Al Partido Popular nunca le ha interesado interesarse por la cultura y durante estos cuatro años han cumplido con su desinterés a rajatabla desde el primer día. La legislatura de Mariano Rajoy que ahora se extingue arrancó con el primer ministro de Cultura de la democracia convertido en presidente del Gobierno y eliminando el Ministerio de Cultura. Este artículo de balance acabaría aquí, si no fuera por lo que tanta indiferencia ha provocado: al frente de la unión de los deportes, la educación y las culturas puso a un antiguo consejero con habilidades para trepar y polemizar. En apenas dos años, José Ignacio Wert pasó de la nada a las revistas del corazón y cerró sus días españolizando la capital francesa, demostrando un apasionante e insólito amor por la educación y representando fielmente los intereses que le llevaron a responsabilizarse del cargo que le otorgó el propio Rajoy, en perjuicio de José María Lassalle, un verso libre que terminó oyendo cómo el sector al que debería haber defendido pedía su dimisión.
El secretario de Estado de Cultura en la oposición era todo un ministro. El PSOE le temía, porque sabía dónde morder. En el Congreso exhibía unos planteamientos sobre propiedad intelectual mucho más avanzados que la progresía de Ángeles González-Sinde. Como toda burbuja, la esperanza se pinchó nada más impactar con el que también ha sido el peor enemigo de su presidente, “la realidad”. Y entonces apareció el gestor ausente, inmovilista, sin capacidades para decidir, resolver o emprender que conocía el partido.
Durante su gestión el sector ha dejado de recibir casi 190 millones de euros. El Gobierno de Rajoy apenas invierte en Cultura un 0,2 % del gasto
Lassalle ha representado a la perfección el papel para el que fue elegido. Por un lado, no ha sido capaz de frenar los intereses de las industrias tecnológicas (el continente) frente a los de sus representados (el contenido). Por otro, ha logrado paralizar el sector mientras lo embaucaba con una inminente y falsa llegada de la reforma de la Ley de Mecenazgo. Ésta debía suplir -con mayores ventajas fiscales- el sistema de subvenciones nominativas, que tumbó desde la presentación de sus primeros Presupuestos Generales del Estado.
Wert junto a Enrique González Macho, en los últimos Goya.
Ha tenido a mano siempre dos excusas: falta de dinero y falta de libertad; lo que digan los recortes y lo que diga Montoro. Durante su gestión el sector ha dejado de recibir casi 190 millones de euros. El Gobierno de Rajoy apenas invierte en Cultura un 0,2 % del total en su legislatura (3.172 millones de euros), una cifra muy representativa de los intereses a los que nos referimos. José Luis Rodríguez Zapatero no invirtió mucho más: 0,4% (5.258 millones de euros) del gasto total. A pesar del castigo, el sector aporta al Estado cerca del 4% del PIB (al asumir su puesto Lassalle dijo que lograría el 10%).
Desde el año 2010 las industrias culturales han perdido 18.000 empleos y hay casi 7.000 empresas menos.
El resultado de la legislatura se salda con cifras estremecedoras, según los datos del Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 18.000 empleos perdidos desde 2010 y casi 7.000 empresas menos. Las arcas públicas han dejado de ingresar por IVA, IRPF y otros conceptos entre 40 y 60 millones de euros. Las entidades de gestión de derechos de autor han dejado de ingresar un 33% y de repartir un 19%, a pesar de tener un 16% más de socios.
El secretario de Estado de Cultura también definió su nuevo proyecto de financiación cultural como “una lucha lenta que implica un cambio de cosmovisión”. Esa cosmovisión -fin de las subvenciones nominativas y reforma de la Ley de Mecenazgo- debía haber tenido un borrador antes del verano de 2012, como prometió ante los periodistas. Diciembre de 2015, seguimos sin noticias del borrador ni de la ley ni de la cosmovisión.
Estos son algunos de los hitos de un Gobierno sin voluntad política cultural:
Ley de Mecenazgo, hundida
El objetivo era que las empresas más potentes dejaran parte de sus beneficios en el sector cultural para rellenar el agujero económico que preparaba el Ejecutivo. Durante tres años, mientras aguardaban la cacareada Ley salvadora de Mecenazgo que promovería mayores ventajas fiscales para las compañías que invirtieran en su sociedad, las industrias culturales entraron en parálisis y destrucción. El modelo francés mantiene un 60% de desgravaciones en Impuesto de Sociedades y un 75% en IRPF. En España, ambos están al 15%.
Y en noviembre de 2014 Cristóbal Montoro presentó su reforma fiscal que dejó al descubierto la trampa: de mecenazgo nada. Ni siquiera trataron de aprobar un articulado que fomentara la concienciación, al margen de las desgravaciones, tal y como se les demandaba y se les propuso desde estudios de entidades independientes, como la activa Fundación Arte y Mecenazgo de la Caixa. La incapacidad de Lassalle era el ingrediente ideal para que el ministro de Hacienda apretara un poco más al sector.
“Ya no hace falta ser rico para ser mecenas”, dijo a los pocos días del fracaso para justificar la parálisis del sector. El mecenazgo había quedado en calderilla, la política cultural también. Sin incentivos fiscales, el mecenazgo se convierte en filantropía. Por ejemplo, sin unos incentivos fiscales competitivos, España seguirá lejos de convertirse en el plató perfecto para el rodaje de las superproducciones cinematográficas.
Ley de Propiedad Intelectual, fiasco
Con tres años de mandato llegó otra de las reformas más esperadas y tardías: la de la Ley de Propiedad Intelectual, una norma decisiva para la industria española en la que convergen los intereses de varios ministerios. La aprobación del texto, con todos los partidos en contra y denunciando la falta de diálogo, consenso y acuerdo, ha sido el momento más bochornoso de la legislatura. La votación fue una astracanada que duró tres horas con más de 200 enmiendas rechazadas.
La oposición la definió como insuficiente, retrógrada, conservadora e intervencionista. Por si fuera poco, el Gobierno incorpora en el último momento un añadido en su disposición final cuarta: la reforma tiene una validez por un año. Una vez pasado el plazo, vuelta a empezar y en otra legislatura. Quizá con otro Gobierno. Es decir, lo aprobado sólo sirve para cerrar en falso una reforma -un parche- desacreditada por sus propios promotores. Aún hay más: quedaba pendiente el modo en que las entidades de gestión de derechos debían cobrar a sus clientes, que acaba de cerrarse, a tres semanas de agotar la legislatura. El balance: rebajar el valor de la propiedad intelectual.
Mariano Rajoy inaugurando el centro Pompidou de Málaga.
Con esta reforma el representante de la Cultura en el Gobierno demostró que la prioridad no eran los intereses de los que representaba. Lassalle logró volver a unir al sector al completo: del No a la guerra al No a la ley Lassalle. Los titulares de los derechos le retiraron públicamente el apoyo y la confianza. Hasta el Tribunal Supremo cuestionó la adecuación de la norma a la directiva europea en la compensación por copia privada con cargo a los españoles, en vez de a las empresas tecnológicas. No sólo “deja indefensos a los actores culturales”, sino que dejaba las medidas antipiratería en manos de la reforma del Código Penal.
Ley del cine, mínima
La industria cinematográfica es una de las más dañadas por la caótica gestión que han mantenido a dos bandas el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Susana de la Sierra y Lorena González Olivares, las dos responsables que han estado al frente de la Secretaría de Estado de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), han estado “cerrando los flecos” de la reforma de la ley durante cuatro años. Hace unos días, a pocas semanas del final de la legislatura, se aprobó el texto de la nueva Ley del Cine. La Confederación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) la ha calificado como “reforma mínima”, ya que esperaban una “modernización más valiente del sistema de ayudas, alineados con los países de nuestro entorno”.
Durante cuatro años la Administración ha mantenido a oscuras a la industria, que por su parte ha combinado éxitos comerciales de récord con producciones de bajo coste. El cine ha avanzado sin conocer las nuevas normas del juego, sin acceder a ayudas, sin garantías para pedir préstamos bancarios, sin la confianza para seguir produciendo. La inseguridad ha dejado al sector en una quiebra técnica agudizada por la deuda de 42 millones de euros contraída por el Estado con los productores. Lassalle se comprometió a saldarla a finales de 2013, pero no fue hasta un año después cuando Hacienda entregó a la industria 30 de los 42 millones que le debía por ayudas a las producciones de 2012. Los 12 millones restantes también fueron liquidados.
Ignacio González, Mariano Rajoy y Wert, en el Museo Arqueológico Nacional.
Lo más humillante fue que el asunto de la deuda se resolvió en una comida montada en Moncloa por Cospedal con Rajoy y tres productores. No estaban invitados ni Wert ni Lassalle y la complejidad de un problema enquistado durante cuatro años se resolvió en una comida.
José María Lassalle sí ha sido ágil, sobre todo, al aprovechar las vergüenzas de los popes menos limpios de la cultura. Con los fraudes pendientes de sentencia de los taquillazos del cine y la corrupción de la SGAE ha justificado dos leyes intervencionistas que le otorgan mayor potestad y control en nombre de la bandera de la transparencia. Sin embargo, ésta no ha ondeado en su casa, en la Plaza del Rey.
El IVA cultural existe
La idea que ha deslizado Montoro esta legislatura es que cuanto más se asfixia a las industrias culturales, más necesitadas y más ahogadas y más incapaces. Y cuanto más desdibujadas, más insignificantes, más débiles y menos molestas. Arruinarlas para hacerlas dependientes y silenciosas. Para ejecutar el mandato del ministro de Hacienda, Lassalle ha empleado el discurso contrario: hay que acabar con “la dependencia insostenible” que se ha creado en estas tres décadas para alcanzar una cultura libre, al margen del “monopolio que tiene el Estado sobre la política cultural”.
Al rebobinar vemos que el control de los gobernantes sobre las artes aumentó el mismo día en el que Montoro decidió incrementar en 13 puntos el IVA a la cultura: determinó que la lectura es cultura y que se gravaría al 8%, pero el cine, el teatro y la música en vivo es entretenimiento, al 21%. Leer a Esperando a Godot no es lo mismo que verlo representado...Desde entonces, más de 1.000 pantallas han cerrado y se han perdido cerca de 3.500 empleos, según datos del sector. Gracias al segundo IVA cultural más alto de Europa, el cine ha empezado a subvencionar al Estado, no viceversa: sólo el primer año de recaudación al 21% los cines dejaron de ingresar 100 millones de euros, pero aportaron el doble al Estado.
En 2011 recaudaban 635 millones de euros y aportaron 47 millones de euros; el año 2013 recaudaron 524 millones de euros e ingresaron cerca de 90 millones de euros a las cuentas públicas. La inversión del cine revela más datos del interés: en 2010 salieron de los Presupuestos Generales 89,3 millones de euros; en 2011, 76; en 2012, 49; en 2013, 39,2; en 2014, 33,8; en 2015, 36,6. Mientras la recaudación se multiplica, la inversión se divide. Son los restos de la guerra política. Por otro lado, las Fiestas del cine han demostrado que distribuidoras y exhibidoras deben modernizar su política de precios.
Falta de transparencia
El Ministerio compró por 60.000 euros el archivo personal de un alto cargo del propio Ministerio: Simón Marchán Fiz, presidente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, salió del despacho en el momento en que el resto aprobaba la adquisición para el Museo Reina Sofía de varias cajas con sus documentos personales (apuntes, revistas, cintas magnetofónicas, carteles, folletos, libros y fotografías). El informe del museo aclara que es una cifra “algo más del doble de lo tasado y adquirido” por un archivo similar.
El Museo Arqueológico Nacional -tras una reforma de 60 millones de euros- no tenía vigilantes para custodiar las colecciones. Buscaron candidatos voluntarios entre los conductores de coches oficiales retirados y se apuntó uno. Finalmente, apartaron al personal de otros museos estatales y obligaron a cerrar la mitad del día al Museo de América.
Lassalle (Santander, 1966) comprometió al Ministerio a comprar el archivo personal del coleccionista y empresario lácteo santanderino José María Lafuente. Son 120.000 documentos (revistas, cartas, libros, carteles, catálogos, panfletos), a los que no se les ha puesto precio. Lafuente reconoce que no quiere donarlo; el Ministerio y el Ayuntamiento de Santander le pondrán un museo; dentro de diez años se comprará a precio de 2014, por el Gobierno que esté al frente.
El Patrimonio, olvidado
La conservación, restauración y protección de los bienes culturales y el patrimonio histórico artístico ha sido otra de las asignaturas en las que el suspenso es rotundo. Según la UNESCO, España ocupa el segundo lugar en patrimonio mundial y el tercero que menos lo cuida, según el último informe del Fondo Mundial de Monumentos (WMF). Los Presupuestos Generales del Estado desvelan que este apartado no ha sido una prioridad, a pesar de haber aprobado la Ley de Patrimonio Inmaterial, que favorece a la tauromaquia.
La cuantía para la protección del patrimonio disminuirá hasta los 4,41 millones de euros en 2016 frente a los 4,54 de 2015. El abismo crece si se miran los lejanos 9,8 millones que se invirtieron en 2011. Por su parte, la partida destinada a conservación y restauración de bienes culturales llega a 18,17 millones (un 1,8% más que este 2015 con 18,5 millones), pero a años luz de los más de 36 millones dedicados hace un lustro.
Mariano Rajoy defendiendo los Dólmenes de Antequera.
En ningún otro apartado el recorte de medios es tan alarmante. Incluso habrá menos actuaciones sobre bienes de propiedad del Estado: de 20 intervenciones se pasa a 12 en dos años. Se realizarán 26 estudios e investigaciones de bienes en 2016 (en 2014, 40). Hasta las catedrales sufrirán la merma de los recursos, sólo habrá dinero para 9 actuaciones, la mitad de 2014.
La cultura, en contra
Desde hace más de un año, la cultura pide el rescate a Europa. Las asociaciones que representan al sector se quejan porque lo legislado en Europa no llega a aplicarse en España. Un caso evidente es la copia privada. “No podemos hablar de industria cultural si no cuidamos al que la crea”, ha dicho José Luis Acosta, presidente de la SGAE. El director Juan Antonio Bayona, al recoger su Premio Nacional de Cinematografía, recordó al ministro que debía tomar conciencia del cine: “No llegaremos a ninguna parte si no valoramos la cultura y la educación”. Se acordó de “ese nuevo cine español que se abre paso más allá de los presupuestos” y calificó de “agravio” la subida del IVA cultural. También se acusa al Ejecutivo de Rajoy de no haber defendido la excepcionalidad cultural de España y Europa en el tratado comercial TTIP con los EEUU, como sí hizo Francia. Lassalle logró reunir a la cultura, que pidió su dimisión al grito de No a la Ley Lassalle. Y les respondió que, como los buenos libros, debían callar y dejar de llamar la atención.
¿Y Rajoy? Seguramente recuerden alguna imagen del presidente del Gobierno en un museo, un cine o un teatro. Enhorabuena, tienen una memoria prodigiosa. Hizo acto de presencia en el Museo del Prado para avisar a los mecenas de que no recibirían nada a cambio de su participación en la sociedad. Se le vio en la inauguración de la reforma del Museo Arqueológico Nacional. Años después en Málaga, con motivo de la inauguración de la franquicia del Pompidou. La última aparición estelar fue en apoyo a los Dólmenes de Antequera (Málaga) como Patrimonio Mundial de la Unesco. ¿Recuerdan? Un brazo bajo el otro, en forma de “T”.
El teatro le ha solicitado, como asegura Jesús Cimarro (presidente de FAETEDA), “reiteradamente reuniones con él por escrito, y ninguna de las cartas ha sido contestada”. Rajoy no contestó, Wert y Lassalle mantuvieron su enfrentamiento, Montoro insistió en su asfixia y la cultura quedó noqueada.