Declarada de emergencia la contratación de adquisición de material sanitario por la crisis del COVID-19

El paquete de material sanitario adquirido por la vía de emergencia ha incluido 3.600.000 mascarillas FFP2 por importe de 3.463.200 euros suministrado por la empresa DRYLOCK TECHNOLOGIES, S.L.; 70.000 buzos 5B/6B por importe de 569.184, contratado con la empresa ALYCO IMPORT, S.L; y 50.000 test de detección del COVID-19 con destino al personal de la Junta de Castilla y León por importe de 338.800 euros, proporcionados por la empresa ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, S.L.

Tal y como señala el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, el fin de los efectos del estado de alarma no supone, ni la finalización del nivel de pandemia internacional declarado por la Organización Mundial de la Salud, ni la finalización de la crisis sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, por lo que es necesario el mantenimiento de un conjunto de medidas de prevención y control que aseguren el mayor grado posible de protección de la salud de la población en equilibrio con la recuperación de la actividad social y económica; entre esas medidas se encuentran el suministro de material sanitario al que se refieren las emergencias comunicadas al Consejo de Gobierno.

En este sentido, la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León determina que con el objetivo de garantizar la prestación integral, eficaz y homogénea en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León puede establecer los recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento integrado y coordinado del Centro Castilla y León 1-1-2, el centro de asistencia ciudadana y los correspondientes servicios de asistencia, siendo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la que desarrolle el Sistema de Protección Ciudadana; previéndose, además, en su artículo 56, que en los supuestos en los que se desenlace un siniestro que requiera una actuación excepcional de los poderes públicos, se dispondrá la aplicación del plan que corresponda y la movilización de los servicios y medios necesarios adscritos a él.

Conforme a todo ello y en relación con las medidas de higiene y prevención que se recogen en los sucesivos acuerdos aprobados por la Junta de Castilla y León y relativos al Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 resultó necesario la tramitación de estos tres expedientes por la vía de emergencia, de las cuales se ha dado cuenta hoy a la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados para la anualidad 2020.