CSIF Valladolid ha expresado este jueves su “seria preocupación” por la falta de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico, con un 27% de vacantes en la plantilla (14 de 51 puestos), cuando la media española es de un 21% (988 de 4.528 plazas totales).
CSIF asegura que "estamos ante una situación crítica en Valladolid, que repercute negativamente en la atención al usuario, provocando -por ejemplo- un aumento del tiempo de espera en los exámenes del permiso de conducir".
Para intentar paliar la carencia de funcionarios, a los examinadores se les está obligando a realizar tareas de oficina un día a la semana, "lo que retrasa la realización de sus propias funciones y competencias, como es examinar a los ciudadanos del carnet de conducir".
"A la falta de empleados de oficina hay que sumar que de las 10 plazas de examinadores de tráfico de Valladolid dos están vacantes, es decir, un 20%", añade CSIF.
El impacto en la atención al público es "significativo", según Honorio Gordo, responsable del sector de Administración General del Estado (AGE) de CSIF Valladolid.
Los ciudadanos se enfrentan a un sistema de cita previa en Tráfico que, "frecuentemente, les dice que el horario de atención al cliente está completo para los próximos días, inténtelo más tarde. Incluso para trámites como el cambio de domicilio, la cita puede darse para dentro de un mes. Las demoras son cada vez mayores".
Los trabajadores de la Jefatura de Tráfico de Valladolid "están desbordados por la sobrecarga laboral, y la calidad del servicio que los ciudadanos reciben se ve comprometida".
Además, el sindicato independiente denuncia "la actitud de una Dirección que está propiciando un mal ambiente, asfixiante, con directrices desconcertantes a los trabajadores, que incluso resultan irrespetuosas, lo que hace que -año tras año- los funcionarios soliciten cambios de destino".
CSIF exige una oferta de empleo público para 2025 en la que quede eliminada la tasa de reposición, que no se impidan los traslados solicitados, que se mantenga un clima de respeto, y que se garantice "un servicio público eficiente y unas condiciones laborales dignas".
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