Ilustración de Ajubel

La cultura española se viene rigiendo por leyes de hace décadas, cuando no preconstitucionales, incapaces por tanto de abordar los desafíos que las nuevas tecnologías plantean hoy. Al parecer, sólo se está al día en lo que a los derechos de autor se refiere. El Cultural toma el pulso al sector editorial, el artístico, el teatral, el cinematográfico y el musical desde el punto de vista legislativo: qué leyes están en marcha y cuáles parecen condenadas al olvido. Las buenas noticias parecen ser el proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas aprobado a comienzos de noviembre, y la Ley del Cine, que se espera que esté concluida a final de año, pero de la Ley de la Música apenas se sabe nada. Porque hay de todo, desde una Ley del Patrimonio de hace veinte años, a un proyecto para sustituir el Reglamento de los museos, elaborado en 2004 y que aún no ha sido enviado a las Cortes, afortunadamente según los expertos. O la incertidumbre de nuestra escena, que se debate entre un Plan elaborado por la Asociación de Autores y un proyecto de Ley preparado por la Asociación de Directores.

La política de "afectos especiales" que le prometió la ministra Carmen Calvo al sector cinematográfico al principio de la legislatura, transcurrido ya un tiempo más que prudencial, podría convertirse en palabra de ley de forma inminente. Según adelantó la propia ministra, la nueva Ley de Cine, que vendría a sustituir a la Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el Audiovisual de 2001 (aprobada bajo el Gobierno de José María Aznar), debe estar terminada a finales de año. Todo indica que durante el mes de diciembre será presentada como proyecto de ley en el Consejo de Ministros. De momento, se conoce la existencia de un borrador de ley con los puntos de partida sobre el que los distintos sectores implicados -creadores, producción, distribución y exhibición- pretenden llegar a un final consensuado. Las bases de la nueva norma legal, en un texto elaborado por el sector y según Cultura "asumible" desde la teoría (la práctica es otra cosa), tiene como referencia el modelo proteccionista francés, cuyo mayor propósito es defender el cine independiente y nacional de la voracidad del cine americano, aunque sea estableciendo tasas de doblaje. Además, la ley no dejará de atender la convulsión provocada por los cambios tecnológicos, revisará las sanciones por competencia desleal y promoverá más incentivos fiscales para fomentar la producción cinematográfica.

Agencia estatal de cine
El primer y más importante paso parece que pasa por crear un órgano más potente para defender y velar por las competencias del sector cinematográfico. Este llevaría por nombre Agencia Estatal de Cine y vendría a sustituir al ICAA (Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales), dirigido actualmente por Fernando Lara. Tendría rango de Secretaría de Estado y dependería no sólo del Ministerio de Cultura, como ocurre actualmente, sino también de los otros ministerios que afectan a la política audiovisual: Economía y Hacienda, Industria, Educación y Presidencia. Sus competencias serían, entre otras, velar por la libre competencia audiovisual, distribuir los fondos destinados al cine y emitir certificados que acrediten la independencia de las empresas de producción. Además, se encargaría también de la promoción mundial del cine español con la creación de un Instituto de Promoción, equiparable al ya existente en Francia (Unifrance).

Tasas al cine extranjero
La más polémica y novedosa de las aportaciones pasa por la posibilidad, contemplada en el borrador, de imponer diversas tasas al cine extranjero. La primera de ellas sería por la obtención de una licencia de doblaje de películas al español u otras lenguas oficiales españolas, que sin duda facilita su distribución en nuestro país (si no se doblaran, como ocurre en otros países europeos, su número de espectadores descendería drásticamente). Este alto peaje sería el primer freno para la invasión norteamericana en las carteleras españolas (del orden del 76% en el primer semestre del año), al que seguirían otras tasas como el encarecimiento de los precios de las entradas (una medida muy impopular).

Se añade a las tasas el incremento de las sanciones por competencia desleal por parte de las majors. En el mes de mayo, el Tribunal de la Defensa de la Competencia (TDC) sentenció a las cinco grandes compañías de Hollywood (Disney, Sony, Fox, UIP y Warner) a pagar una multa de 2,4 millones de euros por practicar el oligopolio en el mercado de la distribución cinematográfica (esto es, por ponerse de acuerdo para repartirse todo el pastel). La sentencia está recurrida y los efectos no parecen haber mitigado lo que es una práctica habitual de las compañías de distribución estadounidenses, con lo que el texto contempla "tipificar nuevas infracciones y establecer nuevas sanciones para reforzar el cumplimiento de la ley audiovisual y evitar abusos que existen en el mercado". En definitiva, según los defensores, se trata de equilibrar fuerzas y oportunidades en el libre mercado para que el pez grande no se siga comiendo al chico. Al tiempo, estas tasas y sanciones ayudarían a incrementar un Fondo de Protección de la Cinematografía que todos los implicados consideran insuficiente (64 millones de euros en 2006).

Desgravación fiscal
La desventaja con la que parte el cine respecto a otras manifestaciones artísticas es que es un arte muy caro. La consecuencia de ello es que inevitablemente se convierte en una industria necesitada de financiación estatal, pues sin la existencia de ayudas y correctivos ninguna compañía privada invertiría en un negocio tan arriesgado. Actualmente, de su presupuesto total, 82 millones de euros, el ICAA destina 58,5 a la producción cinematográfica en forma de subvenciones. La nueva ley pretende aumentar estas ayudas en 3 millones de euros anuales.

Para atraer a inversores independientes generalmente ajenos a la producción cinematográfica, la nueva ley baraja la posibilidad de proporcionar incentivos económicos, en forma de desgravaciones fiscales, a los pequeños, medianos y grandes inversores. Según el documento, "España se encuentra a la cola de los distintos sistemas de incentivos fiscales", de manera que el colectivo de productores pide al Ministerio de Economía y Hacienda "una mayor solidaridad e implicación en la búsqueda de mejores sistemas de desgravación fiscal".

Papel de las televisiones
La importancia de las televisiones en el nuevo organigrama audiovisual requiere un capítulo aparte. Muy espinoso, por cierto. La normativa europea actual obliga a las cadenas de televisión a invertir un 5% de sus ingresos en producciones audiovisuales españolas y de la UE, con el fin también de que se vean obligados a emitir estas películas. Lo que las televisiones han hecho para rentabilizar su obligada inversión ha sido crear sus propias productoras y producir ellos mismos las películas. En un astuto juego de intercambios, las televisiones le devuelven así la pelota al Estado, pues se aprovechan de las ayudas a la producción.

Esto no ha sentado nada bien al grueso de productores cinematográficos independientes, que tildan desde la FAPAE (Federación de Productores) de "intrusismo y competencia desleal" el nuevo papel adquirido por las televisiones. Aunque según sus bases, la nueva normativa no se pronuncia al respecto, sí contempla la intención de que el porcentaje se aumente del 5% al 12% en algunos casos. La propuesta sugiere además que las cadenas inviertan un 1% más en obras de animación y otro 1% en documentales.

Cambios tecnológicos
La dinámica tradicional de la distribución y exhibición se ha visto alterada con la llegada de las nuevas tecnologías y la fuerza pujante de las distribuidoras independientes (Wanda, Alta, Vértigo y Golem), que piden a la nueva ley que definan exactamente su función. La incorporación del TDT a las salas, un sistema de proyección que lo digitalizará todo y mermará el papel de los distribuidores (al desaparecer la copia física), exigirá sin duda una reconversion que de hecho ya está en marcha. Los exhibidores, a través de FECE, piden en este sentido más ayudas para afrontarla y no están de acuerdo con la obligación de que el 25% de sus proyecciones sean de cine europeo, al tiempo que demandan un registro de empresas de exhibición, pues el DVD ha facilitado la proyección "ilegal" de películas. De hecho, una de las tasas a pagar contempladas en la ley se aplica "sobre las distintas formas de comercialización de la obra (incluyendo redes de comunicación tales como telefonía móvil, internet, etcétera.)", lo que da una pista sobre el modo en que el nuevo texto quiere arbitrar en el nuevo paisaje audiovisual: gravando un impuesto sobre las reproducciones en DVD.