Ángel María Villar ha sido destituido por el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) de forma definitiva como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el expediente instruido por falta de neutralidad en las pasadas elecciones, según ha adelantado Onda Cero. Juan Luis Larrea, presidente interino, y todo su Consejo pasan a dirigir la institución como gestora, estando obligados a convocar nuevas elecciones en los próximos meses.
Villar, presidente de la RFEF desde 1988, fue suspendido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado mes de julio, mientras sufría prisión provisional dictada por el juez Pedraz en virtud de la Operación Soule. Actualmente está imputado por cinco delitos en un macrocaso cuya instrucción podría durar más de dos años, y que afecta en grado variable a unas cuarenta personas.
Entre los numerosos recursos que complican el escenario federativo, el cese de Villar se habría producido por el menos grave de todos: la presunta falta de neutralidad durante la campaña de las últimas elecciones, a comienzos de año, por haberse creado una cuenta de Twitter y una web en condición de precandidato. Villar presentó en su defensa una autorización firmada por la Comisión Electoral que permitía actos de precampaña sufragados con fondos propios, pero el Tribunal ha optado por la destitución, que será previsiblemente recurrida por el dirigente bilbaíno.
El largo conflicto del fútbol español parece acercarse a su fin con esta decisión, que debilita la situación de Villar y perjudica su intención de regresar a la Federación aunque fuese por unos días. También cierra de facto la posibilidad de una moción de censura a presentar por Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas españoles. La principal incógnita ahora es averiguar qué otros candidatos se presentan junto a Rubiales en unas elecciones a celebrar presumiblemente en primavera.
Los acontecimientos parecen haberse precipitado después de la velada amenaza de la FIFA al CSD por su presunta intromisión en el régimen interno de la Federación y la rueda de prensa posterior de Villar, diez días después de su entrevista en EL ESPAÑOL.
VILLAR RECURRIRÁ LA DESTITUCIÓN
Villar ha informado que recurrirá su destitución, resuelta este viernes por el TAD y que supone, en su opinión, "la sanción más grave impuesta a un presidente de Federación desde la constitución del mismo" y "conllevaría la convocatoria de nuevas elecciones a la Presidencia" de la RFEF.
Asimismo, ha reconocido que estudiará emprender "todas las acciones legales para recurrir esa decisión y depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir" José Ramón Lete, presidente del CSD, y algunos miembros del tribunal.
A través de un comunicado publicado en su espacio en Twitter, Villar aseguró no haber recibido "ninguna comunicación formal del TAD sobre el particular" y que, de ser cierto, "constituiría una gravísima injerencia en la autonomía e independencia de la RFEF".
"El TAD ha demorado la tramitación de este expediente iniciado el pasado 15 de septiembre, hasta tal punto que, para evitar su caducidad (a los 3 meses, es decir, el 15 de diciembre de 2017) y sin disponer de causa legal para ello, acordó la interrupción del expediente hasta que recibiera la notificación de la propuesta de resolución", explica en su nota.
"Por esta actuación el miércoles 20 de diciembre recusé a todos los miembros del TAD que acordaron la interrupción del expediente. La opinión de mis abogados es que el procedimiento caducó el pasado 15 de diciembre, por lo que el mismo no podría seguir tramitándose", agrega.
Villar recuerda en su nota que "el TAD es un órgano gubernativo adscrito al CSD presidido por el señor José Ramón Lete y dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes" y que "el CSD nombra a los integrantes del TAD, y el presidente del CSD es quien requiere la apertura de expedientes contra los presidentes de federaciones deportivas".
"En el caso de que finalmente se confirmase la referida resolución y una vez me sea notificada formalmente por el TAD, ante el cúmulo de presuntas irregularidades realizadas por el presidente del CSD, señor José Ramón Lete, y, en su caso, por algunos integrantes del TAD, mis abogados estudiarán todas las acciones legales que pudieran corresponder para recurrir la referida decisión y depurar las responsabilidades penales en que éstos pudieran haber incurrido", concluye.
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