Carlos Martín Tobalina, hoy viceconsejero de Economía y Competitividad, y en su día Director general de Industria ha sido el principal testigo de una nueva sesión matinal del juicio del caso Perla Negra. Tobalina ha reconocido que no conoció nada de la posible adquisición de unos terrenos para albergar todos los edificios de la Consejería de Empleo hasta que se trató de un consejo de administración del 31 de marzo de 2011. Según su testimonio, la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda fue una decisión que se tomó en la Consejería de Economía, señalando como principal responsable de las dos operaciones al entonces consejero Tomás Villanueva, ya fallecido, ya que planteó la necesidad de “hacer un esfuerzo” para incrementar la bolsa de metros industriales en la Comunidad.

Martín Tobalina fue vocal del consejo de administración de Ade Parques hasta 2015-a partir de la fusión en 2008 entre Gesturcal y Parques Empresariales-y Baeta en idéntica condición desde 2005 y hasta 2015, antes y después de la integración.

Martín Tobalina ha apuntado que siendo director general de industria conoció a Francisco Esgueva, del grupo San Cayetano, en marzo de 2008 ya que estaban tratando la crisis en Smurfit Kappa y la posibilidad de recolocar a sus trabajadores. Fue entonces cuando este empresario le planteó que un grupo de promotores había adquirido terrenos en Portillo que ofrecían a la Junta. A lo que él contestó que no eran sus competencias. “Mis competencias eran desde Parques tecnológicos no para esto, por lo que le dije  que se lo tenía que trasmitir a los que eran competentes y los que toman decisiones, en este caso los gestores de Gesturcal (Rafael Delgado y Juan Carlos Sacristán) o al titular de la Consejería de Empleo”, ha explicado, es decir, Tomás Villanueva.

No se volvió a hablar del tema hasta que el entonces secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, en una conversación en los pasillos le pidió que organizara un encuentro entre responsables de San Cayetano y Gesturcal para hablar del asunto, reunión que finalmente tuvo lugar en noviembre de 2008 aunque sin concretar nada y sin hablar de cifras. No fue hasta el consejo de administración de Gesturcal del 31 de marzo de 2011 en el que se enteró de que Delgado había pagado 34 millones por los terrenos de Portillo, lo que motivó las objeciones de distintos vocales y la solicitud de un informe jurídico al letrado asesor. En este caso “había opiniones contrarias sobre el grado de endeudamiento”, ha señalado ante la pregunta de los abogados defensores.

Tobalina ha explicado que la adquisición de estos terrenos formaba parte de un plan estratégico de la Junta para aumentar la superficie industrial que poder ofertar a posibles inversores en el conjunto de la Comunidad, sobre todo en la zona sur de Castilla y Leon, de ahí que se apostara por estos terrenos en la zona sur de Valladolid, concretamente en Portillo.

Por su parte, Francisco Javier de Andrés Guijarro, que fuera número dos de la consejería de Hacienda y que también formó parte de los consejos de administración de Gesturcal. En la misma línea se ha señalado que las decisiones en torno a la compra del polémico edificio de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del parque de Portillo las tomó la consejería de Economía. “No eran competencias de la Consejería de Hacienda porque nunca tuvo ninguna competencia en relación a las operaciones patrimoniales de las empresas públicas, estaba fuera”. También ha confirmado que los directivos de Gesturcal contaban con plenos poderes para realizar operaciones de calado como la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda o la adquisición de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo.

De Andrés Guijarro explicó que cuando se pidieron explicaciones tras conocer la compra de los terrenos de Portillo en una reunión del Consejo de Administración de Gesturcal en marzo de 2011, los responsables de la sociedad argumentaron que la operación se había llevado a cabo legalmente. Al mismo tiempo, recalcó que fue la propia Begoña Hernández, que entonces era la consejera delegada, la que dio diferentes explicaciones y argumentó que la fórmula elegida para los terrenos de Portillo era la más idónea, dado que de esta forma se evitaban procesos más costosos como podrían ser las expropiaciones.

En esta sesión también han declarado otros nombres como José Manuel Blázquez Jiménez, entonces director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, o Javier Rodríguez Segovia, Jesús Jiménez Miguel (exdirector general de ADE) y hoy director general de la Industria. Este último, que fuera director general de Ade Parques Tecnológicos y Empresariales entre 2008 y 2011, ha asegurado que todo lo relativo a la compra la supo por boca de Rafael Delgado y el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina y que la opción de compra de terreno industrial, en lugar de la expropiación por hacerlo más tedioso en el tiempo, fue una decisión directa de Delgado. Un dato curioso es que ha afirmado que Begoña Hernández receló respecto de la adquisición de terreno para el fallido polígono industrial.

 La quinta jornada del juicio arrancará el próximo lunes, día 11, a las 10.30 horas.