2025, un año crucial en la guerra entre la IA y los autores: la polémica iniciativa del Ministerio de Cultura

Debates filosóficos y anécdotas aparte, la cosa se pone seria al constatar cómo la IA generativa vulnera los derechos de autor y pone en riesgo el sustento de ilustradores, escritores, cineastas y, en definitiva, de la infinidad de personas que se ganan la vida creando las obras de las que la inteligencia artificial se alimenta (sin pagar ni pedir permiso) para generar otras nuevas de manera instantánea. 

Hace un año ya repasamos aquí cómo a lo largo de 2023 este asunto había puesto a los creadores en pie de guerra, y lo ha seguido haciendo este 2024. Entre las batallas legales más sonadas están las del diario The New York Times y algunos escritores estadounidenses (como John Grisham o Jonathan Franzen, a través de la asociación The Author’s Guild) contra OpenAI (la empresa creadora de ChatGPT), o la de la famosa agencia de fotografía Getty contra Stability AI (la empresa responsable del generador de imágenes de Stable Diffusion).

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Además, en noviembre vio la luz el primer gran estudio internacional sobre el posible impacto económico que la IA generativa puede tener en la cultura si no se le pone coto legal. Encargado por CISAC —la organización mundial que reúne a las sociedades de autores, como las españolas SGAE, VEGAP y DAMA—, el informe estima que los ingresos del sector musical podrían reducirse en un 24% de aquí a 2028, y un 21% en el caso del audiovisual, mientras que los de las compañías que desarrollan las aplicaciones de IA generativa se disparará: el mercado de los contenidos musicales y audiovisuales producidos por la IA generativa pasará de un valor actual de 3.000 millones de euros a 64.000 millones de euros en 2028, según las previsiones de este estudio.

Una ley pionera

La Unión Europea lidera el camino hacia la regulación de la inteligencia artificial en todos sus ámbitos, incluido el de la IA generativa. El 13 de marzo de 2024 aprobó la primera Ley de Inteligencia Artificial del mundo, que pretende marcar el rumbo al resto de países en esta materia.

La ley fue aprobada por la Eurocámara con un amplio consenso: 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Su objetivo es “proteger los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA que entraña un alto riesgo, impulsando al mismo tiempo la innovación y erigiendo a Europa en líder del sector”.

Evidentemente, hay aspectos de la IA aún más preocupantes que la vulneración de los derechos de autor y la posible suplantación de algunas profesiones creativas. En este sentido, la normativa prohíbe las aplicaciones de la IA que considera de “riesgo inadmisible”: los sistemas de categorización biométrica y reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones, los sistemas de puntuación ciudadana (como en aquel escalofriante episodio de The Black Mirror titulado "Nosedive"), la actuación policial predictiva basándose únicamente en el perfil de una persona o la utilización de técnicas subliminales para manipular el comportamiento humano.

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En el campo de la IA generativa, el que aquí nos ocupa, “los sistemas de IA de uso general y los modelos en los que se basan deben cumplir ciertos requisitos de transparencia, respetar la legislación de la UE sobre derechos de autor y publicar resúmenes detallados del contenido usado para entrenar sus modelos. Los modelos más potentes que podrían plantear riesgos sistémicos deberán cumplir requisitos adicionales, como realizar evaluaciones de los modelos, analizar y mitigar los riesgos sistémicos e informar sobre los incidentes”. Además, “las imágenes, contenidos de audio o de vídeo artificiales o manipulados ("ultrafalsificaciones") [o deepfakes] deberán etiquetarse claramente como tales”.

La ley entró en vigor el pasado 2 de agosto, pero su aplicación se producirá de manera escalonada. Así, las prohibiciones de prácticas que contempla serán aplicables seis meses después de esa fecha, es decir, el 2 de febrero de 2025. El resto de disposiciones se irán implementando progresivamente hasta el 2 de agosto de 2027.

No obstante, según CEDRO, la entidad que gestiona en España los derechos de autores y editores de libros, la protección ofrecida por la nueva ley europea a los derechos de los autores y editores cuyas obras son utilizadas para "entrenar" modelos de inteligencia artificial "es mínima".

El abogado especialista en derecho de la cultura Alberto González Pulido, que forma parte del grupo de trababjo que está elaborando las medidas relacionadas con los derechos de autor en el código de buenas prácticas de la IA de propósito general para la Comisión Europea, y que entrará en vigor el 2 de mayo de 2025, reconoce a El Cultural que el reglamento europeo "se ha quedado corto" en su protección de los derechos de propiedad intelectual y por eso es de vital importancia la redacción del citado código de buenas prácticas.

El papel de España

Además del peso de las sociedades de autores españolas en CISAC y del hecho de que este organismo internacional tenga como vicepresidenta a la cineasta y exministra española Ángeles González-Sinde, España está teniendo un papel importante en el debate sobre la protección de los derechos culturales frente al avance de la IA generativa.

Nuestro país será el anfitrión de la próxima MONDIACULT, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025. En esta cumbre de ministros de Cultura de los 194 países miembros de la ONU —es decir, casi todos los países que existen—, la inteligencia artificial en el ámbito de la cultura será, como no podía ser de otra manera, uno de los tres grandes ejes del encuentro —los otros dos serán la “cultura de paz” y los derechos culturales—.

¿Hacia las licencias colectivas?

Además, el Ministerio de Cultura, que ya se comprometió a no premiar ni contratar obras creadas íntegramente con IA, está redactando un proyecto de Real Decreto que obligaría a las compañías de IA a compensar a los autores por el uso de sus obras para entrenar a sus modelos. La IA se alimenta de una cantidad ingente de obras y el texto del ministerio reconoce que “la obtención individual de las correspondientes autorizaciones resulta excesivamente onerosa y prácticamente inviable”, por lo que la solución del ministerio pasaría por la creación de "licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de SGAE, Antonio Onetti, el 17 de junio en la entrega de las medallas del 125 aniversario de SGAE. Foto: Alberto Ortega/Europa Press

Las encargadas de conceder esas licencias serían las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, como SGAE, VEGAP o DAMA, que en conjunto representan a unos 180.000 creadores y han apoyado la iniciativa del ministerio en un comunicado firmado por las seis principales entidades de gestión, a las que se suman otras 20 organizaciones culturales. “En un momento en que diversas potencias tecnológicas se han centrado en expandir su dominio digital sin considerar las implicaciones culturales y éticas, el Gobierno de España ha adoptado una postura ejemplar, subrayando la importancia de preservar la esencia humana y la diversidad cultural frente al avance imparable de las máquinas”, se afirma en el texto.

En una reciente entrevista con EFE, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, se muestra a favor de ese real decreto. “Si utilizas un programa [de IA] para crear música, ese programa ha aprendido con la música que hemos hecho. Lo lógico es que las empresas que crean esas herramientas necesiten tener una licencia de esos repertorios y sean otorgadas por las entidades de gestión”, afirmaba.

Críticas al proyecto de Real Decreto

No obstante, otros creadores han criticado duramente la iniciativa del Gobierno y la actitud favorable de las entidades de gestión, a las que acusan de no haber consultado con sus integrantes esta postura. El artista gráfico Luis NCT, en un texto remitido al Ministerio de Cultura durante el plazo de alegaciones (que finalizó el 10 de diciembre), considera que este proyecto de Real Decreto supone “posicionarse inequívocamente del lado del genocidio cultural, de la destrucción de empleos presentes y futuros, de la debilitación del tejido cultural y artístico, y de la degradación de la salud mental de todos los creadores”.

El guionista de cómics El Torres también ha expresado su desacuerdo al ministerio: “Ustedes pretenden que mis creaciones, las de muchos otros compañeros, sirvan para alimentar una maquinaria tecnológica que me dejará, precisamente, sin el poco trabajo que puedo hacer”. En las últimas líneas de su carta, define esta iniciativa como una “burla”.

SEGAP (Federación de Sindicatos de Espectáculos, Artes gráficas, Audiovisuales y Papel, adheridos a la CGT) y Arte es Ética han manifestado de manera conjunta ante el ministerio su “total y absoluto rechazo” al proyecto. “De seguir adelante con este RD, el Gobierno de España quebraría el contrato social, ya que no solo estaría dejando desamparados a los trabajadores creativos sino que vulneraría los derechos básicos de los mismos, expropiando los derechos de autor de todo el país, en todas las áreas creativas, para la explotación privada de 4 o 5 empresas españolas que actuarían como intermediarias o gestoras de unos derechos obtenidos ilegalmente ya que no habría contrato de por medio que permita la explotación de derechos de ningún autor. Si con un proyecto como este piensan que están impulsando la “ventaja competitiva” de España, sepan que los beneficios finales serán aprovechados por empresas transnacionales que serán las que exploten la labor expropiada a los españoles. No existirá, por tanto, un beneficio real para España como nación a nivel cultural o económico”.

Aunque el texto provisional del real decreto da la opción a los autores de retirar sus obras de los repertorios de entrenamiento de la IA (lo que se conoce como opt-out), estas entidades consideran que debería ser al revés: no deberían incluirse sus obras en el entrenamiento de los modelos hasta que los autores den su consentimiento expreso (método opt-in). Entre otros motivos, porque “una vez que el modelo de IA generativa aprende un dato no puede desaprenderlo y no hay garantía de que no sea utilizado en generaciones siguientes”.

Por su parte, Alianza Audiovisual, ACE Traductores y otras organizaciones firmantes del Manifiesto de la Cultura ante la IA han comunicado su descontento al Ministerio de Cultura “por la forma y el contenido” del real decreto, y exigen “la retirada de todos los modelos ilegales de IA y de una indemnización económica por los usos ilícitos que las empresas de IA ya han hecho de nuestras obras para pre-entrenar, entrenar, testear y desarrollar sus modelos de inteligencia artificial sin tener autorización”. El 17 de diciembre se reunieron con la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez para expresar su desacuerdo, y manifestaron que “una regulación de unas licencias como las que se pretende no se puede hacer de esta forma, que requiere de un proceso de diálogo profundo y que nunca debe servir para que las empresas de IA puedan intentar enmendar las violaciones que yan han llevado a cabo contra nuestros derechos”.

González Pulido comparte estas críticas. El jurista, que formó parte de la comisión del Estatuto del Artista y además es colaborador de OdiseIA, Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA, considera que antes de aprobar esa regulación de las licencias ampliadas, "se debería proceder primero a la retirada de modelos de IA ilegales", lo cual implicaría que populares herramientas como ChatGPT dejaran de funcionar en España.

Aunque reconoce que eso ocasionaría para nuestro país "una pérdida de competitividad", opina que es "más importante la protección de los derechos fundamentales", y entre ellos se encuentra la propiedad intelectual. "Me consta que el ministerio está prestando atención a las críticas recibidas, pero debería abrirse un proceso de diálogo más transversal, transparente y reflexivo, porque se tiene que escuchar activamente a todos los actores", afirma. "El problema es que la IA avanza a un ritmo arrollador".

A la vista de todo lo anterior y con este real decreto aún en el aire, no cabe duda de que 2025 será un año decisivo a la hora de equilibrar (o desequilibrar) la balanza entre el desarrollo de la IA generativa y la protección de los derechos de autor. Por ahora, la guerra sigue abierta.