tramitar los expedientes porque la administración encargada de resolver los asuntos es la Junta. Además, ahora, el Ayuntamiento no recibía ninguna subvención económica para el mantenimiento de este servicio. En todo caso, precisó que algunos de los siete funcionarios que, hasta ahora, estaban destinados en la OMIC tramitarán todos las reclamaciones que hubieran presentado los ciudadanos antes de su cierre.

La concejal precisó que la decisión del cierre de la oficina municipal fue comunicada a las asociaciones de consumidores y abogó por que el Ayuntamiento continúe con la colaboración con estas organizaciones para apoyar su labor de información al ciudadano. Además, manifestó que la Junta Arbitral de Consumo, que es una competencia delegada del Gobierno central y por la que el Consistorio recibe una compensación económica, continuará con su actividad normal, aunque se ha trasladado a la Agencia de Innovación, ubicada en Parque Alameda.

Preguntada por el futuro de las instalaciones que hasta ahora ocupaban la OMIC, Charo Chávez precisó que se transformará el espacio para acoger un servicio de atención a la digitalización y a los servicios públicos, en el marco de la apuesta de Valladolid por las ciudades inteligentes. “Esto sí que es una competencia municipal”, aseveró.

El Ayuntamiento de Palencia tomó la decisión del cierre de su OMIC a principios de año y la justificación es la misma que en el caso de Valladolid. Así lo explicó a Ical el concejal de Desarrollo Económico y Empleo de la capital, Urbano Revilla, quien manifestó que el servicio de información al consumidor, la recogida de quejas relacionadas con el consumo y las labores de intermediación entre usuarios y empresas no son competencias municipales sino que es algo que ya presta la Junta de Castilla y León. “Desde que llegamos al Consistorio, hemos hecho todo lo posible para evitar duplicidades en las administraciones públicas y el Consumo es un claro ejemplo”, declaró.

Revilla añadió que la competencia de Consumo no había sido delegada por la Junta a los ayuntamientos, además de que el Consistorio no recibía ninguna ayuda económica. “Decidimos ahorrarnos el coste de un servicio, al que el Ayuntamiento podía destinar unos 80.000 euros para hacer frente a los sueldos de las dos funcionarios y otra persona eventual, que se han ido a otros departamentos que había que reforzar”, manifestó.

Estatuto del Consumidor

El cierre de las dos primeras oficinas municipales de Consumo en Valladolid y Palencia responde a los cambios que supuso el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, aprobada en 2015, que en su articulado recogía que la Junta “promoverá la creación de oficinas de información y protección al consumidor, de carácter público o gestionadas por las asociaciones de consumidores y usuarios”.

Suponía una novedad al considerar que se podía entender que el servicio estaba cubierto con las entidades privadas y asociaciones. En cambio, la ley anterior de 1998 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León, señalaba que las administraciones públicas con competencias en materia de consumo “podrán crear servicios u oficinas públicas de información y protección al consumidor, en las que se informe a los consumidores sobre el ejercicio de sus derechos y se reciban y resuelvan sus denuncias o reclamaciones”. Además, su articulado incluía que “todas” las ciudades de más de 20.000 habitantes debían contar con, al menos, un servicio u oficina pública de información y protección al consumidor. Se añadía que la Junta de Castilla y León velaría porque estas oficinas garantizaban el derecho de todos los consumidores de la Comunidad Autónoma a recibir los servicios, “colaborando con las corporaciones locales en su funcionamiento y en la prestación de sus servicios a zonas más amplias que el ámbito municipal”. Hasta el punto que precisaba que la Junta debía “fomentar” y “apoyar” la creación de este tipo de oficinas.

Mediación e inspección

Ante este nuevo escenario, corresponde a la Junta realizar la labor de información y mediación en ciudades como Valladolid y Palencia para lo que será necesario destinar más recursos para crear una unidad específica, con personal, que también tendrá que llevar a cabo la tramitación de las denuncias de los consumidores. No en vano, hasta hace unos años la materia de Consumo estaba repartida entre los ayuntamientos, que realizaban la labor de información, tal y como hacen las asociaciones de usuarios y consumidores pero con un carácter público y gratuito, además de tramitar la mediación. Por su parte, las comunidades autónomas tenían encomendada la labor de inspección para velar por el cumplimiento de la ley. Fuentes consultadas por la Agencia Ical apuntaron del peligro de un “conflicto de intereses” si la Junta es “juez y parte” al tener que asumir el trabajo de mediación, por un lado, y de inspección y sanción, por otro.

OMIC de Burgos

A diferencia de lo ocurrido en Valladolid y Palencia, el Ayuntamiento de Burgos se muestra convencido en continuar con su OMIC aunque ha reclamado a la Junta una confinanciación de la oficina, que supone un presupuesto anual de 175.000 euros. Hasta el propio alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, pidió la colaboración económica de la administración autonómica. Eso sí, reconoció que se trataba de una competencia impropia, que se prestaba de manera “generosa” por parte del Consistorio.