El Mercado del Val es el mercado más antiguo de Valladolid y alberga numerosos puestos de alimentación y varios gastrobares en un edificio muy representativo de la arquitectura industrial de finales del siglo XIX. Tras las obras finalizadas en el año 2016, el mercado se renovó completamente, y desde entonces, a pesar de haber sido objeto de licitación, el espacio destinado a restauración y hostelería no ha estado ocupado en ningún momento.

Por ello, en el año 2023 se lanzó una expresión de interés con la finalidad de identificar proyectos solventes, con cierto grado de madurez, preferentemente relacionados de algún modo con la gastronomía y la alimentación, pero sin cerrarse a otras posibilidades, y que pudieran aportar valor añadido al mercado del Val y a la ciudad de Valladolid, pero no se recibió ningún proyecto que el Ayuntamiento considerase económicamente viable y adecuado para las instalaciones y sus fines.

Por lo tanto, no habiendo otras propuestas que recomendaran el cambio de uso de este espacio, y teniendo en cuenta que la última licitación de este espacio tuvo lugar en octubre de 2022, en la que no se recibió ninguna solicitud para su explotación, se vuelve de nuevo a licitar, si bien en unas condiciones más ventajosas de plazo y canon concesional.

El objeto de esta licitación es apoyar el emprendimiento y el desarrollo de la economía de la ciudad, impulsando para ello la actividad comercial de los mercados de abastos municipales mediante la explotación y el aprovechamiento privativo de sus espacios.

Se pretende lograr, además, una gestión adecuada de los recursos, una mayor proximidad a la ciudadanía, así como fomentar de la economía urbana a través de colaboraciones y sinergias con los negocios del propio mercado y del comercio local, basadas en la prestación de un servicio público complementario al que ofrecen los puestos de venta del mercado.

Este procedimiento de concesión demanial de dominio público del espacio destinado a la indicada actividad complementaria del mercado, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre patrimonio de las administraciones públicas y la reguladora de bienes de las entidades locales, se tramita en régimen de concurrencia, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Para la selección del adjudicatario se establecen unos criterios objetivos, entre los que destaca, por su mayor valoración, el canon ofertado por los solicitantes, pero que tienen también en cuenta otros criterios que se consideran importantes para asegurar la buena marcha de la actividad y la calidad del servicio que se ofrezca a los clientes, como son la experiencia del personal que el solicitante empleará en la gestión del establecimiento, así como el proyecto de explotación, en el que se tendrán en cuenta los puestos de trabajo, el fomento de la economía local y la organización y calidad del servicio que incluya la propuesta.

Los licitadores deberán, además, acreditar disponer de solvencia económica y técnica o profesional, así como contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad o prestación que se desarrollará en el espacio objeto de la concesión.

Con objeto de asegurar la amortización de las inversiones necesarias, especialmente en el ámbito de la cocina, se establece un plazo de duración de la concesión de 30 años a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del documento administrativo de formalización de la concesión, sin posibilidad de prórroga, por lo que, una vez concluido el plazo, el espacio revertirá al Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de ofertas por los interesados será de 30 días a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, y deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).

La concesión se formalizará en documento administrativo, y el concesionario vendrá obligado a la apertura al público del establecimiento en el plazo de seis meses desde dicha formalización.