El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido cautelarmente Ángel María Villar y su hijo Gorka han salido de la prisión madrileña de Soto del Real tras pagar este martes por la mañana las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que les impuso el juez del caso Soule, Santiago Pedraz. Juan Padrón, por su parte, continúa en la cárcel, aunque él también ha abonado ya su respectiva fianza.
Padre e hijo han abandonado la prisión madrileña sobre las 19.00 horas ante las decenas de periodistas que les esperaban a las puertas de la cárcel, donde ingresaron el pasado 20 de julio sin posibilidad de fianza por orden de Pedraz.
"Quiero, en primer lugar, dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado, privada y públicamente, en mí, Juan Padrón y en mi hijo. Además, nos han defendido privada y públicamente. También quiero dar las gracias a los presos del módulo numero 1 por el cariño y afecto que han tenido con nosotros. Les deseo que tengan suerte en sus litigios y espero verles en la calle", declaró Villar padre ante los medios.
El magistrado de la Audiencia Nacional les puso el lunes esas fianzas porque considera que no existe riesgo de fuga y "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción", al haberse practicado ya las diligencias "urgentes" de la causa, entre ellas la declaración de los principales imputados.
Una vez han quedado en libertad, Villar y su hijo tienen ahora la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a sus domicilios, deben entregar el pasaporte y facilitar un teléfono móvil donde puedan estar localizables si son requeridos en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.
El que fue presidente de la RFEF durante 29 años fue detenido el pasado 18 de julio y conducido a prisión dos días después por haber tejido, según el juez, un "entramado" y una red de "clientelismo" que permitió el desvío de millones de fondos públicos y privados del ente federativo.
Al menos desde 2009, Villar, según el juez, usó varias sociedades para el desvío del dinero y estableció un "clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares".
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