El Don Cristóbal, la bruja y los atrezzos por los que hace un año se acusó a los titiriteros de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio siguen a día de hoy “secuestrados por el Estado”. Así que Alfonso Lázaro y Raúl García -ya con la última causa que pesaba sobre ellos archivada de forma provisional- han reconstruido la obra pieza a pieza y la han volcado en el Teatro del Barrio el día del cumpleaños de su detención a manos del Ayuntamiento de Madrid. “Volvemos a hacer la obra por lo que cuenta. Vivimos gobernados por un miedo inducido por quienes tienen el poder: políticos, religiones, policías, medios de comunicación y amos del capital”.
Su bruja, dicen, representa a todos aquellos que se atreven “a vivir en libertad” y a “cuestionar el orden impuesto”. Todo el mundo viene, desde hace meses, forjando una opinión sobre lo conveniente o no de La bruja y don Cristóbal, pero muy pocos “han tenido la oportunidad de verla”. Es una molestia que nadie se tomó antes de juzgarla, ni siquiera el juez Ismael Moreno cuando ordenó prisión provisional sin fianza para ellos. “Es un reestreno porque hemos introducido algunos cambios, pero lo esencial de la obra, lo que nos llevó a la cárcel, se mantiene”, avisaron los integrantes de la compañía en un comunicado.
El domingo tarde, la cola a las puertas del teatro tomaba la carretera de la calle Zurita. 150 localidades abarrotadas -desde el recién condenado César Strawberry al edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato-. Cervezas, reencuentros, abrazos. Niños nerviosos. Adultos tratando de negociar algunos sitios, sin entender que estaba todo completo. Y ahí salieron a las tablas dos chavales flaquitos, emocionables y desgarbados, a presentar su espectáculo de cachiporra. Eso sí, con una advertencia en la boca: “Es de necios confundir la ficción con la realidad… sólo un juez de trapo les podría condenar”.
Violación y montaje policial
La obra recupera a Don Cristóbal Polichinela, un turbio personaje de la tradición popular ibérica -esta vez, desdoblándose en diferentes poderes “que tratan de hacer cumplir su voluntad a fuerza de cachiporra”, como el juez o el policía- y lo enfrentan a una bruja okupa. Hay violación. Hay embarazo. Hay una monja roba-bebés que va metiendo coces con su crucifijo a cuestas. En una de esas, un agente irrumpe en la morada de la bruja y, tras golpearla y derribarla, la fotografía con la célebre pancarta de ‘Gora Alka ETA’ (en este momento, toda la sala estalló en aplausos). Usa esas imágenes para detenerla y acaba condenada a horca frente a la ‘Audiencia Nazional’. Los periódicos -'La Gac-eta' incluida- rebosan titulares manipulados por el testimonio de, como ellos los llaman, “los perros del Estado”.
A la protagonista -indefensa por su estrato social y la marginalidad que acompaña a su personaje- se la acusa de “pertenencia a banda terrorista, brujería, feminismo y anarquismo”. Las hechiceras antisistema no tienen garantías legales aquí. Finalmente, la trama da un giro cuando la bruja consigue que el juez que va a ahorcarla ponga sobre su propio cuello la soga. Y ella tira. (De nuevo, los asistentes aplaudían enloquecidos). Fin del primer acto.
Alfonso y Raúl salen de su caja para explicar que, aunque parezca que la obra termina ahí, han querido incluir una segunda parte para demostrar que nada de lo que se le haga a los grandes poderes queda impune. Vuelven a sus guiñoles y aparece la bruja en un bosque, tratando de huir de los policías que la persiguen. Cada vez están más cerca. Entonces, se encuentra a una vieja amiga: la muerte. Ella sólo le pide a la calavera parlante unas horas más de vida “para abandonar esta patria” y salvar a su hija.
“Esta obra no es para niños”, decía un hombre entre el público. “O sí, pero un chaval con menos de quince años no la va a entender”, le contestaba su compañera de asiento. “Está muy bien, ¿eh? Más fuerte me parecía En la plaza de mi pueblo”, alegaba otro. “Lo que está claro es que meter en la cárcel a dos personas por esto es una vergüenza”, zanjaba el primero.
“Esta obra no es para niños”, decía un hombre entre el público. “O sí, pero un chaval con menos de quince años no la va a entender”, le contestaba su compañera de asiento. “Está muy bien, ¿eh? Más fuerte me parecía En la plaza de mi pueblo”
La bruja y don Cristóbal es metateatro. Tiene mucho de profético. Tiene mucho de circular, de pescadilla que se muerde la cola. Es curioso que en la primera representación de una obra sobre las negligencias policiales, la arbitrariedad de la justicia y la lucha por la libertad de expresión acabasen los actores en la cárcel. “Ahora todos somos ETA y todo es enaltecimiento del terrorismo”, decían, en la charla posterior, Elena Ortega -la madre del preso Alfon-, Cassandra -que va a ser juzgada por unos tuits sobre Carrero Blanco- y Lucía y Candela, de la plataforma Liberta Nahuel. “Desde el cese de ETA se ha buscado una cabeza de turco que es el anarquismo. Ya no se reprime a la gente por lo que hace, sino por lo que representa”, expresaba Candela.
Desde 'la llegada del PP'
“A ETA la hemos derrotado todos nosotros, que rechazamos totalmente lo que son y lo que han hecho. Pero ahora que han dejado las armas, vienen a por nosotros. Y vienen a por nosotros desde la llegada del PP al poder, vamos a decirlo claramente”, lanzaba Cassandra. En la misma mesa las acompañaban Erik, uno de los abogados de los titiriteros -son un equipo de cuatro-, César Strawberry y Pipe Díaz, rapero de La Insurgencia. Todos ellos dicen haber tenido problemas con la justicia por resultar incómodos al sistema. Todos se sienten inmersos en condenas, montajes, negligencias o malos tratos policiales ejemplarizantes. Todos contaron su caso.
“Lo que está ocurriendo es distópico y peligroso”, puntualizó Strawberry. “Existe algo llamado el ‘derecho penal del enemigo’ y consiste en que, como no nos gusta tu perfil, como no nos gusta como eres, sobreentendemos que algo malo tendrás detrás, que algo malo habrás hecho”, resopla. “Este 'derecho penal del enemigo' se está viendo reivindicado por parte del poder en cuanto a la reforma del código penal y el pacto antiyihadista. Ahora también nos hacen sentirnos culpables por lo que pensamos. Esto es la restauración de la Santa Inquisición”. Lucía y Candela sostuvieron que se está dando “una criminalización de los movimientos sociales en un sistema racista, fascista y autoritario que, además, se alimenta de la cultura del espectáculo mediático”.
Erik, el abogado de Lázaro y García, explicó que el caso que él trató tenía una clara “voluntad política”: “Sirvió para azuzar, para atacar fervientemente al Ayuntamiento, que también dejó bastante que desear, claro. Pero se utilizó con fines partidistas, y eso nos tiene que hacer pensar, porque se supone que el poder judicial es independiente, y resulta preocupante que los intereses políticos o partidistas, en un tiempo muy rápido, apenas en unas horas, tengan influencia sobre ese poder judicial que se presupone independiente”.
El laboratorio represivo ha sido Euskal Herria. Ahora están trabajando del Ebro para abajo. Lo que antes se hacía con ETA ahora se hace con nosotros
Erik cree que “se está trasladado el reproche ético o moral que pueda tener una persona al reproche penal”: “El Estado está utilizando el monopolio de la violencia que tiene otorgado para agredirnos”. Propuso apoyar la libertad de expresión “cueste lo que cueste”, aunque “a veces no nos guste”. Sacó a colación el caso del hombre condenado a dos años de prisión por denigrar a las mujeres en Twitter.
Pipe, de Insurgencia, asegura que esta situación “no va a hacer más que empeorar”, porque “la ilusión de Podemos se está acabando, y volveremos a organizarnos y a salir a la calle”: “Esto es represión preventiva, porque saben todo lo que se les viene encima…”. El rapero cree que el marco de libertades del Estado español “es cuestionable desde el golpe fascista del 39”, porque “incluso de la Transición hasta aquí se han dado porrazos, se ha secuestrado, se ha perseguido, se ha censurado, y no ha dejado de haber ni un solo día presos políticos, porque esto no es una democracia”.
Aunque pidió “unidad y fuerza”, también dejó claro que él no se va a “unir con el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto en bandeja a los titiriteros a la Audiencia Nacional”, y no se va a unir “con nadie que critique que unos chavales expresen legítimamente su rabia, o con nadie que esté en contra de movilizaciones como la de Gamonal”. “Paso de esa izquierda domesticada que sale en televisión diciendo que eso está mal. Ellos también lo están criminalizando”.
La madre de Alfon, Ortega, le hace un guiño y finaliza: “El laboratorio represivo ha sido Euskal Herria. Ahora están trabajando del Ebro para abajo. Lo que antes se hacía con ETA ahora se hace con nosotros”.
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