La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid ha hablado y ve indicios de destrucción del patrimonio en el derribo de los siete edificios que forman el complejo Canalejas. Ha presentado una querella ante el decanato contra OHL por presunto delito de daños contra el patrimonio histórico. El órgano confirma el expolio que ya había advertido el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento, que paralizó las obras cuando comprobó que el Estudio Lamela se había excedido en la destrucción de partes protegidas del conjunto. “Actuaciones no autorizadas”, describieron los técnicos del consistorio que constataron, en marzo de 2015, la demolición de pilares, forjados, crujías y escaleras protegidas.
“Se han efectuado obras de demolición que van mucho más allá de lo autorizado en sus declaraciones como BIC, hasta no dejar en pie más que sus fachadas exteriores a las vías circundantes”, explica Madrid Ciudadanía y Patrimonio, asociación que denunció ante la Fiscalía el expolio. El grupo de Villar Mir ha derribado sin distinguir entre aquellos inmuebles catalogados con la mínima protección parcial y los dos edificios con la máxima: la antigua sede del Banco Hispanoamericano y la de La Equitativa. La denuncia retrataba una obra fuera de control:
Demoliciones contra leyes
Para la asociación, las demoliciones descritas incumplen con el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación […] del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran”. La ley también detalla que se sancionarán los atentados contra el patrimonio. Además, la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid impide en los BIC la demolición de cualquier inmueble incluido en un conjunto histórico sin declaración previa de ruina. En este apartado coincide con la Lay del Patrimonio Histórico Español.
Derribos sin proyecto
La asociación lamenta la permisividad con la que ha actuado el grupo de Villar Mir y el arquitecto Lamela, que no ha presentado un proyecto de rehabilitación del conjunto y, a pesar de ello, ha ido obteniendo las sucesivas licencias. “Han practicado derribos sin tener proyectos de recuperación. No siquiera la primera crujía de estos dos edificios se ha conservado. Es una irresponsabilidad haber dado autorizaciones sin proyectos. Lamela no sabe rehabilitar, sólo sabe trabajar con solares”, cuentan a este periódico desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio.
La asociación denuncia que la obra no tiene proyecto de rehabilitación.
Protección ninguneada
Madrid Ciudadanía y Patrimonio pide la investigación de la desaparición casi completa de la primera crujía protegida en ambos edificios, así como de la cubierta protegida del antiguo Banco Hispano Americano y del patio de operaciones de La Equitativa. La asociación asegura que se ha derribado el muro de carga que delimitaba la crujía hacia el patio interior, y que presentaba un extraordinario interés, “pues estaba ejecutado con un ladrillo blanco, esmaltado con baño de porcelana para aumentar la luminosidad y que se utilizaba por primera vez en Madrid”. La Fiscalía ha identificado y delimitado con precisión los daños causados al patrimonio. Ahora decidirá el juez.
Reconocimiento de los daños
El propio Carlos Lamela reconocía en rueda de prensa, el pasado octubre, haber cometido “algún error sobre las partes protegidas”. “Cuando hemos cometido errores en la obra lo hemos comunicado con transparencia”, dijo. “Todos cometemos errores todos los días. Esta es una obra complejísima. Desmontamos, demolemos elementos muy intrincados unos con otros. A veces demolemos un centímetro y es difícil trabajar con precisión. Las cosas no se pueden hacer al 100% de efectividad. Es muy difícil evitar los errores”, reconoció Lamela ante la prensa y el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, que no anunció sanciones contra la empresa.
Responsabilidad penal
La asociación demanda una depuración de responsabilidades personales “por las actuaciones delictivas realizadas, ya sean por órdenes emanadas de la propiedad o de la dirección facultativa de las obras, y se inicien las actuaciones penales oportunas”. Además, piden a la Fiscalía que se obligue a la propiedad a reconstruir a sus expensas todos los elementos protegidos destruidos irregularmente, “utilizando las técnicas constructivas originales y los materiales propios de la fecha de construcción de ambos inmuebles”.
Las obras sobre los dos edificios protegidos permanecen paralizadas, a pesar de que el Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid haya levantado la paralización de las mismas sobre el resto, tras la demanda interpuesta por R&A Palace Gestión.