El presidente de la UD Las Palmas se enfrenta a 21 años de prisión

La Fiscalía solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien acusa de haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017.

La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la compañía.

La Fiscalía sostiene que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de comienzos de la pasada década, pero que en realidad buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera además a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores".

Miguel Ángel Ramírez celebra el último ascenso de Las Palmas

Todo esto se ha producido después de una investigación que descubrió que esta empresa disfrazaba como dietas las horas extraordinarias de los trabajadores cotizando, entre 2010 y 2013, más de 13 millones de euros menos de lo debido y, entre 2013 y 2017, más de 17 millones. Un dinero que debía ir a las arcas de la Seguridad Social. Además, la Agencia Tributaria también demanda que por estas prácticas dejó de ingresar en concepto de IRPF 6,57 millones.

Esos salarios inferiores a los de la competencia los había establecido Seguridad Integral Canaria en un convenio de empresa que supuestamente tenía como finalidad "reflotar" la compañía en medio de la crisis económica. El magistrado Arcadio Díaz Tejera fue el décimo encargado en llevar esta causa después de años y años de litigios. El siguiente paso será establecer qué pena tiene que cumplir después de la petición de la Fiscalía.

A la fuga

Cuando se abrió el procedimiento, se denunció que el presidente de Las Palmas había desaparecido. Fue puesto en orden de busca y captura por no presentarse a una citación para declarar como investigado de los delitos por los que la fiscalía ahora pide las penas citadas con anterioridad.

Ramírez estaba de viaje de negocios en Miami, según se defendió. Finalmente se puso en manos de la Justicia para poder explicar lo sucedido. Fue en el mes de junio de 2020 cuando el juez procesó al máximo responsable del club canario. 

Polémica con Victoria Rosell

En este procedimiento han pasado hasta nueve jueces entre los que se encuentran Victoria Rosell y Salvador Alba. El segundo fue condenado a seis años de cárcel por ofrecer beneficios al presidente de Las Palmas a cambio de que declarase en otros litigios para perjudicar a la primera instructora cuando se presentó como candidata por Podemos al Congreso de los Diputados.

[Más información: Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, en orden de busca y captura]