El Supremo le da el enésimo sobresalto a la 'ley Sinde'

El ministro de Cultura José Ignacio Wert en la sede del ministerio. Foto: José Aymá.

Otro capítulo se añade hoy al culebrón de la ley Sinde: el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación de Internautas contra la controvertida norma, cuya tramitación vive ahora un nuevo sobresalto. El órgano judicial, además, ordena remitir el recurso a la abogacía del Estado para que valore la posible suspensión cautelar de la norma, que ha sido solicitada por la asociación. Queda abierta así la posibilidad de que la ley vuelva a estancarse.

La asociación impugnó el reglamento hace dos semanas. El razonamiento capital es el que viene sosteniendo desde que se puso sobre la mesa por la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, lo explica a elcultural.es poco después de conocer la decisión del tribunal: "Una cuestión en la que está en juego la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión no puede dirimirse por una comisión administrativa. Tiene que ser un juez el que decida". En su opinión, el diseño de la norma para retirar contenidos y cerrar páginas webs vulnera las garantías judiciales básicas que prescribe nuestra constitución.

Para Víctor Domingo, la norma antidescargas "genera una tremenda inseguridad jurídica para cualquier web, blog... El concepto de enlace se pone bajo sospecha y eso es entrar en un terreno muy delicado". Sobre todo porque la jurisprudencia ha solido exculpar hasta la fecha la actividad de enlazar a contenidos que vulneraban la propiedad intelectual. La ley Sinde pretende modificar esa tendencia y para ello busca modificar las reglas de juego. Es decir, intenta dotar de un respaldo legal el cierre de ese tipo de webs.

El problema para los internautas es que la autoridad que se concede a una comisión administrativa (dividida en dos instancias, una primera compuesta por 'sabios' en la materia, y otra segunda por secretarios de Estado) es excesiva. "Si quieren modificar las reglas del juego, tendrán que modificar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). No crear este procedimiento de clausura a través de un reglamento que no ilegaliza las webs de descargas, algo que correspondería a la LPI, sino que, simplemente, abre un cauce para cerrarlas. Y eso es un atajo que no podemos tolerar".

Aparte de este argumento, el esencial en que se sostiene el escrito de la Asociación de Internautas, también se advierte en el mismo que la ley Sinde contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional al extralimitarse en sus intenciones reguladoras del marco digital. A juicio de esta agrupación, el reglamento que no se atrevió a aprobar el gobierno socialista y que ahora el PP ha impulsado de nuevo desarrolla, sin amparo legal para ello, leyes como la de Comercio Electrónico, la Propiedad Intelectual y la Jurisdicción Administrativa.

Víctor Domingo dice "confiar" en la Justicia. Tiene sus esperanzas puestas en ella. Hay un antecedente que les invita al optimismo. "El canon digital nunca debió subir al BOE. Hemos tenido que esperar ocho años para que lo eliminaran de nuestra legislación, pero al final lo conseguimos. Es una pena que se tarde tanto tiempo y que luego no se aplique efectos retroactivos frente a quien se ha lucrado tanto con él. Veremos esta vez".