Este lunes, 26 de febrero, ha arrancado en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la excúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León por el denominado como caso de ‘La Perla Negra’ en un macrojuicio de 26 jornadas que se espera que llegue hasta el mes de mayo.

Esta semana se celebrarán 3 jornadas, este lunes, martes y miércoles, en el que se van a abordar las cuestiones previas para que luego comparezcan los 90 testigos y peritos que proponen las diferentes partes y se espera que, desde el 11 de abril, comiencen a declarar los 12 acusados.

Y eso en principio, porque en marzo de 2022, y una vez que comenzó la causa, la Audiencia de Valladolid decidía suspenderlo, y devolverlo al Juzgado de Instrucción Número 2, al considerarse que no se había dado traslado completo de todas las actuaciones a las partes y todo con el fin de evitar la vulneración del derecho de defensa de los acusados.

Se está investigando lo que ocurrió entre el año 2005 y el 2011 con el edificio que la Junta de Castilla y León compró en Arroyo y los terrenos de Portillo. Entre los acusados, cinco excargos de la Consejería y siete Empresarios que tendrán que explicar los presuntos sobrecostes del edificio de Arroyo y las parcelas fantasmas de Portillo.

En 23,4 millones de euros ha fijado la Fiscalía el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta. En el escrito de acusación argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble más de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.

En lo que respecta a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.

Rafael Delgado pide a la Junta salir de la causa y la prescripción de los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias

En la mañana de este lunes, 26 de febrero ha comenzado el juicio con las cuestiones previas. El primero en hablar ha sido el abogado de Rafael Delgado. La Fiscalía pide para el viceconsejero de Economía de la Consejería de Economía y Empleo entre el 10 de julio de 2003 y el 12 de julio de 2012. Desde esa fecha fue secretario general de la consejería. El Ministerio Fiscal le imputa un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos con tráfico de influencias y otro de malversación que suman 11 años de prisión.

“Pedimos la expulsión de la Junta de Castilla y León como acusación particular en este juicio. Además, el archivo de las actuaciones contra Rafael Delgado por los delitos de prescripción de revelación de secretos y también por tráfico de influencias”, ha pedido el letrado de Rafael Delgado.

Además, ha pedido sacar de la causa el presunto delito de cohecho por la compra de una casa de Delgado en el centro de Valladolid.

La Fiscalía, en consonancia con la Junta de Castilla y León, que ejerce la acusación particular y el PSOE que ejerce la popular, han asegurado que los delitos no han prescrito y se han limitado a asegurar que ese presunto de delito de cohecho no aparece en la causa.

Begoña Hernández pide la nulidad de la apertura del juicio oral

“No sabemos de qué se nos acusa. Solicitamos la prescripción de todos los delitos y solicitamos la nulidad de la apertura del juicio oral”, ha asegurado en la mañana de este lunes, 26 de febrero, el abogado que ejerce la defensa de Begoña Hernández, en la primera jornada del macrojuicio de la Perla Negra y los terrenos de Portillo que ha arrancado hoy.

En el caso de Begoña Hernández, la Fiscalía solicita para ella penas de 11 años de prisión total por un delito continuado de revelación de secretos con un delito de tráfico de influencias, y un delito continuado de malversación.

Begoña Hernández ocupo la viceconsejería de Economía y Empleo desde el 12 de julio de 2007 hasta que fue cesada por acuerdo de 30 de junio de 2011 para pasar a ser la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo en dicha consejería, siendo cesada en 2015, concretamente el 23 de julio de ese año.

La Fiscalía ha vuelto a recordar los hechos que se imputan contra dicho acusado y desde la Junta de Castilla y León, el letrado ha asegurado que no procede la anulación del juicio.

Juan Carlos Sacristán y la “vulneración del derecho de defensa”

Por su parte, el abogado de Juan Carlos Sacristán, para el que la Fiscalía pide 11 años de prisión también por los delitos continuados de revelación de secretos con un delito de tráfico de influencias y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Sacristán era el consejero delegado de Gestión Urbanística de Castilla y León, Gesturcal, entre el 1 de enero de 2004 y el 15 de septiembre de 2008.

“Nos encontramos ante una vulneración del derecho a la defensa. Hay ausencia del certificado del contenido de la causa. No existe tal certificación. Pedimos la nulidad del escrito de acusación”, ha apuntado, el letrado que ha calificado de “desastre” las pruebas que se han aportado a las defensas.

Por ahí ha ido también la defensa del cuarto de los acusados, Salvador Molina Marín, director gerente de Gesturcal que ha apuntado a una “vulneración del derecho a la defensa en el proceso” y ha pedido la “nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral”.

Salvador Molina fue el director gerente de Gesturcal y para él, la Fiscalía pide una pena de prisión de cuatro años de cárcel por malversación. “Interesamos la nulidad y no la suspensión”, ha señalado la letrada mientras que desde la acusación particular que ejerce el PSOE han asegurado que “no procede”. 

El abogado de Alberto Esgueva pide el sobreseimiento de la causa para su defendido

Por su parte, y tras un receso que se ha producido a eso de las 12.10 horas de la mañana y que ha durado algo más de 20 minutos. Ha sido el abogado de Alberto Esgueva, Óscar Ovidio, el que ha retomado la primera jornada del juicio de la Perla Negra.

“¿En qué consistió el abstracto camino para favorecer la contratación por parte de mi defendido? Como es hermano de otro encausado se asume que benefició a las operaciones de su hermano. Como fue alto directivo de la Junta, facilitó diferentes operaciones… Son premisas fácticas que no tienen un valor delictivo. No hay una clara diferenciación de lo que se acusa. Una persona acusada tiene que serlo de hechos concretos, no de escritos de acusación”, ha apuntado el abogado.

Ovidio ha pedido el sobreseimiento de la causa contra su defendido. “No debe permanecer ni un minuto más en el banquillo”, ha afirmado. Pero la Fiscalía lo ha vuelto a rechazar.  Alberto Esgueva está acusado de un delito de violación de secretos penado con 6 años de prisión.

El resto de acusados

Ángel Román Montes López, acusado de un delito de violación de secretos, a través de su letrado, ha pedido la prescripción de los hechos de los que se le acusa, también rechazado por la Fiscalía.

Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro, además de Francisco Armero esperarán al lunes para ver en que queda la resolución de las cuestiones previas.

El juez ha levantado la sesión a eso de las 13.20 horas de este lunes, 26 de febrero. Ha acordado, para el próximo lunes, 4 de marzo la contestación relativa a estas cuestiones previas para que a las 10 de la mañana arranquen, en principio y salvo sorpresa mayúscula, las declaraciones de los diferentes testigos que van a pasar por la Audiencia de Valladolid en un juicio que se alargará hasta mayo. De momento, y por esta semana, es todo.

Concepción, convencido de que los magistrados aplicarán la ley

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, se mostró convencido hoy en que los magistrados del caso de la ‘Perla Negra’ aplicarán la ley conforme a las pruebas que se vean a los largo del juicio que se inició este lunes en la Audiencia de Valladolid.

Tras calificar de “complicado” este juicio, que sienta en el banquillo de los acusados a exaltos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta por posible sobrecoste en la compra del edificio de Arroyo y del fallido polígono de Portillo, manifestó que los magistrados aplicarán la ley conforme a las pruebas que se practiquen en el juicio y decidirán conforme a derecho.

Así lo señaló en declaraciones durante su asistencia al acto institucional de conmemoración del 41 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, justo el día en que se ha iniciado esta causa que prevé celebrar sesiones hasta el mes de mayo.