Abajo la libertad de expresión: hoy matan a más periodistas que hace 25 años

No había habido un año tan mortífero para los periodistas desde 1990. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Comité para la Protección de los Periodistas (CJP, en sus siglas en inglés) tras analizar los datos de 2016. Sus cifras: 48 muertos y 259 detenidos. Las que aporta Reporteros sin Fronteras (RSF), que ha podido confirmar más casos, son peores: 58 fallecidos y 348 arrestados. “La tendencia es dramáticamente al alza, lo que representa un aumento del 6% respecto a 2015”, dice el último informe de la ONG, que lamenta que “las numerosas resoluciones de la ONU relativas a la protección de los periodistas y la lucha contra la impunidad, no han dado resultados satisfactorios”.

La ONU está en el punto de mira de agrupaciones de periodistas, de RSF y del propio CJP desde hace años. Este último vio rechazada su petición para formar parte el grupo de ONG que asesoran a su Consejo Económico y Social el pasado mes de mayo. No era la primera vez. El CPJ pidió su ingreso en 2012, pero el procedimiento se retrasó varias veces por las dudas planteadas por algunos países, algo habitual cuando quieren dejar una solicitud en vía muerta. El director ejecutivo del CJP, Joel Simon, lo explica de este modo: “Un pequeño grupo de países con historiales pobres en libertad de prensa está utilizando tácticas burocráticas para sabotear y minar cualquier esfuerzo para destapar sus políticas abusivas”.

Un pequeño grupo de países con historiales pobres en libertad de prensa está utilizando tácticas burocráticas para sabotear y minar cualquier esfuerzo para destapar sus políticas abusivas

De los 19 países que debían votar para admitir al CJP y servirse de sus consejos, diez dijeron que no: Sudáfrica, China, Azerbayán, Burundi, Cuba, Nicaragua, Pakistán, Sudán, Venezuela y Rusia. Este último, según se puede leer en las actas de la votación, objetó lo siguiente: “El CJP sólo condena las violaciones de los derechos humanos en países que no son aliados de los Estados Unidos”. La alegación no es cierta, pues EEUU, donde tiene la sede la ONG, ha sido uno de los blancos más frecuentes de los informes que elabora la entidad periódicamente.

Hubo seis países que dijeron “sí”: Estados Unidos, Grecia, Guinea, Israel, Mauritania y Uruguay. Y tres que se abstuvieron: Irán, India y Turquía, país que registra la cifra más alta de periodistas detenidos en 2016.

Lo peor, la impunidad

Cuando Turquía se abstuvo, aún no había tenido lugar el golpe de Estado en el que el presidente Recep Tayyip Erdogan se amparó para ejecutar sus purgas de profesores, militares, artistas y periodistas. Con la aplicación de la ley antiterrorista, Erdogan ha llevado a la cárcel a un centenar de informadores, según RSF, que cree que pueden ser más porque algunos detenidos aún no han podido ser relacionados con alguno de los cien medios de comunicación que ha cerrado el Gobierno turco desde julio hasta hoy.

Detrás de Turquía, este año está China, que en 2016 ha detenido a 38 informadores. Uno de los casos más destacados es el del director de 64 Tianwang, Huang Qi, del que se desconoce su paradero desde el pasado 28 de noviembre. Tampoco se sabe dónde está su madre, arrestada en casa. La policía dijo que la llevaría a un hospital, pero ni siquiera Amnistía Internacional (AI) ha conseguido encontrarla. Qi es un activista de los derechos humanos que ha sido detenido en varias ocasiones.

En China, este 2016 se ha detenido a 38 informadores. Uno de los casos más destacados es el del director de 64 Tianwang, Huang Qi, del que se desconoce su paradero desde el pasado 28 de noviembre

La más sonada ocurrió en en 2008, cuando fue encarcelado para que no informara sobre el verdadero alcance del terremoto de Shichuan, algo que el Gobierno chino intentó ocultar impidiendo el acceso a la zona y a la información. Ahora, AI ha lanzado un llamamiento internacional porque padece “un trastorno renal que precisa atención médica diaria” y temen que lo torturen.

Contra los gays

Hay dos tipos de ONG que asesoran a la ONU. Unos tienen “estatus consultivo general” y comparten casi todos los campos de acción del Consejo Económico y Social. Entre esas 141 entidades están grupos como Arquitectos por la Paz, Bibliotecas sin Fronteras o Greenpeace. El otro grupo se denomina de “estatus consultivo especial” y hay más de 300. En ese grupo se encuentra Reporteros sin Fronteras y otras entidades de periodistas, pero todas de carácter local (Red de Periodistas de Mali para la lucha contra la corrupción y la pobreza) o sectorial (Federación Internacional de Periodistas Agrícolas). Todos están de acuerdo en que hace falta un refuerzo para garantizar la seguridad de los informadores, pero la ONU no reacciona.

RSF ha pedido varias veces que se cree la figura del “Representante Especial para la seguridad de los periodistas” y que dependa directamente del Secretario General de la ONU, pero lo único que ha encontrado han sido declaraciones de buenas intenciones. Ban Ki-moon no ha escondido su malestar cada vez que los países miembros han dejado pasar la ocasión de garantizar la seguridad de los periodistas. Con la votación que cerró el paso al CJP se colocó del lado de la ONG y de países como Estados Unidos, Grecia o Sudáfrica, cuyos embajadores lamentaron públicamente la oportunidad perdida.

Este año se negó la participación a entidades defensoras de la comunidad LGTB en la cumbre de alto nivel organizada en junio por la ONU para poner fin a la epidemia del Sida

Las protestas de los periodistas porque los países aceptan o rechazan entidades según criterios políticos y no pensando en el bien común ha provocado que ONG de otros ámbitos se quejen y exijan a la ONU baremos “apolíticos, justos y transparentes”. Un ejemplo es el de las entidades que defienden los derechos de la comunidad LGTB, a las que este año se negó su participación en la cumbre de alto nivel organizada en junio por la ONU para poner fin a la epidemia del Sida.

Rusia y los 25 países de la Organización de Cooperación Islámica unieron sus fuerzas para prohibir la entrada a 22 ONG de homosexuales, transexuales y drogodependientes. No dieron ningún motivo y ningún país se lo exigió. “Por desgracia, esto es parte de la tendencia que tiene algunos Estados de colocar sus prejuicios por encima de los derechos humanos”, declaró Graeme Reid, de Human Right Watch.

Entre las consecuencias, la autocensura

Los países que este año han impedido que el CJP aporte su experiencia en evitar secuestros, violaciones y asesinatos tienen en común, no tanto el número de abusos, como el grado de impunidad con el que los cometen: en Rusia, el 86% de los casos de periodistas muertos o asesinados en el ejercicio de su profesión queda sin juicio; en China, el 99%; en Turquía, el 77%; en India, el 96% y en Iran, el 100%. ¿Y qué consecuencias tiene esa impunidad? “Que aumenta la autocensura”, explican Elana Beiser y Elisabeth Witchel, periodistas y miembros de CJP, que añaden que autocensura no es sólo que un informador se muerda la lengua para no meterse en líos.

La autocensura también se da cuando el periodista tiene que cambiar de región o de país para salvar su vida o cuando deja su profesión para no ponerse en riesgo. A la cabeza del Índice Global de Impunidad está, de nuevo, Somalia, donde actúa el grupo radical islamis Al-Shabaab, al que señalan como el autor de la mayoría de los asesinatos en la región. Le siguen Irak y Siria, pero en los últimos años algunos países de América Latina también han tomado primeras posiciones en esa lista y Brasil y México son dos ejemplos. Pero la media global es en sí misma preocupante: el 86% de los casos de periodistas que mueren ejerciendo su profesión no se esclarece nunca.

El 86% de los casos de periodistas que mueren ejerciendo su profesión no se esclarece nunca

La única buena noticia para los periodistas procedente de la ONU este 2016, es que después de ignorar las órdenes durante años, muchos países que se habían negado a informar de las medidas adoptadas para hacer justicia a los periodistas asesinados o muertos, han empezado a rendir cuentas. Sólo India, Sudán del Sur y Siria siguen sin responder.

Desde CjP y RfS recuerdan que hay otras formas de acallar a la prensa que no pasan por la amenaza directa ni por la violencia física. Un ejemplo que ponen todas las ONG que se dedican a los Derechos Humanos en general y a la defensa de los profesionales de la información en particular, es el de las nuevas leyes aprobadas por la Duma rusa que refuerzan el control gubernamental de las comunicaciones. La norma incluye, entre otras cosas, que el servicio postal pueda abrir todos los paquetes; que Internet se regule con las mismas leyes que rigen a los medios de comunicación y que se puedan intervenir whatsapp y telegram, siempre que el gobierno lo estime oportuno.

España tampoco escapa al ojo de quienes se dedican a vigilar las condiciones de trabajo de los periodistas. Tras la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “Ley mordaza”) en julio de 2015 y hasta enero de este año que termina, el Estado puso en su nombre más de 40.000 multas, muchas a periodistas, sobre todo fotógrafos. Ahora, como el PP necesita del PSOE para llegar a acuerdos, parece que la norma va camino de suavizarse o de desaparecer, algo que entidades como RFS ve con buenos ojos.

Se denuncian más violaciones

“Si las reporteras que cubrieron Vietnam sufrieron agresiones sexuales, ninguna lo contó”, explicaba a este diario Virginia Elwood-Akers, autora de un libro en que analiza el trabajo de las periodistas que cubrieron informativamente aquel conflicto. El tema era y sigue siendo tabú, aunque desde que Lara Logan denunció que había sido violada por un grupo de hombres durante las manifestaciones que tuvieron lugar en El Cairo (Egipto) en 2011, otras han encontrado el valor para hacerlo.

“Llevar un anillo de casada puede disuadir de atenciones inoportunas”, es una de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Periodistas a las que tienen que cubrir zonas de conflicto, pero las situaciones a las que se enfrentan las informadoras suelen requerir más recursos que una alianza, sobre todo cuando hasta las asociaciones de periodistas reconocen que las mujeres son un preciado botín de guerra.

“Llevar un anillo de casada puede disuadir de atenciones inoportunas”, es una de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Periodistas a las que tienen que cubrir zonas de conflicto

No hay cifras oficiales, ni un recuento como el que se hace los heridos, los amenazados y los muertos. Sólo se conoce lo que van contando, una a una, las víctimas. El caso más reciente conocido es el de la subdirectora del diario colombiano El Tiempo, Jineth Bedoya, que fue secuestrada, violada y torturada por un grupo paramilitar cuando trabajaba como periodista de sucesos en El Espectador. Ella se ha atrevido a hablar y a denunciar después de un tiempo, pero reconoce que es muy complicado, que es difícil contarlo en público, sobre todo porque de los 27 hombres que la agredieron, sólo dos han ido a juicio. De nuevo, la impunidad.