Ilustración de Ajubel

La cultura española se viene rigiendo por leyes de hace décadas, cuando no preconstitucionales, incapaces por tanto de abordar los desafíos que las nuevas tecnologías plantean hoy. Al parecer, sólo se está al día en lo que a los derechos de autor se refiere. El Cultural toma el pulso al sector editorial, el artístico, el teatral, el cinematográfico y el musical desde el punto de vista legislativo: qué leyes están en marcha y cuáles parecen condenadas al olvido. Las buenas noticias parecen ser el proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas aprobado a comienzos de noviembre, y la Ley del Cine, que se espera que esté concluida a final de año, pero de la Ley de la Música apenas se sabe nada. Porque hay de todo, desde una Ley del Patrimonio de hace veinte años, a un proyecto para sustituir el Reglamento de los museos, elaborado en 2004 y que aún no ha sido enviado a las Cortes, afortunadamente según los expertos. O la incertidumbre de nuestra escena, que se debate entre un Plan elaborado por la Asociación de Autores y un proyecto de Ley preparado por la Asociación de Directores.

Precio fijo... para casi todos

Considerado uno de los ejes programáticos del Ministerio de Cultura para esta legislatura, el 3 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Acababa así un culebrón de declaraciones encontradas, manifiestos e incluso anuncios de inminentes puestas en marcha realizados por Carmen Calvo o el propio Zapatero que los hechos acababan desmintiendo. Tras su aprobación, sin embargo, se han sucedido las declaraciones a favor de casi todos los implicados del sector editorial, quizá porque para elaborarla se ha contado con las comunidades autónomas, asociaciones de consumidores, varias instituciones privadas y cerca de cuarenta asociaciones profesionales del sector. Queda el trámite de enviarlo a las Cortes para su aprobación, pero parece poco probable que sea rechazado. La nueva Ley sustituirá los artículos aún vigentes de la preconstitucional de marzo de 1975 (9/1975 de Régimen general para la promoción, producción y difusión del libro), y a la normativa promulgada por el PP en 2000, que establecía el precio fijo y permitía descuentos para el libro de texto. Se trata, en palabras de Carmen Calvo, de cumplir tres objetivos esenciales: "el impulso de la lectura, la defensa de la diversidad cultural y una definición de libro acorde con una realidad que ha de asumir las nuevas tecnologías". Estupendas intenciones que se concretan así:

El fomento de la lectura
Por primera vez los planes de fomento de la lectura, que ya eran desarrollados por el Ministerio de Cultura anualmente, quedan recogidos en un texto normativo. Dichos planes tendrán que contar con una dotación presupuestaria adecuada y atender muy especialmente a la población infantil y juvenil y a los sectores más desfavorecidos socialmente. Se trata de aumentar el número de lectores, teniendo en cuenta que, según el último Estudio de hábitos de lectura y compra de libros, el porcentaje de lectores "frecuentes y ocasionales" ha aumentado siete puntos, hasta superar el 57% de la población mayor de 14 años;y lee el 74% de los jóvenes de 14 a 24 años y el 84% de los niños de 6 a 13 años.

Inversión en bibliotecas
Por fin se atiende a una de las tradicionales exigencias del sector editorial: invertir en bibliotecas. El Proyecto prevé gastar 431 millones de euros (es decir, más de 71.500 millones de las antiguas pesetas) hasta 2014, destinados a la dotación bibliotecaria. Lo mejor es que la Ley pone el acento en la cofinanciación, la corresponsabilidad y la reciprocidad de esfuerzos entre las distintas Administraciones y entidades privadas participantes. O sea, que todas las Comunidades Autónomas tendrán que hacer un esfuerzo presupuestario equivalente para que las bibliotecas aumenten sus fondos defendiendo "la libertad intelectual y el acceso a la información; la igualdad de acceso a los materiales, instalaciones y servicios de la biblioteca sin que pueda existir discriminación por razón de origen, etnia, religión, ideología o género, y la pluralidad, en virtud de la cual las bibliotecas deberán poner a disposición de los usuarios la mayor variedad posible de documentos que reflejen la diversidad de la sociedad y su riqueza lingöística".

El precio de los libros
Después de años de enfrentamientos, se opta por un sistema mixto de precios: se consolida el precio fijo "para garantizar una oferta plural y no quedar sometido a las exigencias del mercado" con una excepción vital, el libro de texto, para el que se admite el precio libre, que sustituye al régimen actual de descuentos. Y he aquí el primer punto de discrepancia. Para Fernando Valverde, presidente de la Confederación del Gremio de Libreros (CEGAL) el precio libre "no es la solución, aunque es lo menos malo. Nos hubiera gustado que hubiese establecido el precio fijo para todos, porque hacer excepciones es un mal precedente. Pero al menos con el precio libre el pequeño y mediano librero podrá defenderse mejor de las grandes superficies". Y celebra otro punto de la ley: las sanciones. Porque la ley establece infracciones leves y graves, de distinta cuantía económica, para quienes vulneren el sistema de precio fijo del libro, con multas que oscilarán entre 1.000 y 100.000 euros. Otra cosa es el copago, o la gratuidad del libro de texto, que parece en el horizonte final.

Promoción de autores y apoyo a la industria
Cultura se compromete a hacer campañas de promoción de los autores que escriben en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y mantiene los premios nacionales. También contempla programas de apoyo a la industria y comercio del libro, especialmente a las librerías "en su calidad de agentes culturales".

Observatorio de la lectura.
Para conocer la situación real del sector editorial, bibliotecas y los hábitos lectores, Cultura creará el Observatorio de la Lectura y del Libro, que colaborará estrechamente con observatorios similares existentes en las Administraciones Autonómicas, elaborará informes....

Addendas: el canon europeo
y la biblioteca digital. El Ministerio de Cultura va a añadir al Proyecto de Ley ya conocido dos addendas para ponerse al día con la legislación comunitaria, sobre todo tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 26 de octubre, que condenó a España por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar un canon por el préstamo de libros. Cultura asegura que "en ningún caso el usuario pagará el canon", pero éste puede suponerle al Estado unos dos millones de euros al año, nada menos.

Por otra parte, se pretende dar respuesta a la exigencia de la Comisión de Cultura de la UE para crear la Biblioteca Digital Europea, que consistirá en un portal de Internet multilingöe que permita el acceso en un único punto a todos los recursos digitales de las instituciones culturales. Para finales de 2006, colaborarán plenamente en la Biblioteca Digital Europea las bibliotecas nacionales de la UE. En años posteriores, archivos y museos se incorporarán a esa colaboración. Para 2008, se pretende que dos millones de libros, películas, fotos, manuscritos y otros bienes culturales serán accesibles y que en 2010 se superen los 6 millones.