La Diputación de Valladolid volverá a colocar la bandera LGTBI tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo

La Diputación de Valladolid volverá a colgar la bandera LGTBI durante los actos conmemorativos del Día del Orgullo, tal y como se acordó en su día, al no existir ya ningún impedimento legal con la sentencia del Tribunal Supremo, esperando que dicha sentencia se haga firme y buscando el máximo acuerdo con el resto de los grupos políticos. 

Así lo ha comunicado el equipo de Gobierno, a través del diputado Alfonso Romo, durante el último pleno de este año, celebrado en la mañana de este viernes, 27 de diciembre, y como respuesta a la pregunta planteada por el grupo socialista. 

Este ha presentado un ruego al Pleno de la Diputación, con el fin de mantener la colocación de dicha bandera, en virtud del Artículo 5 de la ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

Miriam Chacón ICAL

Querella contra los Magistrados del Supremo que avalaron la bandera LGTBI en la Diputación de Valladolid

Lo ha hecho tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que anula la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, avalando la bandera gay en edificios públicos al estipular que la colocación de dicha bandera no infringe la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera española y otras banderas y enseñas, ni tampoco los principios de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas. 

Ante esto, el diputado ha aclarado que, aunque aún desconocen si la sentencia dictada por el Supremo es firme, "si la sentencia nos da la razón y es firme, volveremos a actuar con el acuerdo de Pleno, si nos dejan". 

Unas palabras con las que ha confirmado que la intención del equipo de Gobierno es que la bandera representativa del colectivo LGTBIQ+ vuelva a ondear en el Palacio de Pimentel. 

"Si no, seguiremos haciendo más o menos lo que hemos hecho hasta ahora, buscando el consenso del mayor número de grupos posibles, a poder ser por unanimidad", ha añadido. 

Del mismo modo, ha destacado que "lo que ha hecho este equipo de Gobierno durante todos estos años es buscar unanimidad para poder reivindicar ese día". 

Reacción del PSOE

Esta decisión ha sido celebrada por el grupo socialista que, por su parte, se ha mostrado "muy satisfecho" por la resolución de este recurso, así como por la decisión del equipo de Gobierno. 

Sin embargo, el portavoz del grupo socialista, Francisco Ferreira se ha mostrado muy crítico con el proceso llevado a cabo por la Diputación, al considerar que, aunque esta "ha incumplido con su obligación presentando recurso, el equipo de Gobierno ha llevado el asunto con opacidad". 

Miriam Chacón / ICAL

El Supremo decidirá, por primera vez, en la polémica por la colocación de la bandera arcoíris en la Diputación de Valladolid

Asimismo, ha expresado que el grupo socialista no entiende "la disparidad de posiciones dentro del Partido Popular de Valladolid, teniendo en cuenta que el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, es también el presidente provincial del partido". 

A lo que ha añadido: "Y lo entendemos menos todavía, teniendo en cuenta que esta decisión se aprobó siendo Jesús Julio Carnero presidente de la institución provincial". 

Y es que Carnero, al conocer la decisión del Supremo, ya manifestó que, mientras él siga siendo alcalde de Valladolid, "solo estarán en el balcón las banderas oficiales: la de la ciudad, la de la Junta y la nacional". 

Acuerdos

El Pleno de diciembre de la Diputación de Valladolid también ha aprobado por unanimidad las convocatorias del nuevo Plan Provincial de Gasto Corriente y del Plan de Apoyo al Empleo de los ayuntamientos (PAE) 2025.

En cuanto a la primera, cabe destacar que se trata de una nueva línea de ayudas por valor de 10 millones de euros, que permitirá avanzar en la simplificación administrativa y en la reducción de burocracia, al tiempo que dotará de mayor liquidez y disponibilidad de tesorería a los ayuntamientos.

Esta nueva línea aglutina las anteriores líneas de ayudas que formaban el Fondo de Actividades y Servicios, el Plan de Libertad de Gastos y el Plan de Mantenimiento de Gasto Corriente de los Planes Provinciales, y se va a ver incrementada en 240.000 euros sobre la suma de las anteriores convocatorias para beneficiar, especialmente, a los municipios más pequeños.

Por su parte, el PAE 2025 destinará un importe total de 2.868.880 euros a la creación de empleo en los ayuntamientos con el objetivo de dinamizar los núcleos rurales y fijar población en el mundo rural, creando las condiciones favorables para la oferta de oportunidades de empleo.

En concreto, el Plan va a permitir a todos los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes, así como a las entidades locales menores, acceder a subvenciones para financiar la contratación de personas en situación de desempleo para la realización de obras o servicios de interés general y social.

El Pleno ha aprobado también el Plan Director de Transformación para la Innovación Digital Administrativa de la Diputación de Valladolid 2025-2029. Un Plan que se articula en seis ejes y 48 medidas y que busca aplicar la innovación tecnológica para implementar nuevos modelos de gestión de los procesos internos y liderar un proceso que convierta a la provincia en un territorio inteligente.

Asimismo, se ha aprobado la resolución del Fondo de Cohesión Territorial, que incluye 173 actuaciones por un importe total de 1.256.319 euros, de los cuales 628.159 euros corresponden a la aportación de la Junta de Castilla y León, 314.080 euros a la aportación de la Diputación de Valladolid y 314.079 euros a la aportación de los ayuntamientos beneficiados.

Por último, se ha aprobado la prórroga forzosa del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio por una duración de tres meses (hasta el 30 de abril de 2025).

Y es que, según han explicado desde la Diputación, dicha prórroga atiende a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio a partir del 31 de enero de 2025, fecha en la que finaliza el actual contrato, al tratarse de un servicio esencial y obligatorio en su provisión de conformidad con la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, y teniendo en cuenta que aún se está en fase de valoración de las ofertas presentadas y adjudicación del nuevo contrato. La prórroga supondrá un importe máximo de 3.085.867,08 euros (IVA incluido).