Guerra total entre Aída Nízar y el presidente del complejo residencial donde veranea: "Esto es otro caso Malaya"

Aída Nízar (47 años) busca justicia en la urbanización de lujo Cabopino, en Marbella, donde su familia posee varias propiedades desde hace años y es lugar de reencuentro familiar cada verano.

En los últimos meses, la empresaria y concursante de realities ha pasado largas estancias en dicho complejo residencial, tiempo que le ha servido para investigar y descubrir un caso de corrupción, según sus propias palabras, que no ha dudado en denunciar. 

Nízar ha puesto de manifiesto, como avanza 20Minutos, irregularidades en la administración de la urbanización. En concreto, la televisiva Aída pone el foco acusador en contra del presidente de la residencia, Gianni Fieno. Esta situación ha supuesto una guerra total y sin procedentes, que ha dividido al complejo en dos sendos, e irreconciliables, bandos. 

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Aída Nizar en una fotografía tomada en abril de 2012, en Barcelona. Gtres

Por un lado, se encuentra Aída Nízar y un grupo de vecinos descontentos con la gestión de Fieno. Por el otro, este hombre, que lleva 14 años en el cargo, y otros propietarios. El motivo principal de este contencioso es la falta de transparencia en las facturas y las abultadas cuentas de que dispone esta urbanización de lujo, que se cuentan por millones.

Ante este difícil panorama, también se ha visto involucrado Ángel Nozal, exalcalde de Mijas. Según ha hecho constar Nízar, Nozal, pese a no ser administrador, ha ejercido labores muy similares, e incluso se lo ha visto en al menos una junta de vecinos, sentado en la misma mesa presidencial y explicando detalles de las cuentas de la Comunidad. Para conocer la versión de Aída Nízar en primera persona, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella.

"Me encantaría que me ayudasen a acabar con esta corrupción tan brutal que he descubierto en este paraíso, en el que tienen engañados a tantos comuneros maravillosos. Ellos depositan la confianza en un presidente que, además de no ser residente, está defraudando a Hacienda y está defraudando en nuestro nombre", sostiene, contundente, Nízar. 

Aída Nizar en un acto público en octubre de 2018. Gtres

Siente impotencia, rabia y dolor por ver en qué se ha convertido su paraíso particular: "Verdaderamente está siendo atroz. Jamás imaginé que el paraíso que eligió mi familia se convirtiese en esta corrupción inconmensurable. Ahora mismo estamos aunando votos para terminar con él, más allá de todas las medidas legales que hemos emprendido". 

Deja claro Aída que ella no ha iniciado este movimiento buscando ningún fin lucrativo ni ambicionando poder: "Yo no ambicioné ningún tipo de cargo. Mi única y noble ambición es que a los maravillosos propietarios confiados de Cabopino, la mayoría ingleses y andaluces, no se les siga robando y engañando por su ingenuidad". 

"Te aseguro que es un caso Malaya", añade. Aprovecha la conversación Aída Nízar para subrayar su buena relación con la Agencia Tributaria: "Yo tengo una relación maravillosa con Hacienda. Soy de las que pienso que ser un buen contribuyente hace que tengamos buenas carreteras, buen servicio médico y buenos servicios. Por eso, siempre he contribuido incondicionalmente". 

Aída y las personas que la secundan y apoyan han solicitado que una censora de cuentas revise la contabilidad y fiscalidad. Además, en aras de esa transparencia que busca Nízar, se han pedido judicialmente en los juzgados de Marbella las cuentas auditadas de la Comunidad. La polemista Nízar, además, acusa al otro bando de apropiación indebida de zonas comunes de la comunidad para uso particular, así como venta de hamacas de la comunidad sin autorización.

Cabe puntualizar que para el actual presidente de esta urbanización, Gianni Fieno, las acusaciones de las que ha sido objeto son "extremadamente pobres y basadas en nada" y asegura que "no merecen ninguna consideración pero que dañan fuertemente el ambiente de nuestra Comunidad", como recoge 20Minutos. Convencidos de su inocencia y honestidad, Fieno y su grupo se han visto "obligados a reaccionar con acciones legales contra estas personas con consecuencias que podrían derivar en consecuencias penales".