Los hoteleros llevarán de nuevo el programa del Imserso a los tribunales

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, anunció este jueves la intención de la patronal de recurrir a la Audiencia Nacional los pliegos del programa del Imserso como ya hiciese en 2019, y auguró que el programa podría “acabarse” porque “no es una situación sostenible en el tiempo”.

La reacción del presidente de la patronal llega después de la desestimación del recurso a los pliegos del programa del Imserso presentada por la Cehat y la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que paralizó cautelarmente los viajes a la espera de la resolución.

La decisión es “una noticia negativa para la hostelería española”, aunque se trataba de algo “esperado”, pues “es un tribunal administrativo el que está decidiendo sobre un tema que emite la propia administración”, indicó Marichal.

El presidente de la patronal calificó el programa de insostenible”, pues “con 20 euros no se cubren los costes de dar de desayunar, almorzar y cenar con vino y agua en las comidas; animación, servicio médico y el alojamiento a cualquier persona en nuestro país”, y subrayó que un estudio de la Universidad de Alicante “así lo pone de manifiesto”.

Para Marichal, “se está perdiendo una oportunidad por parte del Gobierno para hacer sostenible el programa” y “para apalancar al sistema turístico español en un momento de dificultad”.

Por ello, la patronal va a recurrir de nuevo ante la Audiencia Nacional, como ya hiciese con los pliegos de 2019, una resolución que todavía están esperando. “Vamos a seguir pidiendo lo que creemos que es justo”, señaló el presidente, que explicó que “el coste mínimo no es el que está en los pliegos del Imserso”, pues, “de hecho, no se adjunta en el pliego un estudio pormenorizado de costes y eso va desde, nuestro punto de vista, en fraude de ley”.

El deseo de Marichal es que “se haga justicia y que se aplique un estudio de costes a esos pliegos que haga que sea de verdad un concurso justo, equilibrado y sostenible en el tiempo”.