El director licitado

Me he atizado las 56 páginas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del Contrato de Servicios de Asesoramiento Artístico para la Puesta en Marcha y Funcionamiento del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en Córdoba. No porque tuviera intención de presentarme sino porque he seguido desde su inicio la estupefaciente historia de este centro de arte al que, en una década, nadie ha conseguido –nadie parece haberlo intentado en serio- dar forma más allá de su esplendoroso y dificilísimo continente arquitectónico. Seguro que ya saben algo de él pero, por si acaso no, solo unos datos: el proyecto nació en el contexto de la candidatura de Córdoba a la Capitalidad Cultural Europea en 2016 y con vocación de convertirse en edificio emblemático, a orillas del Guadalquivir y frente a la Mezquita pero en una zona industrial y comercial; con diseño de Nieto y Sobejano, tiene más de 12.000 m2 de superficie en cuatro plantas, ha tardado seis años en construirse y ha costado casi 30 millones de euros. Pero nunca se supo muy bien para qué iba a servir. Ha cambiado de nombre y de concepto varias veces y seguimos sumidos en la más profunda indefinición. Las asociaciones del sector del arte llevan años ofreciendo a la Junta de Andalucía su colaboración para elaborar eso tan importante que es “la misión” del centro y han pedido cien veces que se aplique el Documento de buenas prácticas para museos y centros de arte contemporáneo que se firmó con el ex-Ministerio de Cultura allá por 2007. Como ahora han recordado en un comunicado el Instituto de Arte Contemporáneo y la Unión de Artistas Visuales de Andalucía, ese documento no se limita a establecer un procedimiento para la elección de los directores sino que fija un modelo de gestión basado en la solidez del proyecto artístico y en la creación de un patronato o consejo rector que vele, desde la independencia y el compromiso, por esa misión. Son pasos previos a la convocatoria  para el puesto de dirección. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía no tiene nada de eso pero la Junta de Andalucía, a pesar de sus anteriores promesas, ha dado un salto en el vacío y ha publicado la convocatoria de dirección más extraña que se recuerde. Y no es solo que no se hayan “resuelto hasta el momento  aspectos sustanciales como son el decreto de constitución, los estatutos, el plan de usos, el modelo de gestión o los órganos de gobierno” –así lo subrayan las citadas asociaciones- y que se haya pergeñado esta maniobra que hará muy difícil retomar el buen rumbo: es que la convocatoria es esperpéntica. Estimados comisarios, investigadores y gestores culturales que pudierais plantearos la posibilidad de hacer una “oferta” –en el lenguaje de las licitaciones-: ni se os ocurra. Os daré razones de peso.

He de mencionar antes que la Junta ha puesto al CCCA de Córdoba bajo gestión de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC), entidad instrumental que realiza “todas las tareas técnicas y económicas que resulten necesarias para el desarrollo de los programas culturales” autonómicos y gobierna directamente, entre otros, el Instituto Andaluz del Flamenco, el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Andaluz de la Danza y el Instituto Andaluz de las Letras, además de varios teatros. El director de la AAIC es José Francisco Pérez Moreno pero la persona que mandará directamente sobre el CCCA es Manuela Pliego, titular de la Gerencia de Instituciones Patrimoniales. Miren que es difícil no aparecer en Google… Pues apenas hay rastro de la Gerente salvo en noticias recientes relacionadas con la Agencia. Solo he podido saber que en 2007 era Directora de la Unidad de Programas de Cooperación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que se transformaría después en la AAIC.

El modelo de contratación del puesto –¿por qué lo llaman “asesoramiento artístico” cuando quieren decir “director?- es absolutamente inédito: una licitación, que es un procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que utiliza el Sector Público. La Junta de Andalucía ha decidido considerar la dirección del CCCA como un “servicio” externo. Hemos visto en España algún caso de externalización –privatización- de la gestión integral de un museo o centro, como el CAC de Málaga, pero lo de externalizar la dirección creo que no se había inventado. ¿Qué “beneficios” podría tener ese modelo? Muy claro: la Junta siempre tendrá la sartén por el mango, se podrá quitar de enmedio al contratado sin ningún problema en dos años –lo normal es firmar por cuatro o cinco años- y además no tendrá que pagarle el paro.

Es muy contradictorio que a la vez que se restringe muchísimo, como veremos, la autonomía del futuro “asesor” se le confíe la trascendental tarea de definir “el discurso del centro, con sus objetivos, fines y líneas de actuación”. Eso, señores y señoras de la AAIC, no debe hacerlo ni un asesor ni un director. Ni siquiera un Consejero. Eso se deja establecido en los estatutos o en el decreto de creación –inexistentes en este caso- de cualquier institución cultural. Otra cosa es que se pidan propuestas ya más concretas, como también se hace, de programación, producción, investigación, formación, educación, comunicación y actividades. ¡Ah!, y una lista de los muebles y equipamientos que harán falta. Pero ¿cómo pueden hacerse planes de ningún tipo sin saber cuál será el presupuesto de funcionamiento del centro y el personal con el que se contará? Hay quien ha calculado que, con las dimensiones que tiene el CCCA, no se puede abrir siquiera la puerta por menos de 1,5 millones anuales. He consultado la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 y solo contempla la licitación de la urbanización del entorno, que ya ha salido (1,5 millones), y la construcción de una “caja negra”, que albergará gran parte de la actividad del centro: con graderío retráctil y equipamiento para el control de las condiciones acústicas, que son muy malas. Ni un euro previsto para el personal, el mantenimiento o las actividades.

Aún así, los interesados tienen la friolera de dos semanas para elaborar su oferta, a la vez que cumplimentan los tropecientos anexos y obtienen los chorrocientos certificados que la licitación exige, incluyendo requisitos tan fuera de lugar como “la solvencia económica y financiera”. Ni que decir tiene: ningún profesional de fuera de España podrá concurrir. Necesitaría un ejército de gestores para superar las barreras administrativas. Y tampoco muchos profesionales españoles que, aún pudiendo demostrar solvencia económica, no tengan ahorros: la adjudicación de la licitación obliga a constituir una garantía definitiva del 5% del importe del contrato (112.000 euros, a pagar en dos años) para responder ante un posible incumplimiento. Es decir, 5.600 euros. Aunque entiendo que esa cantidad se le puede ir reteniendo de las mensualidades de pago.

Se da la opción de que la licitación la gane una “empresa adjudicataria” que tenga a su vez contratado a quien vaya a actuar como “asesor” o a cuantos empleados le parezcan necesarios para cumplir con el objeto del contrato. Con esa hipótesis absurda en mente, se solicita un “estudio organizativo del servicio que comprenda la metodologia de los trabajos y los manuales de procedimiento para la prestación del servicio”. Y esta marcianada: “Los trabajos se realizarán con los medios materiales del contratista” (lleve el elegido su ordenador, impresora, teléfono, silla…). Da la impresión de que el texto de la licitación ha adaptado una plantilla hecha para la contratación de compañías de artes escénicas, ámbito en el que el AAIC tiene más experiencia (se les ha escapado alguna alusión al “espectáculo” objeto del contrato). Solo así se explicarían condiciones tan peregrinas como esta: “El adjudicatario será responsable durante la ejecución del contrato de todos los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad, servicio público o privado o al medio ambiente como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo. Correrán por tanto a su cargo las indemnizaciones necesarias para reparar los daños antedichos”.  Para ello, se le obliga a constituir un seguro propio de responsabilidad civil.

También puede meterse en un lío con los derechos de propiedad intelectual de artistas y autores de ensayos críticos, pues ha de firmar que “reconoce expresamente el carácter de obra colectiva de aquellas publicaciones que se lleven a cabo” y asumir este imposible: garantizar “que los trabajos que se desarrollen al amparo del contrato objeto del presente proceso se encuentran libres de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros”.

Atención: el asesor “realizará los trabajos encomendados según su leal saber y entender, con plena autonomía e independencia, sin encuadrarse en la estructura organizativa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, debiendo seguir las instrucciones de la misma en la supervisión del trabajo y en cuanto a contenidos y planteamientos del trabajo. En ningún caso tendrá la consideración de personal del centro, no pudiendo llevar a cabo las funciones propias del mismo, por lo que no impartirá instrucciones al personal del centro”. Esto es graciosísimo: un director que no puede dirigir. La que sí dirigirá, al parecer, es Manuela Pliego, a la que se nombra “responsable de la ejecución del contrato”. A ella “corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de los trabajos”. Eso sí: la AAIC “incluirá el nombre del adjudicatario como director artístico del Centro, en toda publicidad que se realice” (¿?).

¿Creen que algún profesional en su sano juicio aceptará estas condiciones? El Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, lleva meses intentando dar salida a esta patata caliente en la que se le ha convertido el Centro de Creación Contemporánea. Me consta que intentó convencer a algún profesional con experiencia para que se postulara al concurso que pensaba convocar pero, al margen de la desmesura del proyecto y el desacierto en el modelo cultural al que obedece, nadie ha querido embarcarse en una aventura que hace aguas desde el principio, sin consenso y sin un estudio de viabilidad. Animar a alguien a presentarse a un concurso no es ilícito cuando hay una comisión independiente que valore las candidaturas pero si el animador es el que decide se puede interpretar la invitación como una promesa de nombramiento. ¿Tendrá ya el Consejero algún candidato “apalabrado”? Podría ser: hay gente con los escrúpulos flojos… y hay pocas posibilidades de promoción profesional en el entorno artístico. Cuando se da tan poco tiempo para que otros interesados elaboren un proyecto y cuando se convoca así, sin publicidad, casi en secreto… cabe sospechar. A pesar de que los pliegos admiten la posibilidad de que se designe un “comité de personas expertas o del organismo técnico especializado” que asesore a la Mesa de Contratación, el hecho es que se ha publicado la composición de esta, y es puramente político/administrativa (muy lejos de las buenas prácticas):

Presidente:

Alberto Mula Sánchez, Gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Vocales:

Manuela Pliego Sánchez, Gerente de Instituciones Patrimoniales.
Myriam Díaz del Cañizo, Jefa de Departamento de la Gerencia de Instituciones Patrimoniales.
Santiago Machuca Rodríguez, Director de la Unidad de Servicios Jurídicos y Contratación.
Antonio Angulo Ortiz, Control Financiero Permanente.
Secretaría:
Mª Jesús Rodríguez Ríos, Técnico de la Unidad de Servicios Jurídicos y Contratación.