En determinados barrios de Río de Janeiro, cuando muere alguien, se sospecha de la policía tanto como de los narcotraficantes. En una ciudad con una clase de inseguridad endémica, en la que influyen incluso cuestiones urbanísticas, puede ocurrir que un policía militar mate a una chica inocente y desarmada de 22 años porque su coche es un modelo “que se está robando mucho” y el conductor del vehículo no pare inmediatamente al encenderse la sirena del coche patrulla. También que bandidos armados del poderoso Comando Vermelho (narcotraficantes), a plena luz del día, expulsen a policías de sus casas, amenazándoles de muerte.
Son apenas ejemplos del deporte de riesgo que supone vivir en determinadas zonas de Río, el Estado con más muertes a manos de la policía (645 en 2015) en el país con más homicidios del mundo.
Brasil, según Amnistía Internacional, está a punto de repetir por los Juegos Olímpicos las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad con la excusa de la celebración del Mundial de fútbol 2014. La organización ha publicado este jueves un nuevo informe, a dos meses de la inauguración de Río 2016, en el que revela que las autoridades brasileñas y los órganos rectores deportivos de Río de Janeiro han implementado las mismas políticas de seguridad ("mal concebidas", añade) que "provocaron un aumento de la violencia [...] y pone en peligro el legado prometido de los Juegos de una ciudad segura para todos".
"Disparar primero y preguntar después"
“Cuando en 2009 se adjudicaron los Juegos Olímpicos de 2016 a Río, las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. En su lugar, hemos visto desde entonces que la policía ha matado a 2.500 personas en la ciudad sin apenas rendición de cuentas”, afirmó Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil. “Parece que Brasil ha aprendido muy poco de los grandes errores que cometió durante años en materia de seguridad pública. La política de ‘disparar primero y preguntar después’ ha convertido a Río de Janeiro en una de las ciudades más letales del planeta.”
Según Roque, “las mal concebidas políticas de seguridad pública que aplica históricamente el país, unidas a los crecientes abusos que hemos documentado durante eventos deportivos importantes y a la ausencia de investigaciones efectivas de los abusos contra los derechos humanos son una receta para el desastre.”
Decenas de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas durante la represión policial de las protestas que hubo en el país antes (y durante) la Copa del Mundo de 2014. Ese mismo año, cuando se encargó a la policía y al ejército la tarea de “asegurar” las ciudades donde iban a celebrarse los eventos, las operaciones dejaron al menos 580 muertos solamente en el estado de Río de Janeiro, donde opera la policía con mayor fama de corrupta de un país con serios problemas de arbitrariedad y abuso de fuerza cotiidianos.
Uno de cada cinco homicidios es policial
En 2014, según Amnistía, los homicidios resultantes de operaciones policiales aumentaron un alarmante 40 % (y un 11 % más el año siguiente, con 645 personas fallecidas a manos de la policía solamente en el estado de Río de Janeiro). Uno de cada cinco homicidios en la ciudad fueron cometidos por policías en acto de servicio. Este año, más de 100 personas han sido víctimas de homicidio en la ciudad: la inmensa mayoría, varones negros jóvenes que vivían en favelas u otras zonas marginadas y bajan a robar a las áreas ricas de la zona sur y turística.
Las autoridades han anunciado recientemente el despliegue de alrededor de 65.000 agentes de policía y 20.000 soldados para vigilar los Juegos Olímpicos, en la que será la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil. El operativo incluirá el despliegue de personal militar para incursiones en las favelas, algo que, según Amnistía, "en ocasiones anteriores ha causado toda una serie de violaciones de derechos humanos que aún no se han investigado y sancionado debidamente".
Un policía patrulla el aeropuerto de Río.
La organización advierte de que no se han aprendido las lecciones del último Mundial 2014. En marzo de 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff firmó una nueva Ley Antiterrorista con una redacción "excesivamente vaga, que deja abierta la posibilidad de ser utilizada injustamente contra manifestantes y activistas pacíficos". En mayo el Gobierno federal firmó una nueva 'Ley General de los Juegos Olímpicos' que impone "nuevas restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en muchas zonas de la ciudad anfitriona. Restricciones que son contrarias a las leyes y normas internacionales, y no aborda el uso de la fuerza innecesaria y excesiva por las fuerzas de seguridad cuando realizan funciones policiales en reuniones".
A dos meses de que se inauguren los Juegos Olímpicos, Roque afirma que "aún hay tiempo para implantar medidas que mitiguen el riesgo de violaciones de derechos humanos y establecer mecanismos de rendición de cuentas para los responsables de estas violaciones. La comunidad deportiva global se reúne en Río dentro de dos meses y sigue en el aire la pregunta: ¿respetarán y protegerán las autoridades los derechos humanos y entregarán el legado prometido de una ciudad y un país seguros para todos?”.