En la Audiencia de Valladolid, este martes 17 de septiembre, y desde las 10.00 horas, se va a celebrar el juicio contra dos personas acusadas de un delito contra los derechos de los trabajadores y piden para cada uno de ellos tres años de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que el acusado A.M.D. actuando en su condición de empresario, se dedicaba a la prestación de servicio agrícola, contratando para ello a jornaleros. Si bien, explica el Ministerio Fiscal, la persona que realmente actuaba como empleador “contratando con los empresarios españoles, aunque no firmando el contrato, dirigiendo la actividad en el campo y efectuando los pagos, era el también acusado S.M.T.”.

Ambos acusados, explica, se han dedicado “desde el año 2021” a la “captación de personas extranjeras, principalmente en situación de estancia irregular en territorio español, para realizar trabajos agrícolas, imponiéndoles unas condiciones laborales que contravenían, en perjuicio de los mismos, la normativa en esta materia para el sector”.

La Fiscalía añade que “se aprovechaban de esa situación de necesidad acuciante de conseguir dinero para subsistir en la que se encontraban dichas personas y dada su imposibilidad de trabajar de manera legal”.

En una visita de los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, sobre las 9.00 horas del 6 de agosto de 2021, en la finca rústica situada en el polígono 2 una parcela de Muriel de Zapardiel, se “constató la existencia de 15 jornaleros empleados en la recogida a mano de patata” entre los que estaba S.M.T. como jefe de cuadrilla y A.M.D. como jornalero, ambos naturales de Rumanía.

La Fiscalía apunta que se da la circunstancia de que “en el momento de comparecer la Inspección de Trabajo, ninguno de los jornaleros estaba dado de alta” y, con posterioridad, entre las 11.30 y 12 horas del citado día “un total de cinco personas fueron dadas de alta”.

Se constató que otros cuatro “se encontraban desde el punto de vista de la legalidad de la estancia administrativa, en situación de irregularidad y, por tanto, sin permiso ni posibilidad de trabajar legalmente”.

“Los trabajadores mencionados desarrollaban su jornada laboral sin contrato, ni alta en la Seguridad Social y por un jornal inferior al establecido por el convenio para el sector”, remarca la Fiscalía.

Los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y el Ministerio Fiscal pide para ellos tres años de cárcel, accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 10 meses con una cuota diaria de 15 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día por cada dos cuotas impagadas o costas.