Que las cosas en España no se han hecho bien en la gestión de la pandemia de Covid-19 es una queja que lleva repitiéndose casi desde el principio de la misma. Pero, hasta agosto, el descontento lo expresaban expertos de forma individual, muchos atacando a los responsables directos y otros excusándose en lo global y terrible de la situación mundial.
Sin embargo, hace apenas un mes, un grupo de 20 científicos de primer nivel pidieron desde uno de los mejores altavoces para ello -la revista médica The Lancet- que se acabaran las medias tintas: que un comité de expertos independiente analizara qué se había hecho mal en España desde febrero con el único objetivo de mejorar las cosas para la segunda oleada.
Se trataba de hacer un documento que no debía concebirse como un instrumento para distribuir la culpa. "Más bien, debe identificar áreas en las que la salud pública, y el sistema de salud y asistencia social deben mejorarse", escribían los autores.
Ahora, esos mismos científicos -el primer firmante es el epidemiólogo del IS Global de Barcelona Alberto García-Basteiro- han vuelto a utilizar el altávoz de lujo que es The Lancet para decir cómo y cuándo se debe llevar a cabo esa evaluación.
Los autores recalcan en primer lugar el amplio apoyo que recibió su propuesta; más de 50 sociedades científicas y asociaciones que representan a trabajadores en salud pública, médicos y enfermeras, entre otras.
Por eso, argumentan, es ahora el momento de definir cómo ha de ser esa evaluación, tanto en lo que se refiere al momento justo en el que iniciarla, como su alcance y quién ha de liderarla. Para ello, los autores sugieren tres requisitos que debe de cumplir esa evaluación, así como cuatro principios que deben guiarla.
Para ello se basan en los que establecieron los autores británicos dirigidos por Martin McKee cuando en mayo pidieron en The BMJ lo mismo que sus colegas españoles en agosto.
El primero de los requisitos, que casi debería escribirse en mayúsculas, es la urgencia: "La evaluación debe empezar inmediatamente e informar periódicamente desde ahora hasta el final de la pandemia", escribe.
El segundo requisito sería el apoyo a gran escala, algo especialmente importante "en un país donde hay elevadas tensiones políticas". Es algo que no debería de ser difícil tras el amplio apoyo que recibieron de forma unánime tras la publicación de su primera carta en The Lancet.
El tercero sería que dicha evaluación contara con el firme apoyo del Gobierno central y de los autonómicos, que se comprometerían a escuchar las recomendaciones propuestas y actuar en consecuencia.
Si se consiguiera que se cumplieran esos requisitos, cuatro principios deberían guiar la puesta en marcha de la evaluación para garantizar el éxito del proceso. En primer lugar, los miembros del comité de evaluación habrián de ser independientes y, a su vez, habrían de serlo los que los eligieran. ¿Qué significa esto? Ninguno podría haber trabajado en el Gobierno ni tener ningún conflicto de interés.
En segundo, escriben los autores, esta evaluacíón tiene que olvidar una costumbre muy española: culpar. "Se tiene que centrar en proveer recomendaciones que mejores la situación sin distribuir culpas", señalan.
Además, comentan, el equipo de evaluación debe ser paritario en cuanto al género y multidisciplinar para promover una evaluación crítica más amplia. Por último, los científicos españoles creen que la evaluación debe ser ampla y no sólo analizar aspecto sde salud, sino también económicos y sociales, recibiendo los comentarios y percepciones tanto del Gobierno central como de los autonómicos, teniendo en cuenta "el elevado nivel de competencias descentralizadas".
Terminan los científicos animando a ambas administraciones a sacar adelante esta evaluación que, apuntan, podría convertirse en un ejemplo para otros países, que podrían imitarles.