El Consejo Consultivo de Castilla y León ha presentado hoy, 20 de abril, en una sesión pública su Memoria del año anterior, en la que se emitieron 696 dictámenes y se resolvieron 208 recursos. La sesión fue presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó en el libro de honor de la institución y allí plasmó su consideración que el Consejo Consultivo es una institucion "clave y fundamental" en la autonomía de la región.

También dejó por escrito que considera que es un instrumento de preservación del ordenamiento jurídico "que contribuye a perfeccionar el sistema de garantías de nuestro estado de derecho". Todo bajo una labor "altamente cualificada", lo cual cree que "es motivo de prestigio" para Castilla y León.

Además, Mañueco, ha clausurado el acto destacando como este órgano ejerce una serie de principios "de forma práctica", incluyendo el principio de garantía, que asegura el exacto cumplimiento de la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico por parte de las Administraciones de Castilla y León. El presidente Mañueco destacó que esto supone "un doble beneficio", ya que la Administración disfruta de la certeza de que sus actos y decisiones se hacen conforme a Derecho y los ciudadanos de Castilla y León "saben que sus derechos y libertades están protegidos por el exacto cumplimiento por los poderes públicos de la legalidad".

Mañueco también ha recordado la idependencia del Consejo Consultivo respecto del Gobierno, y su doble vertiente colaboradora para ajustar su actuación al ordenamiento, y cuya composición "permite que el análisis técnico y jurídico riguroso se combine con la experiencia política, institucional y profesional de sus miembros". Según el presidente del la Junta, la calidad conseguida gracias a este órgano ahorra mucho trabajo a los tribunales, "pues una actuación pública depurada evita que la función jurisdiccional tenga que intervenir en más ocasiones".

"Sus dictámenes y consultas generan un cuerpo de doctrina que hoy sirve de cualificada guía y orientación para las actuaciones de los órganos públicos. Prueba de ello es que el 96% de las resoluciones finales de las administraciones consultantes han seguido las recomendaciones de este Consejo", apuntaba Mañueco.

En cuanto a la cercanía del Consejo Consultivo con las necesidades de la realidad social castellano y leonesa, Mañueco ha destacado la atención requerida por las reclamaciones patrimoniales a la Junta como consecuencia de la pandemia de la Covid 19 y los perjuicios derivados de la prohibición de la caza de lobo. En ambos casos, el Órgano ha fallado la ausencia de responsabilidad por parte del gobierno de Castilla y León.

"No habría tenido que anular importantes decisiones"

Mañueco también ha comparado su función con la de órganos similares en otras comunidades autónomas y en el Estado. Durante la clausura ha afirmado que su labor es "esencial" y ha expresado su confianza en que "si se hubiera acudido a ellos en los momentos oportunos, el Tribunal Constitucional habría dictaminado en situaciones distintas y no habría tenido que anular importantes decisiones de los respectivos gobiernos autonómicos o del propio Gobierno de España".

Igualmente ha destacado la importancia de respetar los informes del Consejo Consultivo y ha afirmado que "si se hubieran respetado sus informes, se habría evitado, sin duda alguna, un gran perjuicio a las personas de nuestra comunidad autónoma y de nuestra nación y se habría reducido una notable alarma social". Según fuentes de la Administración autonómica, el presidente se refería a "reformas urgentes de algunas leyes poco meditadas".

696 dictámenes emitidos el año pasado

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, destacó la importancia de esta institución como encargada de proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en el proceso de toma de decisiones de la comunidad. S. de Vega subrayó la labor de la institución como garante de la legalidad de las decisiones administrativas y de contratación pública y explicó que ambos órganos funcionan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional.

En cuanto a la función consultiva, la Memoria indica que de los 696 dictámenes emitidos el año pasado, un 56,03% (390) fueron solicitados por la administración autonómica, un 43,83% (305) por las administraciones locales y uno por las universidades públicas. En 2022, la administración autonómica superó a las consultas de entidades locales debido a la existencia de dos bloques novedosos.

Mañueco firma en el libro de honor del Consejo Consultivo

Por un lado, la Consejería de Sanidad solicitó dictámenes en 94 expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con los daños y perjuicios derivados de la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tramitó 78 expedientes de responsabilidad patrimonial presentados por los cotos de caza por perjuicios a consecuencia de la prohibición de la caza del lobo. En ambos casos, los dictámenes del Consejo Consultivo fueron desestimatorios. Algo que su presidente, Agustín S. de Vega, justificaba ante la cofusión que cazadores y cotos habían tenido al recibir la etiqueta sobre su solicitud, que "creyeron que les daba derecho a cazar".

Respecto a las materias dictaminadas, los asuntos de responsabilidad patrimonial fueron los más numerosos. De los 696 dictámenes emitidos, un 76 % (530) corresponden a responsabilidad patrimonial. Los expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial fueron los más comunes (161), seguidos por los 94 expedientes relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería, principalmente), 85 de ámbito sanitario y los 78 expedientes relativos a los daños y perjuicios sufridos por la prohibición de la caza del lobo en diferentes cotos de caza.

Alfonso Fernández Mañueco preside la Memoria Anual del Consejo Consultivo

Las provincias de Salamanca, Burgos y León presentaron una mayor frecuencia de dictámenes relacionados con la pandemia de la COVID-19, mientras que Valladolid, León y Salamanca presentaron una mayor frecuencia.

La institución está compuesta por el presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros electivos, Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato y ex presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. La entidad tiene dos órganos con funciones diferenciadas: la consultiva y la correspondiente a la resolución de recursos especiales en materia de contratación pública, algo único en España.