Dos guardias civiles entran a primera hora de la tarde en el bar La Estrella de Carboneras, Almería, y se sientan en la barra. Miran a la televisión de la esquina, donde el Canal 24 horas repasa de forma cíclica las labores de búsqueda de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida a finales de agosto en A Pobra do Caramiñal.
En una de las mesas del local, prácticamente vacío, una mosca revolotea sobre la taza de café de Joaquín Amills. Se le va a enfriar, pero le ha entrado una nueva llamada. En este caso, una entrevista con Radio Bilbao.
"...Y lo encontraron el día 18 de agosto de este año, 49 meses más tarde, a apenas 8 kilómetros de su casa...", relata.
El fenómeno de ver a este hombre de 59 años como referencia y portavoz oficioso de los desaparecidos no es nuevo, aunque se ha exacerbado mucho en los últimos días. Esta semana calcula haber hecho unas 70 entrevistas, y sólo estamos a miércoles.
"...El año pasado, el 48% de los mayores desaparecidos fueron encontrados fallecidos, la mayoría cerca de su casa: les invade el miedo, se pierden y se quedan quietos hasta que les llega la muerte...", prosigue.
Tiene, como le pasa a muchos portavoces, un relato automatizado en el que pide más consenso a las administraciones y cuerpos de seguridad del estado para abordar la situación de los desaparecidos, 14.000 según sus estimaciones.
Amills es el fundador y presidente de SOS Desaparecidos, la asociación que está detrás de todos los carteles que a diario inundan las redes sociales con rostros y nombres en paradero desconocido. Son carteles que dan una impresión inequívoca de amateurismo, con tipografías y colores distintos, mensajes impresos sobre fotografías que dificultan su lectura… sin embargo, son casi lo único que hay, y por ello son usados habitualmente por los medios de comunicación, la Guardia Civil o la Policía. Con 34.500 seguidores en Facebook y más de 43.000 en Twitter, estos carteles alcanzaron en 2015 los ojos de 56 millones de personas. En estas últimas semanas, el cartel de Diana Quer ha sido descargado de su página 600.000 veces.
Amills termina de despachar a la radio y se guarda el teléfono en el bolsillo.
Los dolorosos inicios
La primera vez que Amills tuvo que hacer un cartel fue hace ocho años clavados. La versión oficial relata que la noche del 11 de septiembre de 2008, su hijo Joaquín, entonces con 23 años, y otro chico sustrajeron una embarcación del puerto de Carboneras para recoger un alijo. El acompañante fue rescatado la mañana siguiente por un pesquero, pero de Junior nunca más se supo. Amills comenzó entonces su vía crucis por los medios de comunicación y los platós, tratando de reactivar la investigación y que la búsqueda de su hijo no desfalleciera.
"Es peor que una muerte", dice, "no puedes cerrar el capítulo, y aunque sepas que está muerto, no puedes hablar de él en pasado".
Ahora, él y otros familiares de desaparecidos han reconducido aquellos calvarios individuales hacia un colectivo balsámico. SOS Desaparecidos nació cuando, en 2010, Amills conoció a Francisco Jiménez, un concejal del PP en Caravaca de la Cruz, Murcia, que tenía un blog donde colgaba casos de desapariciones. Más tarde, la recién constituida asociación fue absorbiendo este tipo de páginas o de grupos como el valenciano ADESEPA, constituidos por personas con buena voluntad pero tiempo o recursos insuficientes para dedicarse a tiempo completo a ello.
Dentro de la economía de las desapariciones, otro factor importante para el crecimiento de SOS Desaparecidos es su gratuidad. Antes, la principal referencia para las familias al perder de vista a uno de sus miembros era INTER-SOS, una asociación catalana. "La diferencia es que ellos cobran a las familias, no publican una fotografía si no eres socio y si no pagas, al año te la quitan", aclara Amills. La cuota mínima para socios con persona desaparecida es de 50 euros anuales.
El precio a pagar por el crecimiento de la asociación de Amills es su precariedad. En SOS Desaparecidos nadie cobra, no reciben ayudas. Incluso cuando, tras una aparición exitosa, una familia insiste en donar dinero a la asociación, sus responsables declinan la oferta. Unos padres llegaron a ofrecerles 24.000 euros, sin suerte.
La mera idea del lucro les genera incomodidad, pese a que sus últimos resultados anuales registraron una pérdida de 384 euros. Modesta, pero lacerante, dado que Amills, como otros miembros de la asociación, en estos momentos está en paro.
En busca de un protocolo
Iciar Iriondo es una criminóloga con despacho propio en Madrid. Hace tres años decidió contactar con la asociación y hoy hace de coordinadora a tiempo parcial para los casos que ocurran en la comunidad. Ella y otros perfiles más técnicos, como psicólogos o juristas, han ayudado al núcleo inicial de SOS Desaparecidos a establecer protocolos más precisos: qué información incluir en los carteles, cómo tratar con las familias y las autoridades o cómo cumplir escrupulosamente con la ley de protección de datos.
"Todos los voluntarios aportamos dentro de nuestra experiencia o nuestras capacidades", explica a EL ESPAÑOL Iriondo. En su caso particular, la criminóloga colabora en la investigación de algunos casos, "desde la asociación hacen filtro y ven a qué familias se les puede ofrecer esta ayuda, que siempre es gratuita". Si la familia acepta, Iriondo se pone en contacto con ellos y les pasan el sumario.
La ayuda de expertos externos también ha contribuido a que el diseño de los carteles haya ido evolucionando. Al principio, dice Amills, eran bastante más cutres, e incluso tenían el problema de que eran de calidad tan baja que no podían ser usados por las televisiones o los periódicos, porque se pixelaban. A lo largo de los años, voluntarios se han ofrecido para actualizar los carteles o el diseño de la página web.
"Actualmente tenemos cuatro tipos de carteles; de menores, con el teléfono 116 de la Fundación Anar, de mayores, de ancianos y el último que hemos hecho, que es para refugiados", cuenta Amills.
En los carteles suelen aparecer dos números, uno de ellos el del fundador. Cuando el 23 de agosto le tocó llamar, tras recibir la alerta, a los padres de Diana Quer, les solicitó la información habitual: una descripción del caso, fotografías recientes, dónde fue vista por última vez, qué ha podido suceder. También hay otra información que no aparece en los carteles, pero que resulta de utilidad para contrastar la veracidad de una pista. Por ejemplo, si reciben una llamada diciendo que se ha visto a alguien similar en una gasolinera, saber si el desaparecido tenía algún tatuaje o marca puede marcar la diferencia. Si no coincide, se descarta; si lo hace, se avisa a la Guardia Civil o a la Policía Local.
"La única enfermedad que ponemos en las fichas es el alzhéimer, o como mucho incluimos que está en tratamiento médico o que necesita medicación", dice el fundador de SOS Desaparecidos, "al igual que si desactivamos una alerta porque se ha encontrado fallecido no ponemos detalles de quién o cómo lo ha encontrado ni de cómo ha muerto. Nos debemos a las familias".
¿Sirve de algo retuitear o compartir?
Las estimaciones de SOS Desaparecidos dicen que los carteles que se difunden por redes sociales han tenido una influencia directa en entre el 25 y el 30% de las alertas que se resuelven con la reaparición de la persona.
A menudo, no es porque alguien mire la foto en su Facebook y horas más tarde vea a la persona desaparecida, sino por la presión que promueve el acto de compartir la foto. Si el desaparecido está retenido, o semi-retenido, algo que suele ocurrir en relaciones entre menores y mayores de edad, este último puede sentirse intimidado ante la presión. O si el desaparecido lo ha hecho motu proprio, algo también común en casos de adolescentes, la presión de ver su foto en cada red social puede hacerle cambiar de opinión. Así que sí, en muchos casos compartir una imagen en Twitter o Facebook tiene un efecto directo en la resolución del caso.
Pero también hay un efecto negativo.
Tanto en el caso de su hijo como ahora, en el de Diana Quer, Amills ha tenido que recibir decenas de llamadas de mal gusto. Su teléfono es el que aparece en los carteles con el fin de servir de parapeto a la familia. Por un lado están los videntes e interpretadores de sueños, por el otro los que ofrecen sus servicios como detectives o peritos judiciales especializados en catástrofes. Diferentes en el método, similares a la hora de intentar lucrarse con la desesperación ajena.
"Cuanto más mediática es la desaparición... en el caso de Diana hemos podido llegar perfectamente al centenar de médiums, iluminados y demás", explica. "Uno, que hacía interpretación de los sueños, me decía que tenía clarísimo que había sido secuestrada y que la tenían en un bosque a hora y media de su casa, que estaba atada y había un perro", relata Amills. "Yo le pregunté '¿a hora y media andando o en coche?' y me dijo 'no sé, le digo lo que vi en mi sueño'. Es un disparate, y encima hay gente que disfruta contándote cómo la han asesinado, cuántas cuchilladas, cómo sangraba, cómo tenía la boca… lo he vivido en mis carnes y en muchísimos casos".
Desde su despacho, Iriondo coincide en que este tipo de amenazas a las familias de desaparecidos son muy reales. "Lo primero que hacemos con las familias, especialmente en casos muy mediáticos, es advertirles de que les van a llamar todos estos videntes y detectives", explica la criminóloga. "Las familias están desesperadas y se agarran a un clavo ardiendo, he conocido varios casos con detectives y siempre salen mal: primero, porque les cobran una barbaridad de dinero -la mayoría de las familias de desaparecidos son gente humilde- y, segundo, porque no hacen nada o desaparecen". En el caso de los videntes, el daño no es tanto económico como moral.
El cartel de una persona desaparecida esconde mucho más dolor del que parece, y durante mucho tiempo. Algunos llevan distribuyéndose años, como el del joven canario Yéremi Vargas o la niña Madeleine McCann, ambos desaparecidos en 2007. El proceso emocional por el que pasan estas familias es diferente en cada caso, pero en todos incluye la negación, el enojo con las autoridades por dejar de investigar o con los vecinos por seguir su vida, y en algún momento, la dolorosa estabilidad.
El principal temor del fundador de SOS Desaparecidos es, precisamente, no poder apoyar a las familias más allá de las primeras semanas o meses. "Las familias se amontonan, pasan los años y no tenemos soluciones para esta gente", dice Amills. Entre sus planes está reforzar la infraestructura legal de la asociación transformándola en una fundación.
En este pueblo almeriense, los jubilados se acercan a saludar a Amills con una mezcla de admiración y lástima. Estos días, su móvil echa humo, y tiene que rogar a las principales televisiones que no se desplacen hasta Carboneras, pero ya intuye que, tarde o temprano, se resuelva o no el caso de Diana Quer, la tormenta se calmará y él seguirá allí tratando de reconciliarse con el Mediterráneo, el último sitio donde su hijo fue visto. "Cuando llega la noche te vienes abajo, te derrumbas, porque la noche significa que no buscan a tu hijo, todo el mundo está descansando pero tú no puedes", dice. "Y cuando ha pasado un mes, o dos, ya sólo quieres que llegue la noche".
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