La Junta destaca el reconocimiento del sector a la cobertura residencial y se compromete a aumentar un 25% las plazas públicas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León valoró este lunes los datos del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que establece además, que el índice de cobertura residencial en Castilla y León es el más alto de España con un 7,8 por ciento frente al 4,2 de la media nacional. Asimismo, el número de plazas residenciales tanto públicas como privadas ha pasado en la Comunidad de 42.725 en el año 2010 a 48.089 en 2019, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento mientras que la media nacional se situó en el 5,4 por ciento. 

En este sentido, aprovechó este estudio para recordar el compromiso de legislatura del incremento del 25 por ciento de las plazas residenciales de responsabilidad pública, la revisión del modelo de atención residencial, el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías así como la elaboración de una Ley de Atención Residencial.

Un comunicado de la Junta señaló que la Consejería de Familia, consciente de la necesidad de avanzar "cuanto antes" en la Ley de Atención Residencial, constituyó en julio varios grupos trabajo que han contado con una amplia participación de todos los sectores que han solicitado formar parte de los mismos y en los que han estado representados, la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Servicios Sociales, los sindicatos, la patronal, las asociaciones de personas mayores o con dependencia, los colegios profesionales y grupos políticos además de expertos relacionados con la gerontología y la atención residencial. 

La nota añadió que, a través de distintas ponencias, se han analizado aspectos relacionados con el ámbito laboral, la perspectiva de entidades del tercer sector y colegios profesionales, la atención centrada en la persona, las unidades de convivencia y seguridad, la atención sanitaria, la evaluación de los distintos modelos en España y otros países, así como la perspectiva política, de los propios destinatarios y también el aspecto ético que ha incluido entre otros el análisis de la eliminación de sujeciones.