¿Podría extenderse al resto de la UE la polémica ‘tasa Google’ que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo el año pasado? La Comisión Europea está examinando la legislación de España y la de Alemania y sopesa medidas para controlar cómo los agregadores de noticias -Google News, Yahoo News, etc- usan los contenidos de los editores con el fin de “mejorar el reparto del valor creado” en Internet. Esta es una de las prioridades del plan de acción para modernizar las normas comunitarias sobre derechos de autor y adaptarlas a la era digital, que se ha presentado este miércoles.
“La Comisión examinará la oportunidad de adoptar medidas específicas para los agregadores de noticias, incluyendo una intervención en la definición de los derechos (de autor)”, anuncia el plan de acción de Bruselas. Se trata de precisar en qué supuestos la actuación de los agregadores a la hora de enlazar contenidos requeriría el permiso explícito de los titulares de los derechos, en cuyo caso se podría exigir el pago de una remuneración. El Ejecutivo comunitario alega que en la actualidad existen “desacuerdos e incertidumbres” sobre esta cuestión. El resultado es que “los titulares de los derechos no obtienen siempre una parte equitativa del valor generado por ciertas nuevas formas de distribución de contenidos en línea”.
El comisario de Economía Digital, Günther Oettinger, ha eludido especificar las alternativas que sopesa la Comisión alegando que “necesitamos tiempo para examinarlo”. Las medidas concretas, si finalmente las hay, se presentarán en primavera de 2016. Pero durante los últimos meses, Oettiger ha admitido en varias entrevistas e intervenciones ante el Parlamento Europeo que su departamento se plantea proponer una ‘tasa Google’ para toda la UE con el fin de estabilizar al sector editorial europeo.
Por su parte, el vicepresidente responsable del Mercado Único Digital y jefe de Oettinger, Andrus Ansip, ha querido dejar claro que “esta Comisión no tiene planes de gravar los enlaces ni nada parecido”. “Pero tenemos que diferenciar cuándo estamos hablando de enlaces y cuándo hablamos de productos nuevos con valor añadido que no son intermediarios neutrales sino que generan ventas y ganan dinero”, ha dicho Ansip.
Los casos de España y Alemania
Otro de los argumentos que esgrime el Ejecutivo comunitario para intervenir en este campo es la necesidad de garantizar la unidad del mercado interior. Las soluciones nacionales para los agregadores, como las que han adoptado España y Alemania, “conllevan el riesgo de más fragmentación en el mercado digital”, señala la Comisión.
La legislación española establece el derecho irrenunciable de los editores a recibir una compensación de los agregadores. Tras su aprobación, Google cerró su servicio de noticias en España alegando que no le generaba ingresos y por ello no le resultaba sostenible pagar. En el caso de Alemania, los editores acabaron cediendo y firmando una cesión de derechos gratuita para que Google pueda usar el resumen y la imagen en miniatura de las noticias. Oettinger ha alegado que la ‘tasa Google’ sólo puede funcionar si se implanta simultáneamente en todos los estados miembros.
La eurodiputada alemana Julia Reda, del partido Pirata y ponente del Parlamento en materia de derechos de autor, ha criticado que Bruselas trata de resucitar esta tasa. “Es injustificable que esta idea equivocada, que fracasó en Alemania y España, aparezca una vez más en los planes de la Comisión. El comisario Oettinger tiene que darse cuenta: no se puede arreglar una mala idea extendiendo su aplicación”, ha dicho en un comunicado.
Llevarse Canal Plus de vacaciones
El primer paso concreto que ha propuesto Bruselas este miércoles en materia de derechos de autor es un reglamento que reconoce el derecho de los usuarios a la portabilidad transfronteriza. Eso significa que cualquier persona que tenga un abono por ejemplo a Netflix o a Canal Plus, podrá ver las series, las películas o el fútbol cuando esté temporalmente en otro país de la UE. El objetivo es que entre en vigor en 2017. En la actualidad, estos servicios en la mayoría de los casos se cortan cuando se sale al extranjero por cuestiones de derechos.
La Comisión sostiene que las nuevas reglas no provocarán un aumento del precio de los abonos y sólo tendrán un coste marginal para los proveedores de los servicios, ya que al tratarse de un acceso temporal no necesitarán renegociar las licencias existentes con los titulares de los derechos. Un 35% de los europeos viajan al menos una vez al año y pasan más de 10 días en otro estado miembro. Ellos serían los principales beneficiarios de la nueva norma. Los titulares de los derechos podrán exigir controles para evitar abusos, por ejemplo personas que compren abonos más baratos fuera de su país de residencia.
“Todos aquellos que compran contenidos de forma legal -películas, libros, partidos de fútbol, series de televisión- deben poder llevarlos consigo a cualquier lugar de Europa al que vayan”, ha dicho Ansip. El Ejecutivo comunitario presentará nuevas propuestas en 2016 para facilitar la concesión de licencias para el acceso transfronterizo a contenidos. Pero estas medidas chocan con la resistencia de los titulares de los derechos, por ejemplo de productores de cine, que temen perder ingresos si se suprime el principio de territorialidad en la gestión de los derechos.