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Investigan irregularidades en las subvenciones al sector del cine
El falseo de datos de recaudación y espectadores habría sido una práctica habitual de las salas, en connivencia con productoras y distribuidoras, para obtener subvenciones según apunta un informe del ICAA remitido a la fiscalía de Madrid
El sector del cine se encuentra en tela de juicio por supuestas irregularidades en la obtención de las subvenciones que otorga el ministerio de Cultura y que habrían cometido productoras, en connivencia con distribuidoras y salas de cine. Cuatro juzgados de Madrid investigan en estos momentos el informe remitido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), órgano dependiente del ministerio encargado de tramitar las ayudas, en el que se cuestionan los datos de 38 películas. Entre estas se encuentran La Montaña Rusa, de Enrique Cerezo P. C.; Holmes & Watson. Madrid Days, de Nickel Odeon (productora de José Luis Garci), De Mayor quiero ser soldado, una coproducción de España-Italia entre Canónigo Films y Produzione Straordinaria; o Los Muertos no se tocan, nene, de Gona Centro de Producción, según informa El País.El informe del ICAA explica que durante años ciertas salas han falseado los datos de recaudación y de espectadores, dos de los baremos en los que se sostienen las subvenciones al cine. Como los beneficiarios de dichas subvenciones son las productoras, es de suponer que existe una connivencia entre éstas, las distribuidoras y las salas. Hasta el pasado verano, momento en el que el Ministerio de Cultura cambió la Ley del Cine consciente probablemente de la situación que se estaba produciendo, las ayudas se entregaban una vez que la película se había estrenado en función de los resultados obtenidos. A partir de enero de 2016 la subvenciones se otorgan a medida que la película se va produciendo.
Como ya explicaba Juan Sarda en El Cultural, hecha la ley, hecha la trampa. El sistema de autocompra de entradas ha funcionado con cierta normalidad durante años ya que salía rentable para cumplir los límites marcados por la ley y recibir la amortización. Sin embargo, el Informe del ICAA va un poco más allá porque apunta a falseo de datos (sesiones de películas que no llegaban a realizarse y de las que se daban datos de asistentes irreales) que son considerados como ilícitos penales (delitos). Por todo ello, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha solicitado el reintegro de más de una treintena de subvenciones dadas a producciones cinematográficas en los últimos tres años, según fuentes de este departamento. Concretamente, el Gobierno habría requerido la devolución a 23 películas entre 2013 y 2014, así como a otras nueve producciones, por el momento, en lo que va de año 2015. Estas fuentes, no obstante, no han especificado de qué cintas ni productoras se trata en concreto.
Del mismo modo, han eludido facilitar información sobre el informe remitido por el Ejecutivo a la Fiscalía Provincial de Madrid, adelantado este lunes por el diario El País. En todo caso, han subrayado que se trataría de casos puntuales que "en ningún momento pueden ensombrecer" la imagen del sector, al tiempo que han recalcado que el cambio en el modelo de financiación del cine, que se aplicará desde 2016, y que contempla las ayudas 'a priori', ataja un "potencial uso fraudulento" de la taquilla, ya que este requisito queda, según aseguran, en un segundo lugar.
Igualmente, las mismas fuentes han precisado que sobre este particular existen dos procedimientos, uno por la vía penal, motivado por una denuncia de fraude efectuada en 2012 --en relación a las subvenciones de producciones de 2010--. Esta acusación se basa en la infracción del artículo 308 del Código Penal, que contempla multa y pena de hasta cinco años de cárcel para aquellos que falseen datos para obtener subvenciones del Estado de más de 120.000 euros, en caso de que no reintegren la subvención.
Por otro lado, se encuentra abierta la vía contencioso-adminitrativa, en virtud de la cual se están solicitando los reintegros a aquellas producciones de las que la administración considera que tiene pruebas suficientes de que se han falsificado los datos para obtener la subvención. En este caso, Cultura señala que desde 2013 la Intervención General del Estado (IGAE) viene realizando auditorías anuales sobre este particular y que estos son los informes que se han facilitado a la Fiscalía Provincial de Madrid.
