La Diputación de Valladolid ya está ejecutando el 74% de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa

Desde que la Diputación de Valladolid aprobase, en junio de 2024, su plan de Responsabilidad Social Corporativa, ya se han llevado a cabo actuaciones en relación a 117 de las 158 previstas, es decir, el 74% del total.

Ha sido este 11 de marzo cuando el Comité de Responsabilidad Social Corporativa se ha reunido por primera vez para evaluar la marcha del programa y aprobar las líneas estratégias para este año.

Según el informe presentado, más de un centenar de acciones están en ejecución y tendrán continuidad a lo largo del presente ejercicio. Durante el resto de 2025, se prevé que se llegará a trabajar en torno a 128 de las acciones, el 82% del total, siendo la mayor parte de ellas como continuidad de las que ya están en marcha.

Dicho plan lleva a cabo acciones de forma transversal, con la implicación de todos los servicios provinciales alrededor de los ejes ambiental, social y de buen gobierno. De forma global, trabajan en la inclusión de criterios sociales y ambientales en las contrataciones de la Diputación y se lleva a cabo una evaluación del impacto social y ambiental del presupuesto anual.

Durante el último trimestre de este año comenzarán con una formación medioambiental específica para todo el personal provincial, lo que ayudará a la puesta en marcha de la estrategia de Economía Circular, que en breve comenzará su proceso de elaboración, en línea con el pacto promovido por la Junta en esta materia.

Asimismo, desarrollarán distintas acciones sectoriales más concretas, como la adaptación de la oferta turística para un turismo accesible y responsable, el impulso del compostaje comunitario o el apoyo y atención psicosocial a domicilio para personas mayores que viven solas.

En la reunión mantenida este martes, el comité ha aprobado las líneas de trabajo para este año. Una de ellas es el establecimiento de un sistema de interlocución permanente entre las áreas y vecinos, que sea operativo y fluido, para asegurar el siguimiento de la implementación del plan.

Asimismo, se prevé potenciar la interlocución con los diferentes grupos de interés, impulsando la participación y el diálogo de los agentes sociales, para lo que se elaborará un plan de diálogo que establecerá los cauces para valorar las acciones contempladas y proponer mejoras.

De igual manera, darán importancia a la difusión de las acciones realizadas, a efectos de rendición de cuentas, para lo que desarrollarán un informe detallado de las acciones en marcha y se planificará una estrategia de difusión pública hacia los grupos de interés y el público en general.

Por último, trabajarán en la planificación de las acciones cuya implementación aún no está prevista, para calendarizarlas en los años venideros y plantear a medio plazo la actualización y revisión del plan.

El plan pretende ser un marco estratégico que proporcione orientación y directrices para alinear todas las acciones y decisiones en torno a los tres ejes estratégicos. Al mismo tiempo, está plenamente orientado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para abordar desafíos globales como la pobreza, el cambio climático, la sostenibilidad y la desigualdad.

Para lograr estos objetivos, el Plan contempla 158 acciones concretas. Algunas acciones tienen un carácter transversal que hace que se ubiquen en más de un eje de actuación.

Además, con la monitorización y seguimiento permanente del cumplimiento de los objetivos marcados a partir de los indicadores para cada una de las acciones se permite una continúa actualización del plan e ir introduciendo nuevas acciones a medida que se vayan cumpliendo las iniciales.

Las 93 acciones del eje social van dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la igualdad, la inclusión y el acceso a servicios esenciales. Esto incluye desde programas de apoyo a familias y comunidades hasta la promoción de actividades culturales y deportivas que enriquezcan la vida de la ciudadanía.

En este eje se ubican actuaciones destinadas a cuestiones como la organización de actividades deportivas adaptadas para personas con discapacidad; la promoción de la Educación Global para el Desarrollo Sostenible en los centros educativos de la provincia; la extensión del Programa de Ayuda a Familias al conjunto de la provincia; el desarrollo del Plan de Dinamización Económica de la Mujer Rural; la adaptación de la oferta turística al turismo accesible; la inclusión de criterios sociolaborales en los pliegos de contratación; la inclusión de criterios sociales en las inversiones en los municipios menores de 20.000 habitantes; o la realización de análisis de impacto social y ambiental de los presupuestos provinciales.

El eje de buen gobierno refleja 36 medidas que se centran en la gestión transparente y eficiente de la Diputación de Valladolid, permitiendo garantizar la integridad, la ética y la rendición de cuentas en todas sus operaciones. Esto incluye la promoción de prácticas de gobernanza responsable y la lucha contra la corrupción en todas sus formas.

Entre estas medidas se encuentra el impulso de un Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo con aportaciones de los municipios; la elaboración de una Estrategia Provincial frente al Reto Demográfico; la dinamización de procesos participativos y de encuentros participativos de ámbito comarcal y provincial; o la puesta en marcha de un nuevo Portal de Gobierno Abierto.

Por último, en torno al eje ambiental hay 36 medidas destinadas a la preservación y protección del entorno natural de la provincia. Esto implica la promoción de prácticas sostenibles en la gestión de recursos, la reducción de la huella ambiental y la participación en iniciativas de conservación y mejora del medio ambiente.

En este apartado se contemplan acciones como el impulso de comunidades energéticas; el apoyo al comercio rural de proximidad; la adaptación a la provincia de la Estrategia de Economía Circular de la Junta de Castilla y León; la inclusión de criterios medioambientales en los Planes Provinciales y la elaboración de guía informativa para los ayuntamientos; la potenciación del compostaje doméstico y comunitario; o la renovación de la flota de la Diputación con vehículos eléctricos y/o híbridos.