Es posible que el partido de baloncesto más importante de lo que va de año en España no se dispute en una pista, sino en un despacho. Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, la liga (ACB) y el sindicato de jugadores (ABP) se reúnen con la mediación del CSD (Consejo Superior de Deportes). Lo hacen para intentar poner fin a un conflicto que, en el peor de los casos, desembocaría en una huelga de los profesionales. Con lo que eso significaría: la paralización de la Copa del Rey que se disputa la próxima semana en Gran Canaria.
“Estamos dispuestos a hacerlo”, reconocía a EL ESPAÑOL el presidente de la ABP, Alfonso Reyes, el martes. “Ahora mismo, viendo la actitud de la ACB, veo que vamos al choque. A más confrontación y guerra en nuestro baloncesto. Necesitamos a un interlocutor que no intente engañarnos y que sea cooperativo. Leal al menos”, valoraba apesadumbrado, aunque también rotundo.
La polémica ha surgido en torno a la negociación del nuevo convenio colectivo. El proceso, iniciado el pasado 11 de diciembre, se rompió el 15 de enero dado el distanciamiento entre ambos entes. Se volvió a retomar este lunes 5 de febrero, cuando, de nuevo, se produjo una situación de ruptura entre ACB y ABP. ¿Por qué? Por la diferencia de posturas en torno al Fondo Social, el dinero con el que la propia liga (315.000 euros) financia el sindicato de jugadores. Un elemento clave a la hora de que todo se desbloquee (o no).
Desde la ACB se apunta que se quiere acabar con el conflicto continuo con la ABP. Este se da, sobre todo, a partir de esa vinculación económica que no hay con la Asociación de Entrenadores (AEEB) ni con la de Árbitros (AEBA): ambas se financian a través de las cuotas de sus asociados. Una posible solución planteada por la liga es pagar el Fondo Social directamente a los jugadores (1.500 euros a cada uno). Y que estos abonen su cuota a la ABP si así lo estiman oportuno.
Otra posibilidad es mantener lo ya existente. Siempre y cuando se pueda contar con más jugadores no europeos en la ACB. ¿Objetivo? Según se afirma en la liga, mantener la competitividad con el resto de competiciones domésticas y con las de carácter europeo. Sin embargo, ni esta propuesta de la patronal (cuatro extracomunitarios [primero fueron ocho] además de cuatro jugadores de formación [en España]) ni la primera cuentan con el apoyo del sindicato.
“Se diluye absolutamente el Fondo Social y se ahoga y elimina a la ABP, que es lo que quieren. Los jugadores ya han dicho por activa y por pasiva que la forma de que se financie su sindicato, el que les va a asesorar y defender, es a través del Fondo Social. Que lleva 28 años en los convenios. No tienen otra forma […] La cuestión es que quieren eliminarnos. ¿Por qué? Porque les hacemos pupa. Dicen que nos pagan y que encima no paramos de darles estopa. ¿Eso se puede decir? Claro que les damos estopa cuando tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación. Y nuestro compromiso con los jugadores”, nos confesaba Reyes.
A la Asociación de Jugadores tampoco le ha gustado que se hablase de liberalización del mercado sin contar con la Federación Española (FEB), también parte implicada en esta medida. Ni que se llegase a condicionar el mantenimiento de su Fondo Social “a que la LEB Oro fuera amateur” (una percepción que en la ACB consideran un malentendido, porque tener una segunda división débil no les beneficiaría). Y, ni mucho menos, que se hablase de un preacuerdo en hasta otros cinco aspectos.
“Nosotros queremos un 100% de oferta cualificada, que ahora es del 75% para la primera renovación y del 85% para la segunda. Se pone cuando quieres ejercitar el derecho de tanteo por un jugador. Luego, que no haya deudas en el mantenimiento de sus derechos al ejercitar el tanteo. Y dimos unas cifras para el salario mínimo y para el fondo especial de garantías (con el que se pagan los impagos). Ellos nos dieron unas cifras que son las que luego dicen que son las del acuerdo, algo que es mentira”, admitía Alfonso Reyes a este diario.
¿Y cuáles son las disconformidades de la ACB? Recibir las exigencias de la ABP para volver a negociar dos horas y cuarto antes de la última reunión, que el sindicato interprete que no hay voluntad de mantener su Fondo Social por parte de la liga, que se quiera resolver la negociación sobre el convenio colectivo en febrero (a cuatro meses y medio de que expire el plazo para hacerlo), que las medidas de presión o los extremos puedan llegar a imponerse (“lo que no puede ser es que mentir y chantajear a los jugadores sea gratis”, es la opinión dominante en la ABP)...
Desde luego, una posible huelga (que se convocaría esta misma semana) complicaría aún más las circunstancias. “Hay una plataforma reivindicativa en la que esas peticiones (las de la ABP) serán mucho mayores. Si se hace una huelga no es para pedir lo mismo que nos podían haber dado ayer. Habría que endurecer o mejorar mucho más las condiciones”, advertía el líder del sindicato de jugadores el martes. Con el añadido de que ha habido conversaciones tanto con las plantillas de los equipos de Copa como con las del resto de la máxima competición española: “Todo está pensado”.
A pesar de este escenario tan complejo, ninguna de las dos partes ha perdido la voluntad de llegar a un acuerdo. Algo que pasa por, de nuevo, el Fondo Social. Acercar posturas en torno a él “sería un buen enganche de las negociaciones” en palabras de Alfonso Reyes. Lo mismo se opina en la ACB. Si se resolviese este punto, el bloqueo empezaría a dejar de ser tal. Y, por consiguiente, las pistas, y no los despachos, volverían a ser el epicentro de todo. Como debe ser.
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