Copiemos la legislacion francesa sin rebozo, hasta en sus defectos, que ya habrá tiempo de "enmendallos". Habremos rebajado en más de un noventa por ciento los sinsabores actuales

Parece ser que el nuevo gobierno ha comprendido -¡bendito sea el Señor!- que "debe hacer algo con el Cine". Se habla de una reforma a fondo del malparado, y quizá malparido, ICAA, y hasta de unos "afectos especiales", expresión que es de esperar no contenga una errata y se haya querido decir "efectos". A saber: un manojo de medidas llamativas pero sin sustancia, promesas lindas de "no volveré a hacerlo", algo de ruido, pocas nueces, y "que ruede la bola a la valenciana", como apuntara en su día el autor de Arroz y Tartana.

A fin de cuentas, siendo tantos y tan complejos los males del Cine Español, bien se pueden reducir a dos fundamentales: la inversión de las televisiones, incumplidas pese a su enanez, y el fondo de Protección, escaso y sujeto a toda clase de demoras y trapisondas administrativas.

Existe un tercer problema, claro, el mayor y el más grave de todos: Hollywood y su yugo. Pero, dadas las proporciones colosales alcanzadas por el mal, no es cuestión que se deje resolver desde la pequeña parcela de un sólo Estado, mal que nos pese y "por muy bien que le haya ido", como al nuestro. Encontrar solución para tamaño chantaje o, al menos, amortiguador que lo haga más soportable, es empresa de varios, de una Unión Europea, pongamos por caso. Y aún así, suponiendo que ella fuera capaz de actuar con decisión y unanimidad, no muy frecuentes por lo que llevamos visto en otros terrenos.

Volviendo al mapa casero, las televisiones españolas, incluídas públicas y privadas, autonómicas o locales, no acaban de bajarse del burro en cuanto a que coproducir con el Cine implica dar limosna a la fuerza o acatar algo así como un impuesto revolucionario. El cinco por ciento que un día marcaron los acuerdos, además de representar el chocolate del loro en comparación con las participaciones aceptadas por las cadenas británicas, italianas, germanas o francesas -espejos obligados para nosotros-, no se alcanza ni de lejos.

Eso, sin contar con que, al comprar una película ya hecha y catada por el público, pagan lo mismo que diez o quince años atrás, siendo además un precio automáticamente establecido según la fecha de producción. Baremo cómodo desde el punto de vista del comprador pero injusto donde los haya, porque establece un sólo rasero para títulos aclamados en su momento y cualquier engendro que pasara como alma en pena por las taquillas (no digamos ya en otras instancias de mayor fuste). En cuanto al llamado Fondo de Protección, exhausto o en perpetuo peligro de agostamiento, habida cuenta del raquitismo inicial, devora cualquier plan financiero esgrimido en su momento por la producción al pagarse con retrasos a veces clamorosos.

Retrasos que, por supuesto, no implican intereses ni compensaciones de ningún tipo. Un Estado de Derecho no se condiciona exclusivamente a la existencia de elecciones libres, sino también a la circunstancia de que la Administración sea capaz de aplicarse a sí misma la ley impuesta a los administrados. Lección no aprendida o despreciada por cuantos gobiernos en este país han sido, y en particular por sus Ministerios de Hacienda. Aquí, en el campo de Agramante de la cosa pública, no paga intereses ni dios. En su reciente viaje a Madrid, invitado por distintas entidades españolas, parece ser que el director Bertrand Tavernier dio en admitir que, aun siendo muchos y graves los problemas del Cine Francés, apenas alcanzan el cinco por ciento de los del Español.

Y uno se pregunta: si no tiene vuelta de hoja que la industria cinematográfica del país vecino es la más organizada de Europa ¿por qué no chupar rueda de ella? ¿Por qué no colocarse a su zaga, siguiendo el ritmo que marca y aceptando que nos proteja de vientos adversos como hacen los ciclistas en carretera? ¿Por qué no aprovecharnos, por una vez en la vida, del esfuerzo y la experiencia galas?

Chupemos rueda con descaro. Copiemos la legislación francesa sin rebozo, hasta en sus defectos, que ya habrá tiempo de "enmendallos". Aun con ellos, y aceptando las cuentas de Tavernier, habremos rebajado en más de un noventa por ciento los sinsabores actuales.

El argumento en contra -al cual es fácil verle la oreja apenas sentada la proposición- es que nuestros respectivos países no son equiparables, que las circunstancias en uno y en otro resultan muy distintas, si no contradictorias. ¿Pero no dicen ustedes -me refiero a los políticos, claro, a quienes no parece caérseles de la boca- eso de que "es más lo que nos une que los que nos separa"?

¿No somos dos países latinos? ¿No tenemos ambos una lengua romance (en nuestro caso, más de una y más de dos)? ¿No nos regimos por códigos napoleónicos? ¿No producimos películas bastante por encima de la media europea, tanto el uno como el otro? ¿Y no son, vistas en su conjunto, tan buenas las nuestras como las suyas?

Quizá las respectivas administraciones, superpuestas, no coincidan. ¿Pero acaso coincide alguna en este viejo continente? ¿Y no es justamente ése el dilema que debe resolver cuanto antes la Unión si pretende justificar su existencia?

¿Cuál es, entonces, el abismo insalvable para que robemos una fórmula a nuestros vecinos y la hagamos propia? Ellos, con tal de conseguir acólitos, encantados. Y nosotros, no tendríamos que andar con probatinas e inventos del tebeo. ¿Por qué hay que ser a todo trance originales, con lo caro y aburrido que resulta eso?

La Diferencia, así, con mayúscula, tiene los días contados. Sólo cuando aceptemos ese hecho irreversible, estaremos hablando de progreso. Lo contrario, le duela a quien le duela, implica pura reacción. Empecemos, pues, por unificar reglas, métodos, soluciones. Actuemos, en definitiva, con sentido práctico y sin picores patrióticos. Chupemos rueda, señora Ministra.